El Gobierno de Puerto Rico objetará ciertos aspectos del plan fiscal certificado ayer unánimemente por la Junta de Control Fiscal (JCF), ante desacuerdos en las proyecciones económicas y las medidas de recortes que propone el documento.
La actual administración de Ricardo Rosselló considera que la iniciativa del organismo creado por el Congreso para enderezar las finanzas de la isla detalla un superávit demasiado optimista, que provocaría la necesidad de implementar serias medidas de austeridad en el futuro.
Ante esto, acudirán al Tribunal del Primer Circuito de Boston para retar la decisión tomada por la junta en una reunión en el Centro de Convenciones, informó en la tarde de ayer Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de Fortaleza.
“Nosotros tenemos un caso en el Primer Circuito de Boston, que es la apelación del (fallo) de la jueza (Taylor) Swain. Parte de lo que hace la Junta es agarrarle de esa decisión de Swain para decir que ellos pueden imponer e implementar política pública en los planes fiscales y los presupuestos. Nosotros pedimos autorización al Tribunal para apelar eso y lo concedieron, y estamos en la preparación para prepararlo. Esa es la primera opción”, dijo Rosario Cortés ante preguntas de la prensa.
Mientras, Christian Sobrino, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF) y representante del Estado ante la JCF, comentó que “tenemos que montar un caso de qué revisiones son las apropiadas” del plan fiscal. El funcionario aceptó, además, que el Gobierno se arriesga a que un Tribunal no autorice el desembolso de fondos públicos por no acatar el documento, obligatorio según la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, avalada por el Congreso.
“Eso nos pone a nosotros ahora, desde el punto de vista del Gobierno, una presión en términos fiscales y operacionales de que no podemos llevar a cabo acciones en contra de ese plan sin arriesgar de que se nos lleve a cabo algún tipo de acción judicial, y de que el “expendio” de fondos públicos no esté autorizado”, subrayó Sobrino en una conferencia de prensa posterior al cónclave.
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Durante su intervención en la reunión, que comenzó a las 9:00 a. m. y culminó al medio día, Sobrino estableció que el plan fiscal aprobado por la JCF proyecta un superávit de $16 mil millones, mientras que el propuesto por la administración de Rosselló en septiembre detalla un sobrante de $7,000 millones en cinco años.
“Nosotros entendemos que es una proyección que no es conservadora, que es demasiado agresiva y que pone al Gobierno contra la pared porque presume unos recaudos que nosotros entendemos que no se deben dar”, acotó.
En términos de los recortes contenidos en el plan, Sobrino destacó que no permitirán que el “sistema pueda desempeñarse adecuadamente”. Argumentó que, como la misma Junta detalló en el encuentro, hay una mejoría en la economía y que esto ayuda a recortar menos.
“La literatura te dice que cuando impones demasiada austeridad, a largo plazo, después de un tiempo, el efecto es una baja en moral, una baja en la capacidad de atraer nuevo talento porque las personas no quieren entrar en el Gobierno en esas condiciones. No hay inversión en infraestructura. Queríamos ir poco a poco aliviándolo”, manifestó.
De acuerdo con el plan fiscal aprobado, el Gobierno debe recortar para 2023 unos $169 millones en las pensiones, $1.5 mil millones gracias a la reorganización de las agencias, $451 millones en subsidios y $826 millones en el sistema de salud.
Por su parte, Rosselló afirmó que la junta cambió el plan fiscal para incluir mayores recortes que afectarán a la ciudadanía. “La Junta de Supervisión [Control] Fiscal ha cambiado totalmente su enfoque y su filosofía; no tan solo los números, en llevar a cabo estas iniciativas. A modo de ejemplo, hay unos recortes mucho más agresivos en lo que van a ser los recortes en el Gobierno. Eso tiene como consecuencia afectar a los servicios y, por supuesto, afectar a los más vulnerables”, detalló el primer ejecutivo.
Matosantos: “Este plan fiscal no me gusta”
Aun cuando el plan fiscal del Gobierno central fue aprobado por unanimidad, al igual que un documento homólogo para la Universidad de Puerto Rico (UPR), varios miembros de la JCF se mostraron inconformes con su contenido.
Durante la reunión, la única fémina del organismo que dirige al país, Ana Matosantos, destacó que el documento no cumple con “restaurar las oportunidades al pueblo de Puerto Rico”, “recorta demasiado profundo” y es “demasiado optimista” en sus proyecciones sobre los fondos de recuperación que llegarían a la isla.
Y es que el plan fiscal prevé que, desde el próximo año hasta 2033, la economía de Puerto Rico crecerá gracias a una inyección de $82,000 millones de partidas congresionales y de aseguradoras que llegarán luego del desastre provocado por el huracán María. Empero, una vez dichas transferencias culminen, la isla regresará a la recesión económica, porque no hay —según la JCF— “voluntad política” para establecer reformas estructurales.
“Honestamente, no me gusta este plan fiscal. Yo creo que a ninguno de nosotros le gusta. No cierra la brecha presupuestaria, no restaura el crecimiento y no liberaliza dinero para los acreedores como muchos piensan”, argumentó Matosantos.
Dijo, además, que los recortes propuestos podrían poner en riesgo el acceso de los jóvenes puertorriqueños a la UPR, y que también afectarían servicios esenciales como la salud y la seguridad. No obstante, votó a favor porque “es fundamental para el proceso de reestructuración y para el desarrollo del nuevo presupuesto”.
Mientras, Adrew Biggs hizo eco de las expresiones de Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, quien el lunes denunció que el Gobierno no ha encaminado los cambios estructurales necesarios para que una vez los fondos federales dejen de llegar, Puerto Rico tenga sustentabilidad económica.
Biggs, quien es el experto en pensiones del grupo, disparó en contra de la clase política local.
“El plan fiscal que aprobamos hoy es un reconocimiento del fracaso, del fracaso de la Junta, pero no por la falta de esfuerzos. Representa un gran fracaso por parte del Gobierno de Puerto Rico”, comentó.
Al igual que había dicho Jaresko, Biggs detalló que una de las medidas que más resistencia ha provocado en los políticos locales es crear “mejores” condiciones para que se generen trabajos en la isla. Durante su alocución en el encuentro llevado a cabo en el Centro de Convenciones, trajo a colación la no derogación de la Ley de Indemnización por Despido Injustificado (Ley 80) por parte de la Legislatura.
Jaresko no aclara en qué se usará el sobrante
Ante preguntas de la prensa, la directora de la JCF no pudo contestar si el superávit proyectado se utilizará para pagar el dinero que Puerto Rico debe a los acreedores. Jaresko destacó que llegar a dichos sobrantes requerirá la plena implementación de los lineamientos del plan fiscal.
“No puedo contestar tu pregunta directamente. Eso es parte de las conversaciones”, agregó.
Otro de los miembros de la JCF, José Ramón González, sentenció: “Lo que tú no quieres es destinar ese dinero que no es seguro a gastos recurrentes”.
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