El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, solicitó a la Comisión de Derechos Civiles (CDC) evaluar el manejo del gobierno ante la “catástrofe” causada por el huracán María, que según el político “resultó en una clara violación a los derechos humanos en Puerto Rico”.
“Le estoy solicitando a la Comisión de Derechos Civiles que inicie una investigación sobre la política pública, prácticas y protocolos gubernamentales, así como el incumplimiento del Gobierno, que dieron base a que no se alertara a tiempo a todas las agencias gubernamentales estatales y federales, a la prensa del país y a la ciudadanía en general de la catástrofe provocada por María, y el trágico aumento en muertes en Puerto Rico. La Comisión debe encaminar una investigación sobre las violaciones de Derechos Civiles cometidas y emitir un informe de hallazgos con sus conclusiones”, indicó Ferrer Ríos.
Explicó que la CDC está facultada por ley para hacer estudios e investigaciones sobre la vigencia de los derechos fundamentales en Puerto Rico, incluyendo quejas o querellas de ciudadanos sobre violaciones de estos derechos.
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La Comisión también puede ordenar la comparecencia y declaración de testigos y la presentación de libros, documentos y otra evidencia mediante subpoena.
Asimismo, en la solicitud, Ferrer Ríos hizo un recuento sobre los acontecimientos tras el paso del huracán María y entre otros detalles señaló que inmediatamente después del paso del huracán María sobre Puerto Rico el pasado 20 de septiembre, comenzó a discutirse públicamente la cifra de personas fallecidas a consecuencia de este fenómeno atmosférico.
“El martes 3 de octubre de 2017, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) notificó que las muertes asociadas al huracán María habrían aumentado de 16 a 34, anuncio que se dio poco después de terminada la visita a la Isla del presidente Donald Trump”, consignó Ferrer.
Recordó que, “posteriormente, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares mantuvo oficial la cifra de 64 muertes asociadas al huracán. No obstante, la presión ejercida por los medios de comunicación, así como las investigaciones realizadas por distintas entidades, lograron descubrir discrepancias abismales entre las cifras de muertes ofrecidas por el gobierno de Puerto Rico y las cifras reales que surgían de las denuncias de los ciudadanos”.
Según el estudio publicado por el Instituto Milken de Salud Pública de la Universidad George Washington (GWU, siglas en inglés), se calcula las muertes relacionadas al huracán María en 2,975.
Las universidades de Harvard y Penn State también habían establecido que, según sus investigaciones, las cifras de muertos rondaban los miles de personas.
“No es hasta la publicación del informe encomendado por el gobierno que este determina hacer oficial la cifra de la George Washington University. Entre otros datos, el Informe advierte que el 40% de los municipios experimentó tasas de mortalidad significativamente más altas que en los periodos comparables de los últimos dos años”, alertó el político-
Algunos de los hallazgos más graves del estudio apuntan a que según fue percibido por distintos “líderes claves”, el conteo de muertes era mucho más alto y consideraron que el liderazgo del gobierno estuvo desconectado de las realidades de las comunidades, que no hubo transparencia en la información, que se retuvo información de forma intencional para evitar que les adjudicaran culpas y que no hubo sistemas adecuados para rastrear el total de muertes.
“La falta de celeridad, transparencia y apertura en la información relacionada a las muertes, impidió una respuesta rápida en auxilio de sectores marginados que confrontaban situaciones de vida o muerte en días posteriores al huracán. Dichos conciudadanos perdieron su vida ante la falta de medicamentos, oxigeno, atención médica, y ante la imposibilidad de sus familiares de proveerles a aquellos seres queridos con enfermedades crónicas, las condiciones adecuadas para mantener su estabilidad en el hogar o poder ser trasladados a una institución para recibir atención médica adecuada y necesaria”, declaró Ferrer.
Añadió que “los medios de comunicación del país se vieron imposibilitados de ejercer su rol de alertar sobre el aumento en los decesos, de procurar intervención y ayuda inmediata ante la tendencia en aumento de muertes que se extendió por semanas luego del evento atmosférico”.
Para el presidente del PPD, “es importante que la Comisión de Derechos Civiles evalúe como el desconocimiento sobre los protocolos aplicables para casos de emergencias dio pie a la falta de credibilidad, confusión y desconcierto que ha imperado en el país respecto a este tema. No cabe duda de que existieron faltas graves que impidieron la adecuada protección al derecho a la vida. El manejo inadecuado de la emergencia, la desinformación y las malas decisiones administrativas y de política pública, privaron de ayuda real a muchos de nuestros conciudadanos de los sectores más vulnerables, lo que hace obligatorio este reclamo a la rendición de cuentas”.
