La ineficiencia de las agencias de seguridad y salud del Gobierno de Puerto Rico respecto a informar sobre cómo los médicos debían completar los certificados de defunción después de un desastre natural, así como la falta de preparación de la clase médica de la isla, quedaron evidenciadas por la Universidad de George Washington como obstáculos en el registro de muertes relacionadas directa o indirectamente con el huracán María.
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“Según entrevistas con personal de agencias gubernamentales en Puerto Rico, en el momento del huracán, ni el Departamento de Seguridad Pública (DPS) ni la Oficina Central de Comunicaciones en la Oficina del Gobernador, había escrito planes de comunicación ante riesgos de crisis y emergencia”, apunta entre sus conclusiones la primera fase del estudio realizado por el Instituto Milken de la Escuela de Salud Pública de la George Washington University. , subvencionado por el Gobierno de Puerto Rico.
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Asimismo, el informe señala que “la Oficina de Preparación y Respuesta ante Emergencias del Departamento de Salud tenía un plan de emergencia obsoleto, incluidos los anexos para riesgos de comunicación en emergencias y manejo de fatalidades en masa”.
“Los planes de emergencia de la agencia que estaban en su lugar no fueron diseñados para huracanes mayores de categoría 1”, sostiene el documento de 69 páginas. Dicho informe estima en 2,975 las muertes relacionadas de forma directa o indirecta con el paso del huracán y sus secuelas. Aunque la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico tenía conocimiento sobre esta información desde el lunes, el documento salió a la luz pública luego de que fuera reseñado por el medio estadounidense CBS News, obligando a Fortaleza a convocar una conferencia de prensa en la que se abordó el contenido del estudio.
Los investigadores no solo concluyeron que las agencias gubernamentales pertinentes fueron deficientes en la coordinación de la comunicación sobre mortalidad luego del huracán, sino desde antes de su paso el 20 de septiembre de 2017. De igual modo, señala la preparación ineficiente de la clase médica de Puerto Rico sobre cómo completar correctamente un certificado de defunción tras un evento catastrófico como lo fue María.
“Nuestro estudio muestra que la falta de conciencia de los médicos sobre las prácticas apropiadas de certificación de defunción después un desastre natural y la falta de comunicación del Gobierno de Puerto Rico de informar sobre el certificado de defunción antes de la temporada de huracanes de 2017 limitó el recuento de las muertes que se informaron como relacionadas con el huracán María”, apuntan los investigadores en el estudio.
“Nuestra investigación identificó la implementación de campañas públicas de información antes del huracán con mensajes de seguridad y salud pública, pero los mensajes no prepararon adecuadamente a las comunidades puertorriqueñas para un desastre natural catastrófico”, puntualiza el estudio.
El documento hace hincapié en que, en Puerto Rico, los individuos autorizados a completar los certificados de defunción incluyen médicos y médicos forenses, pero aunque están autorizados, la mayoría de ellos no recibe una educación formal sobre cómo completar un certificado de defunción, en particular luego de un desastre o evento catastrófico.
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“Cuando se les preguntó (a los médicos) sobre las guías del CDC que circuló la PRVSR (Registro Demográfico) después del huracán, que recomienda a los médicos completar una sección en el certificado de defunción con información u otras condiciones que contribuyeron a la muerte, entrevistados indicaron confusión persistente sobre las guías, mientras que otros expresaron renuencia a relacionar las muertes con huracanes debido a la preocupación sobre la subjetividad de esta determinación y sobre la responsabilidad”, sostiene el análisis.
Lo anterior también confirma lo que en una entrevista previa con Metro y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) había reconocido la directora ejecutiva del Registro Demográfico, Wanda Llovet, que no fue hasta el 2 de octubre que dicha división del DS hizo un llamado limitado sobre cómo completar adecuadamente un certificado de defunción tras un desastre.
“Nosotros enviamos un documento que se llama Completion of Death Certificates in the Aftermath of a Hurricane, lo mandamos a la Asociación de Hospitales y a la Asociación de Funerarios para que ellos, entonces, se encargaran de orientar a su matrícula con relación a cómo documentar el certificado de defunción cuando ocurre un evento como el huracán”, añadió.
Llovet se refiere a un correo electrónico que envió con un documento adjunto del National Center for Health Statistics (NCHS), adscrito al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), con instrucciones generales para documentar el certificado de defunción para muertes relacionadas con un huracán. El documento, como había reportado el CPI, tiene apenas tres oraciones específicas sobre cómo llenar los certificados de defunción y ejemplos aislados de certificados.
En el correo enviado unos 12 días después del huracán, el Registro no instruye sobre cómo llenar adecuadamente el encasillado número 25 de un certificado de defunción en caso de que haya sospecha o certeza de que la muerte estuvo relacionada con el huracán.
Pero las conclusiones del estudio de la Universidad de George Washington no terminan ahí. También señalan la falta de un plan de comunicación interagencial respecto a la información sobre mortalidad.
“El liderato entrevistado de la agencia del Gobierno de Puerto Rico no identificó protocolos formales para la coordinación y despacho de informes de mortalidad entre el DSP y el Departamento de Salud en el momento del huracán”, sostiene el documento.
Tampoco hubo entrenamientos de comunicación adecuados ante crisis y desastres, y se identificó falta de personal y de una estructura formal para comunicación en medio de desastre.
Ausencia de plan de comunicación acrecentó peligros de la ciudadanía
Asimismo, a partir de las entrevistas realizadas por los investigadores se concluyó que los planes de contingencia de comunicación que utilizaron las agencias pertinentes del Gobierno de Puerto Rico no estaban preparados para anticipar múltiples fallas en cascada de la infraestructura crítica, entiéndase de electricidad y comunicación, dando paso a consecuencias fatales para la ciudadanía. La ausencia de un plan de contingencia eficaz limitó que llegara a las comunidades información vital sobre la vigilancia de enfermedades.
“El Gobierno central no estaba preparado para utilizar canales de comunicación alternativos para vigilancia de la salud y la mortalidad, difusión de información de salud pública y coordinación con las comunidades, incluidas la radio y comunicación interpersonal”, apunta el estudio, añadiendo que esto contribuyó a que se retrasara la información disponible y que se difundiera información inconsistente a la ciudadanía.
“Además, había lagunas en la información proporcionada por el Gobierno de Puerto Rico, incluida la explicación limitada del proceso de certificación de defunción, distinguiendo entre muertes directas e indirectas”, sostiene el informe.
Ante la posibilidad que enfrenta cada año Puerto Rico, de recibir el impacto de huracanes o fenómenos atmosféricos, los investigadores del Instituto Milken puntualizaron entre sus recomendaciones al Gobierno de Puerto Rico la importancia de tener un proceso de vigilancia de mortalidad institucional confiable y resistente que proporcione evidencia precisa durante desastres naturales, como un elemento indispensable para establecer la magnitud del impacto del desastre.
También sostuvo que esto es necesario para que se identifiquen las áreas y los grupos de mayor riesgo, se monitoree el desempeño en términos de protección y prevención de la salud pública, y se informe la formulación de políticas públicas.
Asimismo, contrario a la determinación del gobernador Ricardo Rosselló —cuando en enero ordenó al DSP la coordinación de la revisión de las muertes—, el estudio recomienda establecer un liderazgo claro del Departamento de Salud en la vigilancia de la mortalidad y el desarrollo de capacidades del personal médico respecto a la certificación de defunción.
Del mismo modo, sostiene que el Gobierno estatal debe asegurar la disponibilidad del personal completo y capacidad profesional en el Registro Demográfico y el Negociado de Ciencias Forenses.
El estudio encontró que, si bien todos los grupos de edad y estratos sociales fueron afectados por el huracán, el riesgo de muerte fue “45 % más alto y persistente hasta el final del período de estudio para las poblaciones que viven en municipios de bajo desarrollo socioeconómico”.
Del análisis también se desprende que los hombres de 65 años o más tenían un mayor riesgo de muerte hasta febrero, al final del período de estudio.
“En general, estimamos que el 40 % de los municipios experimentaron una mortalidad significativamente más alta en el período de estudio que en el período comparable de los dos años anteriores”, señala el informe.
¿Puede usar como excusa el Gobierno de Puerto Rico el hecho de que durante nueve décadas no azotaba a la isla un huracán de la magnitud de María?
Por: Jose Aristimuño – estratega demócrata y presidente de la consultora NOW Strategies
No, no hay excusa. Que han llegado huracanes a Puerto Rico, han llegado, que no han llegado de esta magnitud, ok, lo entiendo, pero eso no importa. Sabemos que las probabilidades existen y hay que hacerlo. Imagínate que Florida diga: “Es que no sabíamos que venía un huracán categoría cinco porque no hemos tenido un huracán categoría cinco en tres años, cinco años, 20 años”.
No, no hay excusa. Sabemos que es una isla que está ubicada en un ruta huracanada y no hay excusa. Tenemos que estar preparados, hemos tenido el tiempo para hacerlo. Puerto Rico tiene muchas cosas que mejorar. El plan de contingencia, el plan de preparación que tenían, una ejecución para un (huracán) categoría uno. ¿Cómo es posible en una isla que reconoce que tiene amenazas todos los años? La comunicación en ese tipo de emergencias es clave. La responsabilidad sin duda recae en el Gobierno de Puerto Rico, pero más aún recae en la administración de Trump.
