El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz denunció el martes que hay cabilderos allegados a José Carrión, presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), que no quieren dar paso a la fiscalización de las máquinas tragamonedas, por intereses personales.
“Ante la Junta hay cabilderos de Scientific Games y Caribbean Cage allegados del presidente de la Junta, parientes, amigos del presidente de la Junta, que quieren detener las máquinas de los empresarios puertorriqueños por sus propios intereses”, dijo Rivera Schatz en un encuentro con la prensa ante el cierre de la presente sesión legislativa.
El legislador no quiso contestar si sería un ejercicio fútil aprobar la Reforma Contributiva, aún con las objeciones de la JCF. Dijo que han estado conversando con los miembros de la Cámara de Representantes y que “estimo que durante el día de hoy tendremos resuelto ese asunto”.
TE PODRÍA INTERESAR
El lunes la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko dijo que la propuesta es inconsistente con el Plan Fiscal Certificado, pues no ha sido demostrado que su implementación tenga un efecto neutro sobre los ingresos y no afectará otros ingresos en el Plan Fiscal. Jaresko exigió, además, que el gobierno debe presentar en el texto de la legislación, la relación en costos de implementación, operaciones y otros.
“La Junta no tiene autoridad moral para pedirle un informe aquí a nadie. La Junta debería rendir cuentas del gasto que ha representado para el pueblo de Puerto Rico sin haber resuelto un solo problema”, aseveró Rivera Schatz.
Además, el presidente del Alto Cuerpo aseguró que hay estudios que demuestran la cantidad de máquinas tragamonedas que hay en la isla. “Hoy las máquinas están allá afuera captando sin aportar, tan sencillo como eso. Ellos quieren legalizarse y quieren aportar. Además, el ingreso de esas máquinas tributará. Los planteamientos de la Junta son sencillamente insostenibles”, dijo.
Asimismo, dijo que la JCF se contradice en los pedidos que hizo al gobierno. “Por ejemplo, la Junta de Control Fiscal en la carta que nos envía sugiere que revisemos el impuesto de la Ley 154 del 4 por ciento que representa 2 billones de dólares de nuestro presupuesto. Nos sugiere que elevemos ese impuesto. Esa es una opción. Lo que ocurre es que el argumento que usan para la videolotería es que podría ponerse en peligro lo que generan los casinos. Si ese es el argumento, hay voces que dicen que si se eleva el impuesto que aplica la Ley 154, pondría en peligro cerca de 2 billones de dólares del presupuesto”, detalló.
“Hay unas incongruencias constantes por parte de la Junta de Control Fiscal y a nosotros nos corresponde trabajar para Puerto Rico, no para la Junta”, agregó.
