Los productores de energía que ingresen en el mercado de Puerto Rico por virtud de la concesión o venta de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) deberán cumplir con metas agresivas de generación de energía vía fuentes renovables, según dispone el Proyecto del Senado 1121, que propone un marco regulatorio y una política pública energética para la isla.
De esta forma, de acuerdo con la pieza elaborada por un grupo multisectorial dirigido por los senadores Eduardo Bhatia y Laurence “Larry” Seilhamer, para el año 2050 Puerto Rico debe contar con plantas generatrices que no utilicen combustibles fósiles. Las metas, sin embargo, serán cumplidas de forma escalonada: 20 % para el 2025 y 50 % para el 2040.
Con la medida, que según ambos legisladores se aprobará antes de que culmine la presente sesión parlamentaria, se cumple con uno de los requisitos de la Ley 120 del 2017, que ordena la Transformación del Sistema Eléctrico. Esta legislación firmada por la administración de Ricardo Rosselló dispuso que, en 180 días, la Asamblea Legislativa debía presentar las guías para la privatización de la AEE; en este caso, los senadores pertenecientes a ambos partidos de mayoría lo trabajaron en 120 días.
“El propósito es que Puerto Rico pueda tener un sistema robusto, resiliente, asequible y confiable. Para ello se promueve la reconstrucción, la modernización y la actualización del sistema de transmisión y distribución de la red. Se pone fin al monopolio como lo conocemos hoy”, resaltó Seilhamer durante su alocución.
“No es que se va a privatizar, es que se crea un esquema distinto en Puerto Rico. No es que le vendiste algo que era del Gobierno y cambió a manos privadas. Esta es una forma de hacer energía distinta y abrirá un mercado distinto para hacer energía. Hace un mandato claro de energía renovable”, sostuvo por su parte Bathia.
En aras de cumplir con recomendaciones de distintos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la legislación también proyecta la eliminación de la producción de energía con carbón para 2027. Este combustible es uno de los mayores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero que dañan nuestra atmósfera. La disposición es paralela con el vencimiento del contrato de la empresa AES, ubicada en Guayama, y que es la única planta generatriz en Puerto Rico que produce luz con carbón.
Garras al Negociado de Energía
Seilhamer indicó que su proyecto ofrece mayores poderes y autonomía presupuestaria al Negociado de Energía, que se convertirá en el ente regulador de las empresas que suplirán luz a los boricuas.
La dependencia, que hoy está bajo la sombrilla de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, podrá multar por incumplimiento de reglamentos y leyes. También encausar a los responsables en los tribunales y establecer penalidades.
En la pieza 1121, también se contemplan delitos menos graves para los que violenten el estatuto.
Sobre la autonomía presupuestaria, el senador explicó que el Negociado de Energía se nutrirá de dinero que proveerían los propios concesionarios de energía y que no podrá ser incluido en el presupuesto general.
“El concesionario tiene que emitir unos pagos al Negociado de Energía que suman $20 millones que se hacen en dos pagos. El concesionario, a su vez, bajo el ojo del Negociado, le cobrará a los proveedores por ese cargo. Donde reza la autonomía es que ese dinero no va al presupuesto general”, comentó Seilhamer.
Mientras, afirmó que la Asamblea Legislativa, así como otras ramas del Gobierno, no tendrán injerencia en los asuntos “operacionales” de la entidad reguladora.
Asimismo, el proyecto requiere que toda compañía de servicio eléctrico, incluida la AEE, cumplan con el Plan Integrado de Recursos que avalará el Negociado.
Otras disposiciones
La política pública energética de Puerto Rico obligará a las agencias del Estado a ser “eficientes” en su gasto de luz, así que tendrían que invertir en cambios de enseres, luminarias y, posiblemente, hasta de unidades de aires acondicionados. Seilhamer sostuvo que si no se realizaran las transformaciones, podrían ser penalizadas con una reducción en su presupuesto que ayudaría a nutrir el Fondo de Energía Verde.
Bhatia, por su parte, advirtió que esto podría ser un impacto inmediato en las finanzas de las ramas del Gobierno, pero que, a la larga, generará ahorros.
“Va a haber un costo envuelto, a lo mejor un costo inicial y lo pagas mensualmente. Al ser más eficiente, vas a acabar pagando menos. Te vas a ahorrar mucho combustible”, acotó el senador popular.
De la misma forma, Bhatia hizo énfasis en el concepto de prosumidor. El marco regulatorio permitirá, una vez aprobado, que los individuos que produzcan energía puedan compartir su excedente con otros usuarios de la red.
La legislación 1121 impulsa el uso de centrales eléctricas de menor escala, con capacidad de operar múltiples combustibles que reduzcan los contaminantes al ambiente. También, las organizaciones que adquieran las generatrices tendrán cinco años para transformarlas en plantas “eficientes”, que ayuden a reducir los gases con efecto invernadero.
“No dice que vamos a salir del Bunker C, pero, al tener unos requerimientos de high efficiency y de cumplimiento con los estándares de calidad de aire, vamos a salir de él. El Bunker C no cumple con los requerimientos”, manifestó.
A través de su aprobación, el Proyecto 1121 permitirá una redistribución de la generación de energía, que —según los legisladores— bajaría los costos.
