La jueza Laura Taylor Swain se reservó la decisión sobre las demandas del Gobierno y la Asamblea Legislativa a la Junta de Control Fiscal (JCF) en torno al presupuesto que utilizará el país para el año fiscal 2019, así como los poderes que tiene el ente creado por la Ley Promesa.
La jueza federal encargada de los casos de Título III de Puerto Rico, expuso que espera emitir su decisión lo más pronto posible, tras escuchar los argumentos orales de los abogados de la Junta, el Gobierno, de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico. Allí las partes debatieron el poder del ente creado por la Ley Promesa de ofrecer recomendaciones versus dictar la política pública del país.
En la vista estuvo presente uno de los miembros de la JCF, David González.
Pendiente el Gobierno de la decisión
Mientras, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, indicó que quedan a la espera de la decisión de Swain, a la vez que criticó el estatus de la isla.
“El Gobierno de Puerto Rico expuso su postura dentro de las limitaciones de un estatus colonial como el Estado Libre Asociado (ELA). Irónicamente, la vista se celebra el mismo día de la conmemoración del ELA, lo que acentúa nuestro estatus indigno. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares continúa trabajando para resolver los problemas de Puerto Rico y para buscar la igualdad que solo tendremos con la estadidad. En tanto, estaremos pendientes a la decisión de la jueza Swain”.
El abogado experto en quiebras, John Mudd, opinó que espera que la decisión de Swain se dé esta misma semana, debido a la necesidad de resolver el caso, cuyo año fiscal comenzó el pasado 1.o de julio.
En la tarde de ayer, los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) junto con 15 alcaldes presentaron también su demanda contra la Junta.
El pasado 5 de julio, el Gobierno de Puerto Rico presentó la demanda contra la Junta de Control Fiscal (JCF) en la que solicitaba a Swain que determinara quién tiene el poder sobre la política pública en la isla, esto luego de que la Junta certificara su propio presupuesto al no derogarse la Ley 80.
Piden transparencia
Temprano en la mañana, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda realizó lo que llamó una protesta simbólica, en la que pidieron más transparencia en la entrega de documentos. Eva Prado, portavoz del grupo, dijo a Metro que han recaudado $27,000 para sus trabajos de auditoría y que han enfrentado problemas para recibir información por parte del Banco Gubernamental de Fomento.
“Con el anuncio de la presentación del informe sobre la investigación realizada por la Junta de Control Fiscal y la firma Kobre & Kim, se nos dice que será muy limitado el acceso a la información y a los documentos recopilados. Ni siquiera hay garantía de que el pueblo tenga acceso al informe si la Junta no lo aprueba. Es lamentable que la Junta no solo se niegue a hacer una auditoría, sino que insista en hacer imposible el acceso a la información sobre esta”, denunció en una comunicación escrita Roberto Pagán Rodríguez, líder sindical y presidente de la Comisión para la Auditoría Ciudadana de la Deuda.
