El vicepresidente de Communications Workers of America, Local 3010, AFL-CIO, Aramis Cruz alegó el viernes que la Junta de Control Fiscal (JCF) les envió una carta en la que reconoció que los gastos derivados de los fondos del Sistema del 9-1-1 no están sujetos a las medidas de control fiscal impuestas por el ente federal.
Dijo que esta determinación, confirma los planteamientos esbozados por el gremio que desde el año 2014 busca que se protejan los fondos del 9-1-1 y no sean usados para otros asuntos no relacionados al Sistema de Emergencias.
“Desde el año 2014 cuando el gobierno tomó ilegalmente 12 millones de dólares para gastos del fondo general, hemos buscado alternativas para impedir que se usen los fondos 9-1-1 para otros fines no autorizados”, dijo Cruz en declaraciones escritas.
Asimismo, dijo que en su comunicación del pasado 17 de septiembre, la JCF consignó que bajo el Enhanced 9-1-1 Act de 2004, los fondos del 9-1-1 solo se pueden usar para el sistema de emergencias y está prohibido usarlos para otros fines. “Los gastos relacionados a los ingresos del 9-1-1 no serán impactados por las medidas de ajuste que pudieran aplicar al Negociado [de Sistema 9-1-1]… Los fondos no serán desviados para otros usos que no sean los estipulados en la reglamentación para el 9-1-1 y que solo serán utilizados según establecidos por los requerimientos legales”, dice la carta, según Cruz.
El líder gremial explicó que el Negociado del 9-1-1 opera en un 100 por ciento con los fondos recolectados de las líneas telefónicas alámbricas e inalámbricas, que no recibe fondos federales o estatales y tampoco tiene deudas con bonistas.
“Esta respuesta de la Junta Fiscal va a permitir que el 9-1-1 mejore su infraestructura, atienda el problema de reclutamiento y adiestramiento que hay en el negociado y mejore el sistema de comunicaciones integral para responder a las emergencias del país. Incluir al 9-1-1 en los planes fiscales cuando sus fondos sólo pueden ser utilizados para su operación, serían actos arbitrarios y caprichoso en violación la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos, la Ley 45-1998 y toda la legislación federal que regula el Sistema 9-1-1”, advirtió Cruz.
Sostuvo que trabajan junto al Senador Henry Neumann y el Senador José Vargas Vidot en el proyecto del Senado 1059 que busca resolver los problemas del mal uso de fondos 9-1-1, a la vez que da cumplimiento con el compromiso que hizo el gobierno durante el pasado mes de abril cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) cuestionó el desvío de fondos 9-1-1.
“Confío que el gobierno corrija los errores del pasado. Con esta respuesta de la Junta Fiscal, el gobierno puede retomar los esfuerzos para detener la fuga de empleados talentosos del 9-1-1, mejorar los sistemas de comunicaciones de emergencia y asegurarse que el sistema esté en óptimas condiciones para continuar salvando vidas”, finalizó Cruz.
