Los altos costos energéticos impiden el desarrollo económico de Puerto Rico y gravan innecesariamente las finanzas de las familias puertorriqueñas. Por un lado, la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de más de 1.3 millones de abonados residenciales se ha convertido en una segunda hipoteca. Por el otro, el costo energético estrangula la capacidad financiera de todo tipo de negocio, desde el mas grande hasta el mas pequeño, y día a día provoca el despido de miles de puertorriqueños y hasta el cierre de centros de trabajo.
Hoy, sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que vivimos el momento más crítico de la historia energética de Puerto Rico ante la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos por legislación y la reglamentación, tanto federal como estatal, relacionadas con la salud y la protección ambiental. Incumplir con dichos requisitos no solo afectaría la calidad ambiental y la salud de los puertorriqueños, sino que, además, provocaría un continuo incremento adicional en el costo de la energía.
No importa el día ni la hora, la reducción de los costos de energía domina los temas de discusión donde quiera que vamos. En muchos casos, la discusión se centra en los méritos de permitir que el sector privado entre en la producción de energía en aras de atender un problema que nos afecta a todos. Como parte de esa discusión sobre el rol del sector privado en el tema energético, hay que reconocer que ha sido bajo administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) que se han desarrollado las primeras iniciativas de gas natural, carbón y energía renovable con alianzas entre la AEE y el sector privado, modelo que ha demostrado ser exitoso.
La administración de la AEE, ahora bajo el mando del ingeniero José Ortiz, aparenta haber llegado a marcar el paso presentando lo que ha expuesto como su plan estratégico para dicha corporación publica. Las soluciones presentadas, dirigidas a atender el alto costo de la energía eléctrica, incluyen alternativas de fácil implementación, que pretenden atraer inversión privada, nos mueven hacia fuentes de energía renovable y limpia, y, a su vez, garantizan una reducción en los costos de energía para todos.
Específicamente, Ortiz ha propuesto (1) la culminación del proyecto de construcción del nuevo terminal de gas natural y la conversión del complejo generatriz en Aguirre; (2) convenios con el sector privado para viabilizar la inversión de capital del que el Gobierno carece; y (3) la agilización de los proyectos de energía renovable ya acordados y la viabilización de nuevos proyectos sin intervención gubernamental innecesaria.
Si algo ha quedado claro para todo Puerto Rico es que el no actuar pone en riesgo el desarrollo económico de la isla y la salud de nuestra gente. Las soluciones han sido presentadas y deben ser adoptadas con carácter de urgencia. Esperamos que el equipo conformado por Ortiz, como director ejecutivo, y Elí Díaz, como presidente de la Junta, viabilicen todos estos proyectos en beneficio de todos los puertorriqueños.
