Esta semana, la controversia pública en cuanto a la gestión de la administración Rosselló ha vuelto a girar en torno al número de muertes confirmadas luego del huracán María, luego de que se publicara el estudio comisionado a la Universidad de George Washington. Los investigadores que participaron en el estudio identificaron el número de muertos utilizando certificados de defunción y otros datos de mortalidad entre mediados de septiembre de 2017 y mediados de febrero de este año. Según dicho estudio, muchas personas fallecieron como resultado de la falta de atención médica, de electricidad y agua potable.
El nuevo balance, casi 50 veces mayor que la cifra inicial, ha provocado dudas y preguntas sobre la idoneidad de la respuesta, tanto del Gobierno local como del Gobierno federal tras el desastre. Sin embargo, los propios resultados del estudio dan a entender que, aunque el número es mayor al previamente reportado por el Gobierno, la causa de muchas de estas muertes no es necesariamente atribuible al Gobierno.
En ese sentido, la controversia en cuanto al número se ha salido de proporción cuando la realidad es que, en esta coyuntura, lo que corresponde es aquello que el gobernador ya ha encomendado a su equipo de trabajo: un análisis en cuanto a todos los aspectos de la respuesta ante el desastre, que permita entender qué funcionó, qué no y cómo podemos mejorar el aparato de respuesta para evitar mayores percances.
Ahora bien, si queremos enfocarnos en números, debemos hablar sobre los números que refleja la política publica de justicia salarial que ha comenzado a implementar el gobernador Rosselló como parte de su programa de gobierno. Esta semana, el gobernador anunció que, al igual que hizo con los maestros, a quienes les otorgó un aumento de $1,500 anuales, y a los directores escolares, para quienes el aumento es de $5,000 anuales, se convierte en un hecho la promesa de justicia salarial para nuestros policías con un aumento de $1,500 anuales, es decir, $125 mensuales.
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Estos aumentos son necesarios para hacer justicia y retener a estos funcionarios esenciales que trabajan con la educación y seguridad de nuestra gente. Tanto los maestros como los policías reciben su aumento efectivo esta quincena del 30 de agosto, mientras que los directores lo recibirán en noviembre. Esto representa un avance que llevaba en el tintero varios cuatrienios, ya que los policías no habían recibido un aumento de esta magnitud hacía 10 años, mientras que los maestros no habían recibido aumento alguno en 10 años.
Cuando se toman en conjunto, las medidas de aumento salarial promovidas por Rosselló beneficiarán a un total de 36,059 servidores públicos y sus familias. Específicamente, se verán beneficiados 12,080 policías, 22,916 maestros y 1,091 principales de escuela publica con una inversión por parte del Gobierno que sobrepasa los $58 millones de dólares anuales en aquellos servidores públicos que tienen a su cargo la educación de nuestros niños y la seguridad de nuestras familias.
Estos son los números, no son debatibles ni hace falta un análisis ni estudios para certificarlos. Esa es la inversión que refleja las prioridades de la administración Rosselló y hace justicia a un grupo de trabajadores a quienes siempre les hemos reclamado y exigido, pero quienes, a la hora de distribuir el presupuesto, siempre habían quedado rezagados. En ese sentido, el gobernador Rosselló va dictando la pauta de un buen Gobierno, que comienza a implementar lo que prometió en su plan de gobierno y encamina a nuestra isla hacia la recuperación en todos los renglones, luego del desastre que dejó a su paso el huracán María.
