Los datos ofrecidos por la Policía de Puerto Rico sobre el aumento o la reducción en el crimen y cómo actúan para detener el flujo de drogas en la calle nos dan un vistazo sobre su actuar en sus labores, pero los números no divulgados, aunque existentes, de las querellas administrativas permiten conocer cómo se comportan internamente los oficiales y empleados de la Uniformada.
Las estadísticas detallan las causales de las quejas que son radicadas por miembros del orden público, empleados civiles, ciudadanos o personas anónimas contra personal y agentes de la Policía.
Parte de lo que detalla el último Informe Global 2018, preparado por la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional (SARP) y corriente hasta julio, son 50 querellas por violencia doméstica.
También resalta que, del total de 1,011 que se han presentado, solo 418 (41 %) se han investigado.
Pero, a juicio de Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro 0 —organización que impulsa el monitoreo ciudadano en el uso de la fuerza de la Policía— el desglose no ofrece información útil, como los nombres de los agresores.
“Esto es, precisamente, una de las partes que —bajo la Reforma [de la Policía]— tienen que arreglar, porque es el mecanismo interno de rendición de cuentas”, apuntó.
Y para agrandar la preocupación, Narváez dijo que la Uniformada tampoco está cumpliendo con el desarrollo del Sistema de Intervención Temprana (EIS, en inglés), proceso utilizado para tomar acción contra un oficial o empleado antes de que repita una violación.
“Cuando no se toman medidas disciplinarias a tiempo contra un policía que demuestra violación de derechos, eso se va acumulando —como no hay consecuencias y sus actos no encuentran resistencia— hasta incubar un futuro violador de derechos civiles más serio”, comentó la también columnista.
Preocupa la violencia doméstica
En estas reclamaciones, en las que 47 de las querellas han sido presentadas por mujeres y solo se han investigado 20 en lo que va de año, no hay un panorama esperanzador si lo comparamos con los números del año pasado, ofrecidos por el monitor federal, Arnaldo Claudio, en su último informe sobre el cumplimiento con la Reforma Policiaca.
Claudio expuso que la Policía recibió 99 querellas administrativas de este caso, pero que ningún agresor fue sentenciado.
“¿Cómo se supone que vayamos a la Policía a exigir derechos cuando sabemos que hay hasta 100 policías que pueden haber sido agresores y que son personas que están armadas?”, cuestionó, finalmente, Narváez.
Karixia Ortiz, portavoz del Departamento de Seguridad Pública (DSP), dijo que la reducción en la investigación de querellas de este tipo es porque se está esperando por las conclusiones en el ámbito criminal.
