La Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado realizó hoy una extensa vista pública de más de siete horas en la que representantes del ejecutivo, empresas privadas y otros proponentes presentaron sus recomendaciones sobre lo que debe contener el marco regulatorio requerido para la venta, disposición y transferencia de activos, operaciones y funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
A diferencia de lo que suele ser la tradición (radicar la pieza legislativa y luego realizar vistas públicas) en esta ocasión el presidente de la Comisión, Larry Seilhamer Rodríguez y el senador Eduardo Bhatia, condujeron la vista pública para luego, con las recomendaciones de los expertos, presentarles el borrador del marco regulatorio que será llevado a votación en ambas Cámaras legislativas.
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“Nosotros no queremos ni un monopolio de combustible ni un monopolio de proveedores”, sentenció Seilhamer al destacar la importancia del marco regulatorio para proveer la inversión privada “en igualdad de condiciones”.
Mientras, el senador Bhatia Gautier opinó que el marco regulatorio que apruebe la Legislatura “debe tener un itinerario claro que incluya un face in y un face out (de porcentajes de energía) en el proceso de aumentar la energía renovable en Puerto Rico”.
Entre los ejecutivos de Fortaleza, se expresaron el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, el presidente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy.
En su turno, Ortiz destacó que como parte del modelo económico de la Autoridad “no se va a vender energía, sino que se va a facilitar la distribución de energía mediante generadores privados que puedan venderle al sistema”. Al momento hay ocho compañías interesadas en adquirir los activos de la AEE dijo Ortiz a la prensa.
Asimismo, recomendó a la comisión que se evalúen los subsidios otorgados a municipios, entidades y hasta los propios residenciales. El costo de los subsidios y créditos alcanzaron $56 millones en el 2016, $53 millones en el 2017 y $42 millones en lo que va del 2018. Estas cuantías no incluyen el costo del consumo de los municipios, alumbrado público y tarifa fija para residenciales públicos, que para el año fiscal 2016 fue de $247 millones.
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“Hay muchas partidas que hay que mirar. En la medida en que se puedan eliminar subsidios que no son necesarios (eso) abarataría el costo de energía”, declaró el Ejecutivo.
Entre las recomendaciones del ingeniero Ortiz para el marco regulatorio es que se revise el concepto de medición neta porque existen mecanismos “más simples” de interconexión y el costo de estos sistemas podría ser menor a los existentes. También, que se aclare el alcance de las transacciones que se llevarán a cabo sobre la venta de los activos de la AEE sobre la generación de energía y que ningún contratante pueda adquirir más del 49 % de la generación de energía.
A esos efectos el senador Seilhamer dijo que se enmendará la Ley 120 para trabajar todo lo relacionado a la venta de la AEE. Por esto le solicitó al director ejecutivo de la AEE que le entregue documentos sobre los activos de la Autoridad, el valor de los mismos y cuáles son los que deben estar al amparo de la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico de 2018.
“Hay unos activos que tenemos que tener una discusión seria”, le dijo Seilhamer a Ortiz.
“Sistema desarticulado” en 20 años
El presidente de la Autoridad Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, al ser cuestionado sobre cómo se procederá con el pago de la deuda de la AEE cuando se establezcan las microredes y la ciudadanía se desconecte en gran parte de la agencia energética, opinó que “si las cosas van bien” dentro de 20 años en Puerto Rico se verá un “sistema desarticulado” pero más interconectado que cualquier modelo anterior de transacciones de compra y venta de energía así como de débito y crédito tal y como sucede en varios estados de Estados Unidos como lo es California.
“Entiendo que no será un problema tan grande porque si somos exitosos vamos a tener un sistema que es mucho más fácil de trabajar que el que tenemos ahora”, sentenció Sobrino a preguntas del presidente de la Comisión senatorial.
La reestructuración de la deuda de la AEE entre AAFAF, la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE que contempla un recorte inicial a estos últimos de 32 % pero redundará en $3 mil millones en ahorros en pagos de servicio de deuda por las próximas dos décadas. Bajo el nuevo acuerdo, los bonistas podrán intercambiar sus bonos de la AEE por los bonos de titularización nuevos.
Los bonos Serie A tendrán 68 % del valor de los bonos existentes mientras que los bonos Serie B serán de “crecimiento” que estarán vinculados a la recuperación económica de la Isla, explicó Sobrino. Por lo tanto, los términos del acuerdo preliminar establecen un cargo de transición fijo y sujeto a un máximo predeterminado que allegadamente eliminará los aumentos “imprevistos” en las tarifas para los clientes de la Autoridad.
En junio pasado la Autoridad para las Alianzas Público- Privadas (APP) inició un proceso para recibir el insumo del mercado en relación a las transacciones de la AEE. En dicho ejercicio, que fue conducido por firmas especializadas, los participantes de firmas de inversión dejaron saber la necesidad de un regulador independiente con los poderes “típicos” de las comisiones regulatorias de Estados Unidos con mayor autonomía administrativa y fiscal. Asimismo, dejaron saber que al Puerto Rico no contar con una tradición regulatoria, es imperativo que el Negociado de Energía establezca alianzas con organizaciones energéticas.
No obstante, el también representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recomendó a los miembros de la Comisión que consideren legislación para que el Negociado de Energía se enfoque en asuntos tradicionalmente atendidos por un regulador en un mercado con participantes privados.
“El Negociado como síndico que interviene en la AEE no es enteramente necesario. Lo que es necesario es un regulador porque nos estamos moviendo a un mercado privado. Hay que asegurarnos que la Comisión cuente con la autonomía fiscal y administrativa para poder operar. Si el Negociado tiene que ir al ente que le regula a suplicarle que le de dinero pues se le hace muy difícil su rol”, aseveró Sobrino.
Para el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo, Miguel Vega, el Negociado de Energía debe ser “independiente y fuerte” e integrado por “los profesionales del más alto calibre con la transparencia necesaria para evitar cualquier indicio de favoritismo”.
De forma similar, se expresó a esos fines el director ejecutivo de la AEE para quien el Negociado debe ser uno “bien fuerte y con muchos recursos” más cuando todos los generadores sean privados.
Operación 24/7
Mientras, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, destacó que si no se atiende adecuadamente las deficiencias energéticas y los altos costos a corto plazo “no va a haber economía en Puerto Rico de aquí a cinco años” provocando así que la Isla pierda valor competitivo como destino de inversión local y foránea.
“La mera apertura del mercado energético provocará el establecimiento de nuevas industrias en el campo de la generación, transmisión y distribución de energía…Distribuir la generación de energía en múltiples puntos a través de toda la Isla permitirá que Puerto Rico no dependa de una única fuente de producción”, comentó Laboy al destacar que la manufactura representa el 48 % del sector económico de la Isla.
Sin embargo, Laboy objetó parcialmente el Reglamento de la Comisión de Energía particularmente el requisito de que para que una fuente renovable sea considerada una fuente primaria de energía debe emitir durante un año un 75 % de la producción de la energía saliente. “Esto es sumamente alto para proyectos industriales que requieren de una operación 24/7”.
Si o no al gas natural
Mientras que para la ingeniera y exsecretaria de la gobernación, Ingrid Vila, el 100 % de la inversión en la política pública debe estar enfocada en la energía renovable, el director ejecutivo de la AEE defendió la generación de energía por conducto del gas natural.
Vila, quien acudió a la vista en representación de Cambio PR, expresó su preocupación de que el utilizar gas natural en las unidades 5 y 6 de la Central de San Juan sea la introducción a un proceso de privatización a esos fines.
“La política pública debe restringir y regular de manera bien estricta las inversiones en gas natural para que se presenten como inversiones de la energía renovable y limpia”, argumentó Vila quien cuestionó la validez de la propuesta de la AEE para gasificar las centrales de Mayagüez, San Juan y Yabucoa.
“Vemos desafortunadamente decisiones que buscan desarrollar un modelo energético para favorecer los intereses de unos pocos y no del pueblo… El director de la AEE está tomando política pública con sus decisiones. Es una política pública improvisada y errada”, dijo Vila.
A la hora en que se redactó este comunicado de prensa aún no se había expresado el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo quien estaba en el salón de audiencias.
El lunes el Senado aprobó en Sesión el Proyecto 984 que viabiliza la Ley de Cooperativas de Energía para que esas puedan generar, transmitir y distribuir electricidad para satisfacer las necesidades individuales y comunes de sus socios, comunidades y otros consumidores de conformidad con los reglamentos del Negociado de Energía al menor costo posible.
Bhatia Gautier y Seilhamer Rodríguez proponen con la medida que las cooperativas eléctricas o de energía, que operarán sin ánimo de lucro y con un mínimo de cinco socios, puedan también suscribir contratos de venta de energía con otros consumidores afiliados. También, vender el exceso de su producción a otros servicios de la red eléctrica o a la propia AEE.
