Luego de una denuncia en redes sociales sobre miles de botellas de agua divisadas desde un avión abandonadas en la pista del aeropuerto José Aponte de la Torre en Ceiba, la Administración de Servicios Generales (ASG) inició una investigación administrativa para conocer por qué funcionarios de esa agencia solicitaron a las autoridades federales las 20,000 paletas del líquido, sin tener el espacio suficiente para almacenarlas.
La dependencia, además, auscultará desde cuándo el material está bajo el sol, así como las razones para que no fueran rechazadas a pesar de estar a la intemperie y posiblemente contaminadas, anunciaron en conferencia de prensa el director de ASG, Ottmar Chávez y el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.
Según ambos administradores, las paletas de agua fueron solicitadas por el Gobierno local el 17 de abril de este año, luego de que la Administración de Servicios Generales federal (US GSA, por sus siglas en inglés) publicó en una página web que eran un excedente comprado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Chávez advirtió que desconoce lo ocurrido con el agua porque llegó a dirigir la agencia el pasado primero de julio, cuando fue nombrado por el gobernador Ricardo Rosselló tras la renuncia de Miguel Ángel Encarnación, investigado por irregularidades en el manejo de suministros tras el huracán María y violencia sexual.
De acuerdo a Pesquera, en el portal de Internet donde fue publicada la información de las botellas no se establece que estaban en medio de la pista del aeropuerto. Por el contrario, hay una foto que demuestra que están bajo techo en un almacén. Por tanto, continúo el secretario, es FEMA la agencia que debe contestar cuándo y por qué las paletas no estaban resguardadas.
“Te da una foto [el portal de Internet], que es lo que podría haber sido un pequeño juzgada de apreciación, en cuanto ellos piden ver la foto está bajo techo. Y dijeron, pues está bien, pues vamos a pedirla”, señaló Pesquera. “Según la información oficial de FEMA, esa agua estaba en algún sitio. En un almacén o en algunos furgones”, agregó.
Pesquera y Chávez reconocieron que es “preocupante” que empleados de ASG hayan solicitado un material para el cual no tenían capacidad de almacenaje. “De entrada es preocupante. La pregunta es muy válida y es preocupante”, aseveró Pesquera. Mientras Chávez indicó que “esa es una de las razones por las que se hace la investigación administrativa”.
De otra parte, la pesquisa también develará por qué ASG, a pesar de que le fue concedida el agua “en papel” el 26 de abril, no comenzó a repartirla hasta el 30 y 31 de mayo, explicó el secretario de Seguridad Pública.
“En mayo 24, [el US GSA] le pregunta a la Administración de Servicios Generales nuestra que cuándo recogerá el agua. Aquí se le contesta que la van a recoger. En mayo 20 ASG se presenta a tomar finalmente posesión del agua y en ese momento el agua está en el área, no está bajo ningún techo”, relató el funcionario.
Una vez adquirió las botellas, ASG repartió unas 732 paletas a 12 municipios y 2 agencias del Gobierno. Sin embargo, la distribución se suspendió porque, supuestamente, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR Canal 6) y el municipio de Barceloneta se quejaron de que el agua tenía mal olor.
“WIPR y Barceloneta hicieron una querella de que el agua tenía cierto olor y entendían que no estaba buena. ASG suspende la distribución en agosto”, indicó Chávez.
La denuncia sobre el mal estado del líquido, añadió el funcionario, fue el 4 de junio. No obstante, desconoce si en ese momento se tomó alguna acción, así que “todo eso es parte de la investigación administrativa que comenzamos a hacer anoche para entender qué se hizo y qué no se hizo”, soltó.
El agua, indicó Chávez, será devuelta al US GSA por las “diferentes quejas que han habido, y por las preguntas que desconocemos que hemos mencionado que FEMA debe contestar, ya que no sabemos cuánto tiempo estuvo eso a la intemperie antes de ser entregado”.
“Le estamos diciendo lo que es. Estamos diciéndole lo que hemos averiguado. Que hay unas determinaciones ahí que no cuadran, no cuadran”, concluyó Pesquera.
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