El municipio de Arroyo mantiene limitado el acceso del público al balneario Punta Guilarte a consecuencia de un convenio con Cobra Energy, compañía que utiliza los predios del lugar para guardar sus herramientas y medios de transporte sin pagar una tarifa por almacenamiento.
Punta Guilarte, además, está custodiado por una empresa de seguridad que le cuesta miles de dólares al ayuntamiento. Esta firma, precisamente, es la que vigila el paso de los ciudadanos a la playa, un bien considerado público por varias leyes, así como por nuestra Constitución en su Sección 19 del Artículo VI.
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La situación, denunciada a Metro por varios ciudadanos, fue confirmada por el alcalde Eric Bachier, quien esta semana entró en una controversia con Cobra Energy porque la empresa no paga impuestos municipales a pesar de tener contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica ascendentes a más de $900 millones por sus trabajos de reparación tras el paso del huracán María.
“Está dividida entre varios sectores. Lo que es el balneario como tal, están las cabañas y las villas. En el balneario como tal, en el estacionamiento, es que está guardada toda la mecánica y los materiales que tiene Cobra [Energy]. A esa área se está limitando el acceso a la gente”, explicó Bachier en entrevista con este periódico.
Los ciudadanos —como indicaron las fuentes de este diario, y admitió el mandatario— solo pueden acceder a un área de Punta Guilarte, en donde se encuentra un negocio privado conocido como el Tiki Bar.
Pero según Bachier, su administración no tan solo restringió el acceso al público porque Cobra Energy usa las instalaciones de Punta Guilarte, sino porque el balneario quedó en mal estado luego del paso del huracán María. De acuerdo con el alcalde, las cabañas, los baños y las duchas del espacio recreativo están inservibles. “No me gustaría que la gente se llevara una mala experiencia o preocupación si entra en las facilidades”, contó.
No obstante, a pesar de su descripción sobre la infraestructura de Punta Guilarte, aceptó que los empleados de Cobra Energy usan las instalaciones y arrendaron el área de las villas (que no fueron afectadas por el ciclón) para no tener que viajar largas distancias cuando laboran en la región.
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“De cierta manera, se les autorizó a usar el patio para guardar sus herramientas viendo que teníamos el beneficio económico del arrendamiento de todas las villas, que eso nunca pasa. Tener todas las villas rentadas siete días a la semana”, admitió Bachier.
El “negocio”, afirmó el mandatario arroyano, también fue establecido con la intención de ayudar en el restablecimiento de la energía eléctrica en la región. “La prioridad era ayudar para que tuviéramos todos los recursos para la recuperación, porque lo malo de esta región es que no hay hospedería”, soltó.
Bachier indicó que Cobra Energy utilizó un intermediario para lograr el acuerdo, así que no fue directamente con el municipio. Quien estableció el contacto fue una persona a quien el alcalde identificó en más de una ocasión como “Ariel Misla”.
“El contrato con ellos era hasta el 14 de agosto, pero realmente no estuvieron todas las villas ocupadas. Aunque nos pagaban todas las villas, realmente lo que tenían era como 4 o 5 villas nada más, y nosotros teníamos opción de alquilar el resto. No fue Cobra [Energy] directamente. Cobra [Energy] contrató a este intermediario, que creo que el dueño de esta compañía se llama Ariel Misla, que es el que les hace el proceso de hospedería”, sentenció.
Metro no encontró en el registro de contratos de la Oficina del Contralor (OC) ningún acuerdo entre un contratista relacionado con el nombre Ariel Misla y el municipio de Arroyo.
Miles invertidos en seguridad
Empero, este diario constató en la OC que, aunque el balneario está parcialmente cerrado, el ayuntamiento pagó del 1.o de julio de 2017 hasta el 30 junio de 2018 unos $107,720 por concepto de seguridad.
Para el nuevo año fiscal, entre el 1.o de agosto de 2018 y el 31 de enero de 2019, Bachier renovó el contrato con la firma Extreme Security Corp. por $54,304.
Cobra Energy, que está en las instalaciones desde noviembre de 2017, tiene su propia seguridad “para las herramientas”, pero es la empresa contratada por la ciudad la que vela por la entrada y salida del lugar, reconoció Bachier.
Acepta la posibilidad de usar la playa
Ante preguntas de Metro, el ejecutivo aceptó que podría establecer una estrategia para ofrecerle a la población acceso a la costa, pero protegiéndola del estado de la infraestructura del lugar.
