Aunque aún no hay un borrador de proyecto sobre el marco legal y la política pública energética de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continúa con sus planes de traer desarrolladores privados con la intención de convertir sus centrales generatrices en productoras dependientes de gas natural.
Las centrales de Mayagüez y Aguirre (Salinas) podrían ser las próximas en la lista, plantas que se unirían a la Central de San Juan, cuyas unidades 5 y 6 serán transformadas para generar luz con dicho combustible fósil. José Ortiz, director ejecutivo de la corporación pública, fue quien reveló ayer la información, precisamente en la primera vista pública de la Comisión Especial de Asuntos Energéticos del Senado, que convocó a más de 20 ponentes para escuchar su insumo y crear una legislación que demarcará las aspiración del Gobierno sobre el sistema eléctrico boricua.
“Mayagüez es una planta que no se utiliza mucho. Es una de 220 megavatios. Y no se utiliza mucho, principalmente, porque usa combustible muy caro, que es diésel. Si la cambiamos a gas natural, la podemos dejar prendida todo el tiempo. Y, ciertamente, hay unos sectores importantes en el área oeste que están diciendo que quieren tener esa planta”, explicó Ortiz a los medios.
El ingeniero espera que la solicitud de propuesta en busca de desarrolladores para modificar la central mayagüezana se publique en noviembre. Mientras, para Aguirre señaló que podría ser durante el próximo año, pues debe asegurarse de que la infraestructura de esta planta esté lista para la conversión a gas natural antes de publicar la solicitud de propuesta.
Nos esperan de 20 a 30 años con gas natural
Esta semana, el senador Larry Seilhamer, presidente de la Comisión Especial de Energía, dijo que la propuesta de llevar gas natural a la Central de San Juan no entraría en contradicción con el proyecto del marco y la política pública energética, aun cuando no se ha concebido la legislación, porque “esa es una determinación a corto plazo, operacional. Bien corto”. No obstante, ayer, además de presentar los nuevos proyectos para la sultana del oeste y para Aguirre, Ortiz dejó claro que Puerto Rico tendrá una producción de energía con gas natural que durará de unos 20 a 30 años.
Según el director de la AEE, los precios del gas natural no serán variables hasta 2050, porque “hay un exceso de inventario”. Acotó, además, que “no es como hoy día, que el diésel y el bunker C son los combustibles que se usan en la Autoridad, que son caros, que son sucios, y que se amarran a los índices del cambio, principalmente del costo del petróleo”.
“¿Que puede durar 20 o 30 años? Sí, si queremos competir económicamente en costos de generar energía con otros países, tenemos que tenerlos a bordo”, señaló.
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Al tiempo, Ortiz afirmó que su intención es que de aquí a cinco años, en Puerto Rico, la producción de energía sea en un 40 % de renovables y un 50 % de gas natural. El restante 10 % será producida por AES, planta ubicada en Guayama, que usa carbón como combustible, pero que quedará prohibido a partir de 2028 por ser altamente contaminante.
Para Ingrid Vila, ingeniera y exsecretaria de la Gobernación, es imperativo que la Legislatura imponga altas restricciones a la producción de gas natural, para asegurar una transición adecuada al uso de fuentes renovables de energía.
Vila, quien participó de la vista pública, hizo referencia a los altos costos que significa la inversión de infraestructura para poder generar luz con dicho combustible.
“Las inversiones en gas natural a corto plazo, si se quieren a corto plazo, son costosas. Si se quieren a un costo razonable, son a largo plazo. Ahí es que está el gran reto, y por eso es que la inversión y la política pública deben ir casi al 100 % dirigidas a inversiones renovables”, detalló.
“Tiene que restringirse y que la inversión sea lo mínimo requerido en un plan agresivo de transformación hacia renovable con la intención de que sea 100 % al 2050”, añadió Vila.
Por su parte, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), criticó que la AEE esté invirtiendo en modificar sus centrales, cuando las venderá próximamente, tras la aprobación de la Ley 120, que permite la privatización de los activos de la corporación pública.
AEE pierde millones por los subsidios
Ortiz, en su ponencia, también solicitó a los senadores comparecientes a la vista revisar los subsidios, que han significado un gasto sin retorno de inversión para la AEE. En general, la corporación pública asumió costos por incentivos que alcanzaron, aproximadamente, $56, $53 y $42 millones para los años fiscales 2016, 2017 y 2018 respectivamente.
Para el director de la corporación pública es más conveniente enfocarse en bajar los costos de energía, para entonces descartar la necesidad de otorgar incentivos. Empero, aclaró que está de acuerdo que poblaciones desventajadas, como envejecientes y personas con diversidad funcional, mantengan el beneficio.
“A los hoteles se les da un 10 % de reducción en el costo de la luz. Si la bajamos al cuarenta por ciento, ¿qué sentido hace un subsidio? Sería seguir amarrados con esposas, sería un vicio”, acotó.
Por otra parte, solicitó a la Legislatura “evaluar” el subsidio a los residenciales públicos, que hoy representa unos $30 millones.
