Ángel Roberto Santos García se declaró culpable ante el juez Bruce McGiverin por el robo de fondos federales en violación del Título 18, del Código Penal de Estados Unidos, Sección 641 y Luis Serrano Perdigón se declaró culpable ante el juez Camille Vélez Rivé por conspiración y soborno en violación del Título 18, del Código Penal de los Estados Unidos, Secciones 371 y 666 (a) (2), así como fraude al Seguro Social en violación del Título 42, Sección 408 (a) (4), anunció el jueves, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez.
Como parte de la declaración de culpabilidad, Santos García admitió que se desempeñó como director interino de Finanzas para el Municipio de Toa Baja en 2015. Si bien en esa posición, se transfirieron aproximadamente 650,000 dólares en fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal de la cuenta y la nómina de la cuenta general del Municipio de Toa Baja. Estas transferencias no autorizadas se hicieron con el fin de pagar la nómina municipal y de pagar a los contratistas municipales, lo que resulta en el robo ilegal de fondos federales.
La audiencia de sentencia para Santos García está programado para el 20 de diciembre de 2018, ante el juez Carmen Cerezo. Santos García se enfrenta a una pena máxima de diez años de prisión por el robo de fondos federales.
En un caso separado, Serrano Perdigón, un contratista, admitió a conspirar con Edgar Arroyo Amezquita, el director de instalaciones para el Municipio de Toa Baja a partir de mayo de 2011 hasta mayo de 2013, para defraudar a la municipalidad y el soborno de Arroyo para recibir contratos municipales.
Como parte de la conspiración, Arroyo y Serrano Perdigón presentaron documentación fraudulenta cita a la oficina de compras del Municipio de Toa Baja uso de una empresa ficticia denominada Profesional de Ventas y Servicio. De este modo, Arroyo y Serrano Perdigón utilizados, sin el permiso o autorización legal, el nombre y la firma de una persona real en la documentación fraudulenta presupuesto presentado a la municipalidad. Los cheques fueron emitidos por el municipio para Profesional Ventas y Servicios, que fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre de la ELA Electronic Service, una compañía controlada por Serrano Perdigón. Serrano Perdigón también hizo varios pagos de sobornos a Arroyo, pagado en efectivo y por un total de 39,999 dólares, a cambio de hacer que los contratos que se adjudiquen y pagos a realizar por el Municipio de Toa Baja para Serrano Perdigón. Durante este mismo tiempo, Serrano Perdigón oculta y no dio a conocer a la Administración de la Seguridad Social que él era capaz de trabajar con el fin de los pagos de beneficios por discapacidad del Seguro Social fraudulentamente seguras.
Arroyo se declaró culpable de conspiración para defraudar a los delitos de soborno el 30 de agosto de 2018. La sentencia ante la juez Carmen Cerezo ha sido prevista para el 5 de diciembre de 2018 para Arroyo y el 20 de diciembre de 2018 para Serrano Perdigón.
Ambos enfrentan cada uno una sentencia máxima de cinco años de prisión por la conspiración para defraudar y una pena máxima de diez años de prisión por el delito de cohecho. Serrano Perdigón también se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión por el fraude a la Seguridad Social.
