El guardia correccional que cargaba un racimo de esposas plateadas se acercó y me preguntó si venía “a entrevistar a los que se van”.
“¿Cuántos son los que se van?”, le preguntó a una funcionaria correccional. “Hay como 89 [confinados] identificados”, respondió la mujer.
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En la cárcel de Guayama 500, hay 456 reclusos en total. Es una prisión de custodia mínima calificada como “protectiva”, porque alberga a reclusos que, por su seguridad, no pueden convivir con el resto de la población penal, como por ejemplo policías que cumplen una condena. La cárcel está ubicada en el municipio sureño de Guayama, en una zona árida, cerca de fábricas y farmacéuticas.
Detrás de la primera de varias puertas de seguridad, hay un camino cercado que conecta con una estructura en donde hay varios salones, parecida casi a una escuela abandonada o un hospital viejo. Pero aquí hay guardias armados.
En uno de los salones, 27 confinados se sentaron en pupitres. Algunos parecen acabados de graduar de escuela superior; otros tienen aspecto de maestros de larga trayectoria y sabiduría. Todos están sentados como alumnos, con uniformes caqui, miradas recias y una sentencia a cuestas.
En una pizarra se proyectan imágenes e información de Tallahatchie County Correctional Facility, la cárcel privada de Misisipi en la cual el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR) les promete que van a estar mucho mejor que aquí.
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“Sinceramente, nos vamos más por el área educativa, porque no tenemos para coger clases, no tenemos na’” – José Ortega, confinado
El traslado a Misisipi comenzaría el 30 de septiembre
Luego de más de cuatro meses de cambios en la información sobre el rumbo final, el DCR decidió que esa cárcel de Misisipi, administrada por la empresa CoreCivic, será donde se reubicarán por lo menos 1,200 confinados que participen de la primera fase del programa de traslados que propuso la administración del gobernador Ricardo Rosselló como presunta medida de ahorro. La meta es que, en cinco años, se trasladen a cárceles privadas de Estados Unidos 3,200 de los 9,600 confinados que componen la población penal de Puerto Rico; poco más del 30 % de los reclusos que se encuentran en la isla actualmente.
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El primer vuelo saldría el 30 de septiembre si la Junta de Control Fiscal que impuso el Congreso de Estados Unidos para controlar las finanzas de Puerto Rico aprueba el contrato entre CoreCivic y el DCR, que comenzaría en $25 millones al año, por cinco años, lo cual al final costaría $125 millones, según Erik Rolón, secretario de Corrección.
El programa de traslados es presentado por el DCR como voluntario. Cinco reclusos entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que se apuntaron para ser evaluados a ver si cualifican al programa, dijeron que no han sentido presión directa para ser trasladados. Recalcaron, sin embargo, que las condiciones de las instalaciones y el trato que reciben de parte del sistema correccional en Puerto Rico los impulsa a querer explorar lo que el DCR les presenta como una mejor opción a las cárceles de la isla.
“Por lo menos ahí en el papel, por lo que nos dicen, pues, nos interesa, porque hay más beneficios que aquí, más cosas que nos pueden ayudar”, dijo al CPI el confinado Jorge Morales, sentado junto a cuatro compañeros en una pequeña biblioteca adjunta al salón donde se dio la orientación.
“Sinceramente, nos vamos más por el área educativa, porque no tenemos para coger clases, no tenemos na’. No tenemos pa’ matar el ocio. Aquí nos ofrecen trabajo, y el trabajo nunca existe. Nos ofrecen villas y castillas, y eso nunca aparece; nunca. Estoy en una custodia mínima. Pero aquí eso de custodia mínima no existe, en el sentido de que los privilegios que tiene la custodia mínima, aquí [en Guayama 500] no nos los están dando. Aquí tenemos una custodia que le podemos llamar media alta”, mencionó el confinado José Ortega.
