La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, confirmó hoy que llevará hasta el máximo foro judicial del país el caso del inspector Heriberto Pagán Concepción expulsado de la Policía Municipal de San Juan por enviar a sus subalternos a través de WhatsAAp un mensaje de índole sexual.
El incidente ocurrió el 8 de marzo de 2017, precisamente cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y la sanción surgió como resultado de la denuncia de una oficial del cuerpo policial municipal añadida al grupo de 22 personas de la red social creado el 15 de agosto de 2016.
Pagán Concepción remitió el Día Internacional de la Mujer un vídeo de una mujer semidesnuda, con movimientos saltarines de sus senos al descubierto, lo que generó una querella en su contra, y como defensa argumentó que se trataba de un chat para adultos y que era privado, que no tenía uso para fines laborales, aunque de vez en cuando lo utilizaba para citar a sus compañeros a reuniones.
La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), que tenía jurisdicción en el asunto, determinó que se violó la disposición reglamentaria A (44), consistente en observar una conducta lesiva, inmoral o desordenada en detrimento de la Policía Municipal, a la vez que concluyó que “no había una situación de quid pro quo ni de ambiente hostil; por lo que nunca hubo ninguno de los elementos de hostigamiento sexual” contra la agente.
La SIPA reconoció que, al enviar un vídeo de carácter sexual a través de la red social, se violó “la falta grave A (44)”, aparte de que aunque se trataba de un grupo privado , el inspector Pagán Concepción, con 31 años de servicio, “observó una conducta desordenada en detrimento de la Policía Municipal de San Juan”.
“No importa si el grupo era privado y el apelante se encontraba franco de servicio… un policía municipal de San Juan no deja de ser policía municipal, (por lo que) el vídeo de una mujer con los senos al aire bailando y moviendo los mismos fue uno suficientemente ofensivo”, resumió el organismo apelativo.
A pesar de esto, su conclusión fue que “una medida disciplinaria de destitución no es la apropiada”, porque aunque incurrió “en conducta desordenada” no así en hostigamiento sexual y la única que se quejó fue la oficial querellante.
Ante esto, la SIPA declaró con lugar la apelación de Pagán Concepción y modificó, el 14 de septiembre de 2017, la medida disciplinaria de destitución tomada por el entonces comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Guillermo Calixto Rodríguez, por “una medida disciplinaria de 90 días de suspensión de empleo y sueldo”.
Posteriormente, Pagán Concepción presentó un mandamus en el Tribunal Superior en San Juan para que el municipio capitalino cumpliera con la resolución del foro administrativo.
La jueza Lauracelis Roques Arroyo falló el pasado 31 de julio de este año para que la parte demandada ejerza “estricto cumplimiento” con lo dispuesto por la CIPA del 14 de septiembre de 2017.
La alcaldesa Cruz Soto fue tajante al sostener que recurrirá el fallo hasta el Tribunal Supremo.
“La CIPA admite que el vídeo mancha a la reputación de la policía y el municipio de San Juan con este incidente que se produjo en medio del juicio del alcalde Héctor O’Neill. Como pasó una sola vez, el municipio tiene que recibirlo y limitarlo a 90 días de suspensión. Perdimos con el mandamus, pero yo voy a seguir hasta el Tribunal Supremo. Que sea la corte que obliga a la alcaldesa de San Juan”, dijo Cruz Soto.
Reclamó que, “o respetamos a las mujeres o no la respetamos; o enfrenta a los hostigadores. La corte me va a tener que decir a mí que una vez no es malo”, recalcó.
