La Arquidiócesis de San Juan, la cual se encuentra en medio de un pleito legal donde ordenaron el embargo de las cuentas de la Iglesia Católica para el pago de unas pensiones de maestros, se acogió a la Ley de Quiebra federal.
Según Miriam Ramos, secretaria de actas, declaró por escrito que el monseñor Roberto González y el Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores del Arzobispado, apoyaron de forma unánime radicar la petición, esto luego de que se les orientara sobre sus implicaciones el pasado sábado, 25 de agosto, dos días después de que el Tribunal ordenara el embargo.
La licenciada Carmen D. Conde Torres y su bufete C. Conde and Assoc. serán los encargados de los trámites de la petición bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebra.
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