Luc Despins pidió permiso a la jueza Laura Taylor Swain para dar un informe de sus trabajos en los casos de quiebra de Puerto Rico durante una vista en el Tribunal Federal de Hato Rey el pasado 13 de septiembre.
No figuraba en la agenda del día, pero la jueza a cargo del proceso de quiebra municipal más grande en la historia de Estados Unidos pausó por un momento, respiró hondo y dejó que el abogado hablara. Una semana antes, durante otra audiencia, Swain había regañado a Despins por haber radicado la noche anterior, y sin previa notificación, una acción para detener un acuerdo entre bonistas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el Gobierno.
“Como mínimo, una llamada de cortesía hubiera servido para estar al tanto y no tener que levantarme a las seis de la mañana y leer sobre esto en [la prensa]”, dijo la jueza en aquella ocasión, mientras el abogado permanecía callado, y luego pedía disculpas.
Pocas veces Despins pasa desapercibido durante las vistas judiciales que se llevan a cabo como parte de cinco casos de quiebra del Gobierno incoados bajo el Título III de la ley federal PROMESA. La intensidad y el estilo coloquial con el que argumenta contrastan con el estilo más templado y técnico de abogados como Martin Bienenstock y John Rapisardi, quienes representan a la Junta de Control Fiscal y el Gobierno, respectivamente.
En la más reciente vista sobre el acuerdo del BGF, luego de varios intentos por detener la reestructuración de la entidad pública, Despins y el abogado del Gobierno, Peter Friedman, transaron para dejar a un lado sus objeciones y completar el acuerdo.
“El acuerdo del BGF garantiza que los deudores en los casos de Título III [el Gobierno] reciban por lo menos $20 millones y hasta $30 millones adicionales como resultado de nuestro trabajo”, manifestó por escrito el abogado, para argumentar sobre la gama de asuntos que trabajan como parte del proceso de quiebra de la isla.
Los últimos en la fila
Despins y su bufete Paul Hastings representan en la quiebra al Comité de Acreedores No Asegurados (o UCC en inglés). Su trabajo incluye al Gobierno central y las cuatro entidades públicas que han radicado quiebra bajo el Título III, así como la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el BGF. El UCC fue nombrado por el Síndico de Estados Unidos (U.S. Trustee) y el gasto en los profesionales que contrata va con cargo al bolsillo del Gobierno de Puerto Rico, una vez reciba el visto bueno del Tribunal Federal.
El UCC incluye a suplidores y contratistas mayormente locales a los que el Gobierno le debe dinero, al igual que dos sindicatos de Estados Unidos que representan a empleados públicos y maestros. Defiende a toda aquella persona o entidad a las que el Gobierno debe dinero, sin garantía alguna de repago: desde el pequeño negocio que realizó trabajos de construcción para alguna agencia pública o la empresa que le dio un servicio, hasta el empleado público con una reclamación laboral. El UCC actúa, además, como agente de información para estos acreedores, asistiendo, por ejemplo, en el proceso de radicación de reclamaciones en contra del Estado liderando charlas y sesiones gratuitas de ayuda.
Junto a los pensionados y a los acreedores no asegurados están al final de la fila de cobro en la quiebra de Puerto Rico, el UCC busca maximizar la cantidad de dinero que se destine para el pago de estas deudas, explicó el abogado Rolando Emmanuelli, autor del libro titulado PROMESA, y quien representa a la UTIER, a los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico en la quiebra de la isla.
“El riesgo es que [los acreedores no asegurados] recobren cero. [El Gobierno] podría estimar que no hay dinero para el acreedor no asegurado y ahí es que ellos [el UCC] tienen que dar la pelea”, comentó durante una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo.
El UCC ha participado activamente en todo lo relacionado con la reestructuración de la deuda pública, la cual suma alrededor de $120,000 millones entre bonos y obligaciones por concepto de pensiones. Responsabiliza y pide investigar a las instituciones financieras relacionadas con la crisis fiscal. Pone en duda la legalidad de la deuda. Cuestiona los planes fiscales y presupuestos, las acciones de la Junta y del Gobierno, y sus acuerdos con otros acreedores.
“Este papel militante [del UCC] es una conjugación de factores: un caso complicado, un bufete de litigio poderoso y la voluntad de los miembros de ese Comité de pelearlo todo”, opinó Emmanuelli.
Si la quiebra de la isla fuera una película del Viejo Oeste, los abogados del UCC pueden parecer una especie de Llanero Solitario, que al día de hoy ha facturado más de $25 millones en un año. La tarifa de Despins, quien estuvo en las quiebras de Lehman Brothers y Enron, es de $1,395 por hora, y su factura hasta el momento es de casi $2.5 millones. La tarifa por hora de este abogado es superior a la de los principales representantes legales de la Junta de Control Fiscal y del Gobierno, según la documentación presentada bajo el Título III. Sin embargo, los abogados y consultores de la Junta y del Gobierno también realizan trabajos que no cargan al proceso de quiebra, por lo que no toda su facturación pasa por el crisol del Tribunal Federal, contrario al caso de los abogados y consultores del UCC.
“Aceptamos una reducción de 20 % en nuestros honorarios para este caso. Ninguna otra firma ha ofrecido tanto [en descuentos]. Enviamos bien pocos abogados a las vistas. Usualmente, voy solo, mientras otros bufetes tienen cuatro a cinco socios en sala. Finalmente, nuestros honorarios se pagan por sí solos”, dijo Despins, enfatizando que, a diferencia de los abogados de la Junta y el Gobierno, toda su facturación es pública.
A esta fecha, los miembros del UCC son Genesis Security, Unitech, Baxter, Tradewinds Energy Barceloneta, la Federación Americana de Maestros (AFT), la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y Drivetrain, el síndico del desaparecido Doral Bank. El Comité lo preside el abogado de origen puertorriqueño Alvin Velázquez, quien lideró los trabajos de la desaparecida comisión legislativa para la auditoría de la deuda y viene del sector sindical.
La sombra de Doral persigue el proceso de quiebra
La compañía Zolfo Cooper está a cargo de la consultoría financiera del UCC. Asesoran sobre el impacto que tienen los planes fiscales y presupuestos aprobados por el Gobierno y la Junta, en los acreedores no asegurados, así como sobre cualquier propuesta de reestructuración de deuda. La firma con sede en Nueva York suma más $7.8 millones en facturación.
Hace unos años, Zolfo Cooper trabajó en la liquidación de lo que en su día fue Doral Bank, un banco con sede local que colapsó en 2015 tras quedar insolvente. Poco antes de cerrar, ese mismo año — y después del extraño asesinato de uno de sus principales oficiales— Doral demandó al Gobierno para obtener, en efectivo, casi $230 millones en créditos contributivos que tenía con el Departamento de Hacienda, bajo un acuerdo de 2012 entre la entidad y el Gobierno.
Años después, son varios los profesionales de Zolfo Cooper relacionados con Doral y que ahora trabajan en la quiebra de la isla. Este es el caso de Enrique Ubarri, exasesor legal de Doral y ahora asesor senior con la firma, brindando consultoría financiera al UCC a razón de $850 la hora.
En 2017, Ubarri y el pasado principal oficial ejecutivo de Doral Bank, Glen Wakeman, firmaron un acuerdo con el FDIC transigiendo por $14 millones para que esa agencia federal desista de llevar acciones en contra de ambos por negligencia crasa en el manejo de las operaciones de Doral.
Como parte del equipo de Zolfo Cooper que trabajó en el caso de Doral, y ahora asesora al UCC, también se encuentran Scott Martínez y Carol Flaton, quien fue la principal asesora de reestructuración de Doral Bank y ahora es la principal consultora financiera del UCC cobrando $940 la hora. En la firma trabaja, además, Jarett Bienenstock, hijo del abogado de la Junta, Martin Bienenstock, quien no participa en la asesoría sobre Puerto Rico, según asegura la firma al Tribunal.
A finales del mes de septiembre, Zolfo Cooper anunció que pasará a ser parte de AlixPartners, la firma que, bajo el mando de Lisa Donahue, fungió como principal asesor de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica durante la administración García Padilla.
Los retirados: los que menos facturan
Uno de los grupos que más tiene que perder como parte de la quiebra de Puerto Rico son los pensionados y retirados del Gobierno. Se estima que suman más de 160,000 personas, a quienes el Gobierno les debe más de $50,000 millones.
Los profesionales que asesoran al Comité de Retirados en los casos de Título III — con excepción de los pensionados de la AEE — han sido los menos que han facturado hasta el momento. Lideradas por el abogado Robert Gordon y su bufete Jenner Block, las seis firmas contratadas por este grupo suman unos $12 millones en trabajo facturado, una fracción de lo que llevan los bufetes principales de la Junta (Proskauer Rose con $40 millones), el Gobierno (O’Melveny & Myers con $37 millones) y el UCC (Paul Hastings, $26 millones). No obstante, la pelea grande de los pensionados en la quiebra de Puerto Rico no ha llegado. Cualquier recorte a sus pensiones se atenderá cuando se evalúe un plan de ajuste de deuda para el Gobierno central, lo que se espera que ocurra en algún momento del próximo año, según han anticipado la Junta y el Gobierno.
El Comité de Retirados está compuesto por Miguel Fabre Ramírez, Juan Ortiz Curet, Blanca Paniagua, Milagros Acevedo Santiago, Lydia Pellot, Marcos López Reyes, Carmen Haydee Núñez, Juan Ortiz Curet y Rosario Pacheco Fontán. Su principal abogado, Gordon, representó a los retirados de Detroit, durante el proceso de quiebra bajo el Capítulo 9 que vivió la ciudad del estado de Michigan.
Este reportaje que se publica en Metro por una alianza con el CPI. Para ver la historia completa, cceda a periodismoinvestigativo.com
