La jueza Susan Braden, del Tribunal de Reclamaciones Federales en Washington, no desestimó una demanda de un grupo de bonistas al Gobierno de Estados Unidos, en la que alegan que este es también responsable de la deuda de Puerto Rico.
Esta decisión contrasta con la de la jueza federal que ve los casos de Título III de la Isla, Laura Taylor Swain. La decisión de la jueza Laura Taylor Swain en el caso del fondo de inversión Aurelius Investment, en el que determinó que el poder que tiene el Congreso sobre los territorios le permite pasarlos a la Junta de Control Fiscal (JCF).
El abogado experto en quiebras John Mudd opinó a través de su cuenta de Twitter que “con la decisión de la Juez Branden, ahora tenemos dos decisiones opuestas que pueden llevar a dos decisiones opuestas de dos circuitos distintos, el Circuito Federal y el Primer Circuito”.
“El caso arriba mencionado se mantiene al menos hasta que se ingrese una decisión y un juicio final en cada uno de los casos mencionados anteriormente. Además, se les ordena a las partes que presenten un informe de estado conjunto dentro de los treinta días posteriores a que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico emita una decisión y un fallo definitivo en cada uno de esos casos”, decidió la jueza Braden.
Decisión de Swain podría ser antesala a desestimación de demandas
Mientras, el abogado Phillip Escoriaza, opinó que la reciente decisión de Swain podría ser un indicio de que el próximo 25 de julio en la vista ómibus podría desestimar las demandas entabladas por el Gobierno y la Legislatura.
“Esta decisión, basándome en ella, da a pensar que la jueza se está inclinando a desestimar la demanda del Gobierno de Puerto Rico y la demanda de la Legislatura en la medida en que esas demandas argumentan que la Junta de Control Fiscal (JCF) de alguna manera al aprobar los planes fiscales se está excediendo de sus poderes”, opinó el también analista político.
De igual forma, Escoriaza indicó que “si resumimos la decisión de la jueza sobre la demanda de Aurelius ella ha dicho que la Junta de Supervisión, el Congreso la crea bajo la cláusula territorial y que al descargar esa autoridad indelegable que tiene el Congreso de administrar los territorios, puede de vez en cuando otorgarle poderes ejecutivos y legislativos a los territorios para su propio gobierno como de la misma manera se los puede retirar. Y la JCF no es otra cosa que el ejercicio del Congreso de redistribuir esos fragmentos de poder local que el Congreso ha repartido durante décadas, de manera que se pueda ejecutar la Ley Promesa”.
Posibles consecuencias
Escoriaza expuso que, de Swain desestimar las demandas, se podrían afectar decisiones futuras, como el plan de ajuste del Gobierno y las instrumentalidades. “Las decisiones grandes que vienen por ahí, el plan de ajuste cuando sea que se someta, lo certifica la Junta de Supervisión Fiscal, de que cumple con los planes fiscales que la Junta apruebe. Y el Gobierno no tiene poder en el tribunal de quejarse de ese plan de ajuste, no tiene la capacidad de detenerlo”, concluyó.
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