Oficialmente, comenzó la carrera para las empresas interesadas en administrar los sistemas de transmisión y distribución de la isla, luego de que ayer la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) publicara una solicitud de cualificación (RFQ, en inglés) que permitirá al Gobierno identificar a los potenciales proponentes.
El documento de más de 30 páginas detalla que las compañías deben demostrar experiencia operando utilidades de energía que, al menos, suplan servicio a 250,000 clientes, cuyas bases tarifarias sean de, al menos, $2,000 millones y que hayan contado con un mínimo de 1,000 empleados.
El RFQ indica, además, que los activos de transmisión y distribución de la isla serán propiedad del Gobierno y que solo se concederán a manos privadas por un tiempo determinado, como establece la Ley 120 para la Transformación del Sistema Eléctrico, firmada por Ricardo Rosselló el pasado 20 de junio.
La AAPP también deja claro a las empresas en el RFQ que cualquier acuerdo futuro entre Puerto Rico y las privatizadoras debe pasar por el crisol de la Junta de Control Fiscal.
Entre los deberes de los interesados en someter propuestas futuras para administrar los sistemas de la hoy Autoridad de Energía Eléctrica están ofrecer mantenimiento a los activos de distribución y transmisión, coordinar la respuesta ante emergencias naturales e integrar la generación de energía con fuentes renovables y distribuidas.
Las firmas o consorcios que quieran ser cualificados para proponer soluciones de energía también deben tener experiencia administrando fondos federales, a la luz de la llegada de dinero aprobado por el Congreso y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias después del impacto del ciclón María.
Se espera que el proceso para identificar a las entidades cualificadas para luego participar de la presentación de propuestas culmine el próximo 16 de enero.
No está en contra la política pública energética
Mientras, el presidente de la Comisión Especial de Energía del Senado, Larry Seilhamer, dijo a Metro que la publicación de un RFQ no interrumpe ni está en contra del proceso de aprobar una nueva política pública energética. Actualmente, la Legislatura analiza una medida del también vicepresidente del Senado y del legislador Eduardo Bathia a estos efectos.
“No interrumpe ni incide en el proyecto de política pública energética. Es algo que se debe hacer en todas las licitaciones y propuestas de fondos públicos, para cualificar a los proponentes. Es para conocer su estado financiero, su experiencia de trabajo, su equipo y materiales, qué compañía aseguradora tiene”…, comentó el funcionario.
“A base de esa información se hace un cedazo y precualificas a quienes vas a solicitarles propuestas”, agregó.
El mismo RFQ hace una salvedad y hace saber a los interesados que la Asamblea Legislativa pondera la aprobación de una política pública energética, que según ha sido presentada proyecta un 100 % de energía renovable para 2050.
Seilhamer declaró, sin embargo, que espera que para el 8 de noviembre esté aprobada finalmente su medida de reforma energética. Por tanto, las propuestas que someterán las compañías cualificadas sí tendrían que cumplir cabalmente con la nueva política pública. Actualmente, su equipo se encuentra incluyendo varias enmiendas sugeridas por otros legisladores y por ciudadanos que asistieron a una vista pública celebrada el pasado 26 de octubre.
Afirmó, además, que Christian Sobrino, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, le hizo saber con anterioridad que hoy el Gobierno publicaría el RFQ.
Línea de tiempo del RFQ
• 31 de octubre |publicación de RFQ
• 14 de noviembre |fecha límite para pedir clarificaciones sobre el RFQ
• 2o de noviembre |fecha límite para que la AAPP responda las interrogantes de las empresas
• 5 de diciembre|fecha límite para suministrar las declaraciones de cualificación
• 16 de enero de 2019|fecha de notificación de las empresas que cualifican para someter propuestas
