El Gobierno ya inició conversaciones con la Junta de Control Fiscal (JCF) y sus distintos grupos de trabajo a fin de discutir la reapropiación de las partidas del presupuesto, informó el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino.
El también representante del Gobierno ante el ente creado por la Ley Promesa expuso que también trabajan con la revisión del plan fiscal.
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“Se han tenido discusiones para revisiones del presupuesto de agencias particulares, como la Comisión de Energía, la Oficina del FEI, el Departamento de Energía y el Departamento de Seguridad Pública. Además, se han sostenido varias sesiones con grupos de trabajo de implementación del plan fiscal donde se ha discutido el presupuesto. Las revisiones de presupuesto a gran escala anticipamos que serán parte del proceso de revisión de plan fiscal”, indicó Sobrino a Metro en una declaración escrita.
El pasado jueves, la directora ejecutiva de la Junta de Control, Natalie Jaresko, manifestó que ningún jefe de agencia había contactado a la Junta tras la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain sobre el presupuesto que estará vigente en este año fiscal 2019.
BGF al Título VI
Por otro lado, la AAFAF radicó el primer Título VI de la Ley Promesa, para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
El viernes, la agencia radicó la solicitud del Título VI en el tribunal federal. Este título de la Ley Promesa permite las negociaciones colectivas con los acreedores fuera del tribunal.
Tras el acuerdo que está en proceso, recientemente el BGF anunció el comienzo de la solicitud de votos que busca que los acreedores aprueben la modificación cualificada previamente anunciada del BGF conforme al Título VI. Asimismo, se indicó que la solicitud y la fecha límite para votar vencen el 12 de septiembre de 2018 a las 5:00 p. m., hora de la Ciudad de Nueva York.
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PNP cuestiona razones económicas de Ferrer a favor de los bonistas
El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera, puso en entredicho las razones económicas del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, para defender a los bonistas.
El cuestionamiento surge después que el dirigente del PPD alegadamente hiciera admisión de que trabajó con una firma de relaciones públicas encargada de la campaña de algunos acreedores del Gobierno de Puerto Rico. “Nos sorprendió grandemente cuando el presidente del PPD cuestionó los acuerdos con los acreedores”, expuso Rivera. ins
