La Universidad de Puerto Rico (UPR) generó unos $20 millones, durante el pasado año fiscal 2017-2018, en contratos de servicio y adiestramiento a las agencias y entidades del Gobierno de Puerto Rico.
“Tenemos cerca de 100 acuerdos firmados con agencias de gobierno y entidades para un total de aproximadamente $20 millones, incluyendo los de OATRH”, apuntó el licenciado Walter Alomar, presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, en exclusiva con Metro. “Ya están corriendo, se están ofreciendo los servicios”, aseguró. Esa cifra total se divide en dos grupos: $10 millones en contratos de adiestramiento coordinados con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), y $10 millones en contratos de servicios.
Estos acuerdos surgen como parte de la orden ejecutiva 021 que firmó el gobernador en febrero del pasado año, con el propósito de que las agencias de la Rama Ejecutiva establezcan acuerdos con la UPR para el adiestramiento de empleados públicos y la prestación de otros servicios, para de este modo allegar fondos a la institución. Para el año fiscal corriente, indicó Alomar, ya hay aproximadamente $20 millones presupuestados que entrarán a las arcas de la UPR, en adiestramientos coordinados con la OATRH.
“Ahora faltaría continuar con nuestros esfuerzos de ir a las agencias y renovar todos estos contratos de servicio, que el año pasado fueron $10 (millones), pero que queremos aumentar a $20, $30 millones”, expresó el presidente de la Junta.
Alomar adelantó que, para el año fiscal en curso, ha discutido varias estrategias con el nuevo presidente, Jorge Haddock —quien entra en funciones en septiembre–, entre ellas conformar un equipo dedicado exclusivamente a coordinar todos los esfuerzos que haya de los recintos del sistema para contrataciones de servicio con las agencias de gobierno.
“Hemos estado hablando con todos los recintos, les hemos hablado de nuestra visión de que la Universidad de Puerto Rico tiene que ser más activa, tiene que generar sus propios fondos. La UPR cuenta con profesores de alta calidad, con estudiantes (de alta calidad)”, continuó, al tiempo que dijo que los rectores, las unidades del sistema universitario y los profesores han estado muy activos redactando propuestas y presentándolas a diferentes agencias y entidades.
A pesar de que este medio solicitó la totalidad de los acuerdos entre la UPR y el Gobierno, esta no fue provista.
Cifras aún por debajo de lo proyectado
Pero si bien la UPR está generando fondos —por un lado—, en virtud de la orden ejecutiva, la cifra alcanzada está aún lejos de alcanzar la meta que prometió el gobernador incluso antes de llegar a La Fortaleza.
Ante la inminente reducción de asignaciones presupuestarias provenientes del erario público, en septiembre de 2016, el entonces candidato a La Fortaleza prometió —en una entrevista exclusiva con Metro— destinar de $250 a $450 millones a la institución. Esta cifra fue reafirmada en un comunicado de prensa que envió La Fortaleza el mismo día que el primer mandatario firmó la orden ejecutiva el año pasado, detallando que la cuantía es el gasto del Estado en contrataciones externas.
Luego de firmada la orden ejecutiva, Rosselló expuso en una carta enviada a la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre alternativas para contrarrestar los recortes en la UPR, que el Departamento de Educación (DE) retendría los servicios de la UPR “para proporcionar tanto entrenamientos a los maestros como también clases particulares para los estudiantes”, hecho que supondría $20 millones anuales.
Asimismo, dijo que los municipios tendrían los adiestramientos técnicos, similares a los que la UPR ofrece al Gobierno central, para allegar a la UPR $30 millones para el año fiscal 2018. Esto sumaría al menos $50 millones en el año fiscal corriente, pero lo que hay presupuestado hasta el momento, según la administración Central de la UPR, es $20 millones.
“Según los estimados, en estos próximos cinco, seis años, debemos estar rondando los $250, $300 millones”, dijo Alomar, en referencia a los contratos de este tipo con agencias de gobierno.
Respecto a los contratos que ya se firmaron con el DE para adiestramiento de maestros, Alomar destacó tres: $1.7 millones para el Recinto de Río Piedras, $2.1 millones para la UPR en Cayey y $562 mil para la UPR en Arecibo. Los contratos entre el DE y los recintos para adiestramientos también se han llevado en el pasado. Sobre este tipo de acuerdos en particular, la Contraloría de Puerto Rico reveló, a finales de junio, en un informe, que funcionarios de la UPR en Arecibo y empleados de los hoteles en donde se llevaron a cabo talleres de educación continua se pusieron de acuerdo para ocultar gastos incidentales e indebidos por $35,603, en hechos ocurridos entre 2010 y 2013.
En mayo de 2017, los fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente radicaron 63 cargos contra el entonces rector de la UPR de Arecibo y su hijo, la coordinadora del proyecto Crece 21, la ayudante especial del entonces presidente de la UPR y el entonces rector de la UPR en Cayey.
Sobre este tipo de acciones, el presidente de la JG apuntó que “cada recinto tiene sus mecanismos de detección, más nosotros tenemos en la Junta de Gobierno la oficina de auditoría interna, que es el brazo que la Junta tiene para hacer auditorías en todas las unidades y en todos los sistemas, así que nosotros vamos a continuar ese trabajo, vamos a estar supervisando todo este tipo de actividades para que esto no ocurra”.
“Que ocurra este desvío de fondos o malversación de fondos daña la reputación de estos programas, causa una falta de confianza en el sistema, así que nosotros, el equipo de trabajo con los rectores, con los profesores en la UPR, vamos a trabajar para que no ocurra, y si ocurrió en el pasado, nosotros lo reprochamos”, sostuvo.
Alomar también mencionó un acuerdo entre el Centro de Innovación y Tecnología Agro-Industrial (CITAI) del Recinto de Mayagüez y Puerto Rico Industrial Development Company (PRIDCO), por la suma de $215 mil, para servicios a las nuevas empresas que tienen que ver con alimentos, como certificaciones y cursos de empresarismo.
“No hay duda de que es un win-win situation. Las agencias del gobierno ahora también tiene un presupuesto más limitado y los servicios y los profesionales que tiene la universidad de Puerto Rico son excelentes y, probablemente, a un costo más razonable de lo que sería una empresa privada”, reiteró.
Los recortes que propone el plan fiscal de la UPR certificado por la JCF ascienden a $450 millones en seis años, pero el presidente de la JG aseguró que hay otras estrategias encaminadas para allegar fondos.
“Estamos abiertos a hacer contratos de servicio no solamente con el Gobierno, sino también con la industria privada para que se pueda desarrollar tecnología, para que se desarrolle propiedad intelectual que se pueda comercializar”, puntualizó.
Agencias de gobierno deben dinero a la UPR
De otra parte, Alomar confirmó que las agencias de gobierno adeudan cerca de $27 millones a la UPR, por servicios prestados no pagados, según lo evidencia el estado financiero auditado del año 2016. Es decir, que la cifra no incluye las deudas que pudieran haberse generado en el año fiscal 2017.
“Planeamos tomar las medidas para hacer el cobro pertinente”, aseguró Alomar. “La UPR, en una situación donde tenemos que maximizar sus recursos, nosotros vamos a tomar las medidas para hacer el cobro de esa deuda. Y entendemos que el Gobierno de Puerto Rico —y no nos cabe duda— va a ayudarnos en hacer ese reclamo y cobrar esas deudas”, señaló. El presidente de la JG no pudo ofrecer detalles sobre qué agencias le adeudan dinero a la UPR, dado que, según dijo, no contaba con el desglose de la información.
