El expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Saenz, podría enfrentar años de prisión, si el Fiscal Especial Independiente (FEI) logra demostrar que el señalado cometió los delitos por los cuales se le radicarán cargos criminales, confirmó la presidenta de la Oficina del Panel del FEI (OPFEI), Nydia Cotto Vives.
“Hay una serie de delitos que no tienen el beneficio de probatoria, o sea, de sentencia suspendida. Así que se enfrenta a años de prisión, de prevalecer la posición que van a exponer los fiscales especiales independientes, porque tienen prueba que ellos confían demuestren más allá de duda razonable la comisión de los delitos que le imputan”, explicó Cotto Vives en entrevista con Metro.
Al también exjuez superior, se le radicarán “más de 15 cargos”, indicó la presidenta de la OPFEI, al tiempo que dijo que no será hasta el 1ro de noviembre, cuando se radiquen los cargos criminales, que se darán a conocer las razones específicas de esos señalamientos. Dichos cargos serán en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla.
Luego de que saliera a la luz pública la existencia de un chat llamado “Coffee Break” en el que participaba el entonces juez superior, y que incluía la participación de miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) para coordinar asuntos de la campaña de Ricardo Rosselló y para mantenerse en contacto durante las elecciones pasadas, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, notificó en febrero que dicha agencia iniciaría una investigación preliminar por alegaciones en contra de Ramos Saenz, quien había sido nombrado presidente de la CEE por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en enero de 2018. El expresidente de la CEE renunció a ese cargo en febrero, cuando surgieron los primeros señalamientos, y luego renunció en abril a su puesto como juez superior.
Luego de evaluar el informe de investigación preliminar que refiriera Justicia, el Panel decidió en mayo que realizaría una investigación a fondo en el caso de Ramos Sáenz y los chat “Coffee Break” y otro llamado Estructura Gerencial. La presidenta de la Oficina del Panel del FEI indicó entonces que del informe de Justicia surgían sospechas de que el exjuez superior pudo haber incurrido en violaciones a varios artículos del Código Penal, del Código Electoral del Siglo XXI, así como, de la Ley de Ética Gubermamental. También dijo que existía sospecha de que pudo haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, influencia indebida en la adjudicación y malversación de fondos públicos. Notas relacionadas: Implican a Rivera Marín con Ramos Sáenz Renuncias en Fortaleza por informe de Justicia Subsecretaria fue contratista de la CEE El chat “Coffee Break” había sido creado por la subsecretaria de la Gobernación, Itza García Rodríguez, quien en medio de los señalamientos y la investigación renunció a su cargo, así como otros funcionarios públicos. Sobre García Rodríguez, la secretaria de Justicia había dicho que del informe preliminar de investigación se desprendía que existía causa suficiente para entender que incurrió en perjurio, aunque el FEI no radicará ningún cargo en contra de ella. Además, Vázquez había revelado que la exsecretaria asociada trató de intimidarla durante la investigación, hecho que también fue referido al OPFEI y a las autoridades federales en aquel momento.
“El FEI evaluó eso, no encontraron prueba alguna ni de perjurio, ni de influencia, ni de intimidación por parte de la licenciada García”, apuntó Cotto Vives.
Sin embargo, la titular de Justicia expresó en declaraciones escritas, que nunca fue entrevistada para exponer su posición, ni la Jefa de Fiscales, Olga Castellón, quien fue la que presentó el referido.
Sobre el hecho de que fue García Rodríguez la creadora del chat, la presidenta de la OPFEI sostuvo: “¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cómo ella (García Rodríguez) controla lo que la gente escriba en el chat?”.
Además del expresidente de la CEE y la ex subsecretaria de la Gobernación, el FEI evaluaba a la jefa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio; el Subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz; y la Directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román.
“Sobre las demás personas mencionadas, durante esa investigación preliminar del Departamento de Justicia –que no fueron referidas para FEI, fueron referidas para evaluación–, los fiscales especiales independientes señalan en su informe que no hay prueba alguna de que hayan cometido ningún acto criminal por lo cual deban presentarles cargos, no tienen evidencia sobre ello”, indicó Cotto Vives.
“Usted está en un chat y alguien le dice, ’pues mira, yo me voy a proponer hacer tal cosa’, ¿qué responsabilidad tiene usted porque se lo pongan en el chat?”, argumentó la presidenta de la OPFEI cuando se le preguntó si había alguna relación que pudiera catalogarse como de cómplice entre los participantes del chat y el expresidente de la CEE.
Los fiscales especiales independientes a cargo de esta investigación son Ramón Mendoza, Iris Meléndez y Guillermo Garau.
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