Si bien en Puerto Rico existe una cultura de afición hacia los caballos, ciertamente alrededor de la isla se han suscitados diversas problemáticas sobre el cuidado y el trato a los equinos.
Mientras tanto, las leyes que atienden estas situaciones han quedado en letra muerta.
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Caballos realengos, casos de maltrato o abandono y carreras clandestinas, son parte de los casos que con frecuencia tienen que lidiar las autoridades, municipios y grupos defensores de animales.
Así lo estableció a Metro el propietario del santuario Horse and Ponys, Luis González, quien aseguró que estos son problemas que se extienden a lo largo de todo el país y que aumentaron tras el huracán María.
“El problema de caballos realengos en el país es general en todo Puerto Rico y se ha incrementado luego del huracán María”, contó González al señalar que el aumento podría responder a que los dueños se fueron a Estados Unidos, así como que se cayeron las verjas como consecuencia del huracán. Explicó que los accidentes siguen similares, pero sobre maltratos sostuvo: “Recibimos más casos de caballos desnutridos o que los pusieron en sitios donde no había alimentación adecuada o los pusieron en sitios que no tenían suficiente pasto para comer”. A muchos de ellos los llama “realengos con dueño” porque son casos de personas que, inicialmente, tienen el caballo, pero una vez se reproducen o no pueden tenerlo lo dejan abandonado o amarrado.
“El problema de caballos realengos es uno general en todo Puerto Rico y se ha incrementado luego del huracán María”, Luis González, propietario del santuario Horse and Ponys Inc
Al ser el único santuario en la isla, explicó que reciben casos de toda la extensión territorial. Horse and Ponys es un santuario que sobrevive de donativos y ayuda a los caballos que enfrentan alguna situación. Para sustentarse mantienen actividades, abren el santuario al público los fines de semana y tienen un programa de padrinaje que, por una mensualidad, adoptan un equino. Los interesados pueden llamar al 787-966-6394. El propietario detalló que no cuentan con fondos del Gobierno a pesar de que casi el 90 % de los casos que reciben son referidos por la Policía y municipios.
De acuerdo con las leyes aplicables al país, la responsabilidad de regular los caballos es compartida. La Ley 81 de Municipios Autónomos en su sección f del artículo 2, faculta a los municipios a “reglamentar lo concerniente a animales domésticos realengos, disponer su destrucción y depósito en interés de la salud pública”, mientras, la Ley 253 de 2015 reglamenta las cabalgatas y ordena ciertas medidas. Además, la Ley 154 de maltrato a los animales los cobija.
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Según información suministrada a Metro por la Policía, hasta agosto se registraron 199 querellas por maltrato a equinos. El año pasado se reportó un total de 180 y en 2016 hubo 264 querellas.
Mientras, sobre accidentes de autos que involucran equinos, en lo que va de año suman cuatro casos graves en Juana Díaz, Las Piedras y Arecibo y una fatalidad en Ponce.
“Las personas en Puerto Rico piensan que los policías tienen que bregar con los caballos realengos, pero en realidad ellos lo que prestan es cooperación haciendo la querella o llamándonos”, explicó González. Destacó la importancia de que se eduque a las personas sobre el cuidado a los caballos.
Problema en muchos municipios
El dueño del santuario ubicado en Las Piedras planteó que tan solo seis municipios tienen carretones para trasladar caballos. Estos son Carolina, Byamón, Mayagüez, Guánica, Cabo Rojo y San Germán. El resto espera por la Policía o el propio santuario para mover a los equinos.
Entretanto, el panorama se mantiene complicado en los municipios, y algunos alcaldes han tomado acciones. Entre ellos el alcalde de Guánica, Santos Seda, creó una comisión multisectorial en su municipio para atender la situación. “Nuestra preocupación consiste en lo que son caballos realengos. Es un problema que ha creado más de ocho accidentes”, explicó el alcalde al asegurar que es una situación que ocurre en todo Puerto Rico. Sostuvo que hoy se reunirá la comisión para atender la situación.
Seda, quien se identificó como amante de los equinos, planteó que persigue que “todo se haga de una manera cuidadosa, y aquel que tiene caballo que lo pueda tener en un lugar apropiado y en cuidado”. Aseguró que “esto es un problema nacional, de los caballos realengos, y nosotros en Guánica vamos a tener una solución”.
Otro municipio que se encuentra evaluando una ordenanza para contrarrestar la situación es el de Loíza, según estableció a Metro el presidente de la Legislatura Municipal, Joel Osorio. “Tenemos casos de caballos realengos que han causado situaciones y es algo que ya hemos estado buscando la manera de trabajarlo”, formuló el legislador al señalar que el pasado mes radicaron una ordenanza que, además, abarcará al ganado vacuno. El próximo 2 de noviembre,s se reunirán para evaluar esa ordenanza junto a otra ordenanza radicada previamente que atiende las cabalgatas y carreras de caballos.
Algunos municipios como recientemente dio a conocer Vega Alta, analizan poner un microchip a los corceles, empero, el dueño de Horse and Ponys señaló que primero debe haber otras iniciativas antes de invertir en esa tecnología. “¿Quién va a estar cambiando los microchip o cambiarle de nombre, porque hay gente que se dedica a la venta? Primero tiene que haber programas de castraciones u otras iniciativas para entonces regular los microchips”, cuestionó González.
Miran enmiendas a leyes
Aunque existen diversas leyes que regulan a los caballos, el director de la División de Tránsito de la Policía, Jorge Hernández Peña, reconoció que el problema yace en la aplicación. En ese sentido, realizan reuniones junto a la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) del Departamento de Salud en busca de, próximamente, proponer enmiendas o, bien, encontrar soluciones a estos problemas, particularmente el de las carreras clandestinas.
Hernández Peña dijo a Metro que la Ley 154 de maltrato de animales busca soluciones: “La preocupación de nosotros obedece a que, en el caso de las carreras clandestinas de los equinos, se está dando como legalmente se tipifica el delito de maltrato, en cuanto a ese evento, y por eso estamos evaluando la ley”.
Por otro lado, si bien existe la Ley 253, que impone como límite de .10 de alcohol para montar el caballo, usar chalecos reflectores y usar equipo para montar, la ley no ha sido viable en su aplicación. “En la propia ley, ¿a quién uno puede someterle una multa de $50, al jinete?, ¿bajo qué? La misma ley dice que el Departamento de Obras Públicas debe crear un reglamento. Vamos a ver si está y cuál sería el procedimiento a seguir. Por eso, estamos viendo a ver, organizando esto a ver si tenemos las herramientas reales de qué podemos aplicar en la ley, y si las reuniones obedecen a que esa ley debe ser enmendada para ser realmente aplicable, pues eso será lo que queremos”, precisó.
Metro solicitó al DTOP corroborar si existe el reglamento, pero al cierre de esta edición aún no se había recibido respuesta.
