La Junta de Control Fiscal de Puerto Rico rehusó entregar un sinnúmero de comunicaciones entre la entidad y oficiales del Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Tesoro y otras agencias del Gobierno federal, alegando que son documentos confidenciales, como parte de un pleito de acceso a la información que lleva el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) hace un año y medio contra la entidad.
En una carta de dos páginas, con fecha del 21 de noviembre y dirigida a la representación legal del CPI, los abogados de la Junta argumentan que la divulgación de ciertos correos y documentos anejos afectarían la economía de la isla, los mercados de capital, investigaciones criminales en curso y “la habilidad de la Junta de ejercer sus poderes estatutarios”.
La entidad impuesta mediante la Ley Promesa por el Gobierno de Estados Unidos solamente menciona a grandes rasgos sus justificaciones, y provee descripciones generales sobre los documentos retenidos, cuya cantidad es desconocida. Tampoco nombra a las personas que forman parte de las comunicaciones que permanecen fuera del dominio público.
La demanda que el CPI lleva en contra de la entidad va dirigida a obtener acceso a las comunicaciones entre el ente rector, el Gobierno federal y el Gobierno de Puerto Rico. El pasado mes de mayo, el juez federal Jay A. García falló a favor del CPI y ordenó la entrega de estos documentos al considerarlos públicos bajo el derecho puertorriqueño. La Junta —cuyos abogados buscaron desestimar la acción para no tener que entregar los documentos requeridos— no apeló la decisión de García.
Tras más de cinco meses de espera e incumplimientos en las fechas acordadas, la Junta realizó a principios de octubre una entrega parcial: poco más de 5,600 documentos. Se espera que en enero se haga un nuevo envío de las comunicaciones requeridas, esta vez entre la Junta y el Gobierno de Puerto Rico, según indicó la representación legal de la Junta.
Los documentos obtenidos a esta fecha corresponden a intercambios entre la Junta y entidades federales, tales como el Congreso, el Tesoro y la Casa Blanca, y comenzaron a publicarse hoy como parte de una serie llamada “Los emails de la Junta”.
¿Qué no entregó la Junta?
La Junta usó cinco tipos de justificaciones para dejar fuera de su entrega comunicaciones entre oficiales de la entidad y personas en el Congreso, el Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Casa Blanca, entre otras dependencias federales.
En primer lugar, la Junta mencionó el privilegio legal llamado proceso deliberativo. Los abogados de la Junta aseguran que las conversaciones con funcionarios federales que se dan internamente previo a la toma de decisiones de política pública deben permanecer confidenciales. La carta indica que estas discusiones incluyen temas como el desarrollo de los planes fiscales del Gobierno, los fondos federales que recibe la isla, el uso del Título V de Promesa para acelerar “proyectos críticos” de infraestructura y la gobernanza de la Junta.
En segundo lugar, no se entregó “un número pequeño” de comunicaciones con el Congreso, cuya divulgación presuntamente sería “detrimental al interés público y afectaría la habilidad de la Junta en ejercer sus deberes estatutarios”.
“[Los] documentos en esta categoría incluyen comunicaciones confidenciales para las cuales el interés público que se atiende en no divulgarlas prevalece claramente sobre cualquier interés público en su divulgación”, lee la misiva firmada por el abogado de la Junta, Guy Brenner, del bufete Proskauer Rose. La carta no define el interés público que la Junta busca proteger.
En un tercer renglón, ciertas comunicaciones entre la Junta y agencias federales, como el Tesoro, no se entregaron debido a que “podrían tener un efecto adverso” en la economía de la isla y los mercados de capital.
Otra categoría de documentos confidenciales, según la Junta, corresponde al proceso de mediación que se da entre el Gobierno y sus acreedores, sujeto a una orden de la juez federal a cargo de la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain. Esto abre la puerta a la posibilidad de que la Junta haya compartido información relacionada con la mediación con funcionarios federales o que el Gobierno de EE. UU. participe de estas discusiones.
Por último, las comunicaciones relacionadas “con procesos de investigación de agencias federales de orden público”, como el Departamento de Justicia o el DHS, tampoco se divulgaron para no afectar pesquisas en curso ni revelar técnicas de investigación.
Le aplica a la Junta el derecho puertorriqueño
Para ayudar en la reconstrucción, el juez federal Jay García sostuvo que la Ley Promesa no prohíbe ni limita que la Junta esté sujeta al derecho puertorriqueño en materia de acceso a la información pública.
“Debido a su relación cercana con la libertad de expresión y asociación de la Primera Enmienda, y el derecho a llevar pleitos contra el Gobierno, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha declarado el acceso a la información pública como un derecho fundamental bajo la Constitución de Puerto Rico”, lee la decisión de García en el caso del CPI contra la Junta, que ordena la publicación de los documentos requeridos.
El juez federal también advierte que este derecho no es absoluto y que existen ciertas excepciones reconocidas por la jurisprudencia local. Sin embargo añade que “cualquier intento de la Junta en proteger documentos de ser divulgados tiene que estar adecuadamente apoyado por el derecho de Puerto Rico en este tema”.
En su carta, la Junta no hace alusión al derecho puertorriqueño ni incluye referencias directas a las cinco excepciones reconocidas por el Tribunal Supremo de la isla. Estas incluyen: si una ley dispone la confidencialidad de cierta información, si se trata de material protegido bajo las Reglas de Evidencia, si se afectan derechos constitucionales de terceros o si se pone en riesgo la identidad de informantes.
También está lo que se conoce como el privilegio ejecutivo de mantener en secreto cierta “información oficial” del Gobierno, incluidos documentos que sean parte del “proceso deliberativo”. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sido enfático en que este privilegio tampoco es absoluto y el Estado no puede reclamarlo de manera generalizada.
“Así pues, ante un balance inclinado en contra del privilegio, el Gobierno —en su momento— tendrá la obligación de ‘presentar prueba y demostrar la existencia de intereses apremiantes de mayor jerarquía que los valores protegidos por este derecho de libertad de información de los ciudadanos’”, lee la decisión del juez asociado del Tribunal Supremo, Roberto Feliberti, en el caso que llevó el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia, durante el verano de 2017 en contra de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para obtener copia de los presupuestos que entregó el Gobierno a la Junta en aquel momento.
A principios de este mes, el equipo de abogados del CPI — liderados por Judith Berkan y Steven Lausell— requirió como parte de la producción de documentos lo que se conoce en inglés como el privilege log, o la lista de aquellos documentos que no formen parte de la entrega bajo argumentos legales. Esta especie de bitácora debe incluir suficiente información para objetar, si fuera necesario, cualquier reclamo de material privilegiado, así como las personas que participan del intercambio de estos documentos, entre otros detalles.
En su carta, los abogados de la Junta aseguran que la entrega del privilege log no es necesaria.
Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede acceder la nota en www.periodismoinvestigativo.com
