La American Federation of Teachers (AFT) y la American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME), sindicados que representan a maestros y otros empleados públicos en Puerto Rico, presentaron hoy una demanda en nombre de aquellos miembros cuyas cuentas de retiro presuntamente han sido mal administradas por el gobierno de Puerto Rico.
La acción fue presentada en Tribunal Federal de Bancarrota de Puerto Rico bajo el Título III y solicita un interdicto y sentencia declaratoria a favor de los empleados públicos, basándose en la propia admisión por parte del gobierno de que no se han implementado las disposiciones de la Ley 106 de 2017 de Puerto Rico.
Bajo esta ley, el Gobierno debía crear y proteger en cuentas individuales las contribuciones definidas de retiro de miles de empleados públicos representados por los sindicatos. Según la propia admisión del Gobierno, el Estado en conjunto con la Administración de Sistemas de Retiro de Puerto Rico, la Agencia Fiscal de Puerto Rico y Autoridad para la Asesoría Financiera (AAFAF) y sus funcionarios, han fallado en crear y administrar las cuentas de contribución definida establecidas en la Ley 106.
En cambio, han incautado cientos de millones de dólares en contribuciones de pensiones de empleados público, acumulando más de $300 millones en cuentas gubernamentales que prácticamente no generan intereses en el Banco Popular.
La Junta de Supervisión Financiera de Puerto Rico y el Banco Popular de Puerto Rico han ayudado e instigado al Gobierno en sus violaciones a las obligaciones legales y fiduciarias bajo la referida ley. Como resultado, miles de servidores públicos se han visto privados de millones de dólares en intereses e ingresos por las inversiones que deberían haber generado durante el año pasado. Entre los co-demandados se incluyen al Gobernador, a la Principal Oficial Financiera del Gobierno, la Secretaria de Hacienda, los Sistemas de Retiro y su Junta, la AAFAF y su director ejecutivo, la Junta de Supervisión Financiera y el Banco Popular.
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“Un año después de que el huracán María azotara y devastara a Puerto Rico, los maestros siguen realizado innumerables sacrificios para proteger a sus hijos y a sus salones de clase. Durante ese año, los inversionistas, banqueros y bonitas han protegido gran parte de sus propios intereses. Mientras tanto, los maestros creyeron que sus fondos de retiro también estaban siendo protegidos e invertidos de manera justa, como prometía la ley. Estaban equivocados. Sabemos que los fondos de retiro de los educadores han estado en las cuentas bancarias de Banco Popular, generando poco o ningún interés, a pesar de una ley que exigía que se invirtiera ese dinero”, explicó Randi Weingarten, presidenta de la AFT.
Añadió que “nuestros maestros comprometidos se les prometió que sus contribuciones a las pensiones serían protegidas e invertidas sabiamente. Esa confianza fue traicionada. Esta demanda busca proteger la promesa solemne hecha a los maestros por el Gobierno cuando los maestros invirtieron su propio dinero en estas cuentas de jubilación durante el año pasado. Se pide a la corte que obligue al Gobierno a hacer lo que le exigía la ley de 2017: configurar cuentas de jubilación individualizadas para los maestros y proporcionar una restitución por los daños que sufrieron cuando su dinero permaneció inactivo en el Banco Popular”.
Mientras, Lee Saunders, Presidente de AFSCME, expuso que “hoy estamos tomando esta acción legal porque la indiferencia del Gobierno y de la Junta de Supervisión Financiera hacia los trabajadores de Puerto Rico constituye una violación de ley y un ataque vergonzoso en contra de su libertad de jubilarse con dignidad. Sin el consentimiento de los trabajadores, el Gobierno entregó el dinero que estos trabajadores ganaron con gran esfuerzo a un banco elegido por oficiales del Gobierno cuando ese dinero debió haber sido invertido adecuadamente para que las familias obreras de Puerto Rico pudieran ahorrar para su jubilación”.
“Es inaceptable que la Junta de Supervisión Financiera se haya hecho de la vista larga frente al fracaso del Estado de implementar el mandato del 1 de julio de 2017, mientras que un banco se enriquecía injustamente a costa de los trabajadores puertorriqueños. Los maestros y maestras de Puerto Rico, sus oficiales de seguridad pública y otros miles de empleados públicos trabajan todos los días para que sus comunidades sean más seguras y más fuertes. Los trabajadores públicos no hacen su trabajo para enriquecerse; lo hacen porque ese es su llamado. Han estado luchando por Puerto Rico a pesar de un desastre natural inimaginable y una crisis fiscal que no crearon. Por todos los sacrificios que han hecho y las medidas de austeridad que fueron impuestas sobre ellos, se merecen algo mejor que esta traición. Se merecen la seguridad de su retiro y respeto”, expresó Saunders.
“El Gobierno tiene la obligación de cumplir las responsabilidades que adquiere cuando crea legislación, porque quienes pagan las consecuencias de su negligencia son -en este caso en particular- los maestros y los empleados públicos. Los maestros nuevos que comenzaron a partir del 2014 sólo cuentan con un plan de contribución definida para su retiro. Una vez más, el Gobierno violenta una ley afectando los derechos de los maestros. La violación por parte del Gobierno de la Ley 106-2017 impide que el maestro reciba los intereses que dichas contribuciones pueden generar. Este es un daño enorme para nuestros representados. Parece mentira que tengamos que llegar hasta los tribunales para obligar al Gobierno a cumplir con lo que es su deber. Gracias a que los maestros no están solos y tienen a la Asociación de Maestros de Puerto Rico y a la AFT para defenderlos, el Gobierno tendrá que enfrentarse una vez más a un reclamo en los tribunales porque haremos todo lo que esté en nuestras manos para que cumplan con sus responsabilidades”, expresó Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico.
Sostuvo que “no es justo que un banco gane los intereses que deberían estar ganando esos maestros. Exigimos al Gobierno que inmediatamente abran esas cuentas individuales y las coloquen donde generen la mayor cantidad de intereses posibles, les comiencen a pagar el Seguro Social a los maestros y detengan la intención de la Junta de Control Fiscal de pasar a estos planes de contribución definida a los maestros activos protegidos por el Tribunal Supremo en su sentencia del 2014. Ningún gobierno debe legislar ni dejarse imponer estatutos que lleven a la miseria a nuestros maestros. Esperamos que, con esta acción, el gobierno de inmediato cumpla con su obligación para que quede académico este pleito y no haga perder más dinero al pueblo de Puerto Rico ni al magisterio”.
“Iniciamos esta acción en busca de reivindicar los derechos de los empleados y jubilados representados por nuestro sindicato quienes tienen derecho bajo la Ley 106 de 2017 a que las aportaciones personales sean segregadas, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan de aportaciones definidas y en cuentas separadas. Cuentas que, de conformidad con el estatuto y los mandatos de todos los planes fiscales de la Junta de Supervisión, se financian exclusivamente mediante deducciones del propio salario de los empleados públicos, y se supone que los titulares de las cuentas puedan invertir para acumular los ahorros de jubilación requeridos para su futuro apoyo financiero. Esos derechos están siendo pisoteados por el Gobierno, quienes han violado flagrantemente esta Ley y su responsabilidad manejando dinero que no le pertenece”, sentenció Annette González, Presidenta de Servidores Públicos Unidos.
