Un grupo de ciudadanos denunció ayer que la Cámara de Representantes aprobara anoche el proyecto solicitado por la Junta de Control Fiscal (JCF) y Fortaleza sobre el acuerdo con los bonistas en la reestructuración de la deuda de COFINA.
Representantes de varios grupos aseguraron que la medida permitirá otro oneroso e inconstitucional endeudamiento del gobierno por los próximos 40 años. Asimismo, el grupo solicitó al Senado que no replique la aprobación del proyecto durante el último día de sesión.
“La Legislatura de hoy no puede manejar los temas de la deuda con la misma ligereza e irresponsabilidad que las que nos llevaron a la crisis fiscal que tenemos. Nos preguntamos cuántos de los legisladores que votaron a favor del proyecto, lo leyeron con detenimiento y analizaron las repercusiones desastrosas a las que esta medida condena al pueblo. Un proyecto que llevaba menos de un mes de radicado, que da paso a la reestructuración del 24% de la deuda pública por los próximos 40 años. De nuestras visitas a las oficinas legislativas era obvio el poco conocimiento que había sobre la medida”, declaró Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
El grupo también aseguró que el proyecto 1837 que aprobó en la Cámara y que quedaría pendiente de considerarse en el Senado condena a Puerto Rico a pagar $33,000 millones, cuando se prestaron $17,000 millones. Además, dijeron que obligará a la gente a pagar por 40 años el Impuesto sobre Venta y Uso (IVU), porque los recaudos le pertenecerán a sus acreedores.
“De la misma manera que los proyectos que autorizaron las emisiones de bonos que nos llevaron a esta quiebra, se aprobaron a espaldas del pueblo, anoche la Cámara aprobó un proyecto que nos llevará a otro impago y le regalará nuestros fondos públicos a los bonistas inescrupulosos”, declaró, por su parte, Roberto Pagán, presidente de la Comisión Ciudadana por la Auditoría Integral del Crédito Público.
Hacen pedido al Senado
Estas organizaciones, que intentaron dialogar con el liderato legislativo para explicarle el lenguaje peligroso que contiene el acuerdo impulsado por la Junta, señalaron que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, presidida por Tony Soto, les aseguró habría vistas públicas, sin embargo, presentó un informe positivo el mismo día que bajó la medida a votación, sin debate y sin dar cuentas al país sobre sus consecuencias.
“Solicitamos al Senado que cumpla su deber constitucional de representar bien a sus constituyentes, que somos todo el pueblo de Puerto Rico, y detenga esta medida hasta que se discuta públicamente y se presenten las enmiendas necesarias o se exija una renegociación”, concluyó Prados.
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