Los senadores republicanos Jeff Flake, de Arizona, y Mike Lee, de Utah, querían mantener en secreto su interés de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una corporación pública del Gobierno de Puerto Rico. Casi un mes después de que el huracán María destruyera el sistema energético del país, un representante de Flake comenzó a enviar correos electrónicos a Andrew Biggs, un conservador experto en planes de retiro e integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF), la entidad nombrada por el Gobierno federal para asegurarse de que Puerto Rico pague su deuda pública.
“Las oficinas de Flake y Lee han estado impulsando en voz baja la idea de legislación para la privatización de la AEE por la cual los miembros de la JCF han abogado”, escribió Chuck Podolak, entonces asesor del senador Flake, al buzón de Biggs. “Somos novatos en el juego de la AEE y queremos saber si nos pueden dar unos minutos al teléfono para tener trasfondo acerca de qué se ha pensado para hacer esto [la privatización]”, continuaba Podolak.
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Estas comunicaciones con miembros de la JCF no solo revelan la intención de ambos senadores de mover los hilos de la privatización de forma encubierta desde el teatro de poder federal, sino que demuestran la profundidad de la subordinación política del territorio puertorriqueño ante EE. UU. Develan, además, la falta de independencia de la JCF, que está llamada a actuar con criterio propio.
Los correos electrónicos fueron obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), tras una demanda en el Tribunal federal para que la JCF entregue documentos sobre sus comunicaciones con el Gobierno federal, entre otros.
“El propósito de las juntas de control fiscal es precisamente remover el factor político para atender exclusivamente problemas financieros”, explicó en una entrevista con el CPI Deborah Kobes, doctora en Economía Política y Gobernabilidad del Massachusetts Institute of Technology, y quien hizo una disertación sobre estos organismos alrededor de EE. UU. y sus efectos en la democracia. “Esto no quiere decir que los miembros de las juntas no pueden interactuar con los protagonistas de la política, pero pueden perder credibilidad si se ven como una herramienta de ellos”. Los estándares de auditoría de la Oficina del Contralor de EE. UU. (GAO, por sus siglas en inglés), que también sirven de modelo a Gobiernos locales, ordenan que auditores y entidades reguladoras estén libres de influencias, incluidas las políticas e ideológicas, que puedan comprometer su objetividad.
El 23 de octubre de 2017, Flake y Lee objetaron en el Senado que el Gobierno federal otorgara fondos suplementarios para desastres para Puerto Rico, porque querían, antes insertar enmiendas, reformas en el sector energético. Ese mismo día, el exasesor de Flake, Podolak, insistió en hablar por teléfono con Andrew Biggs porque buscaba información sobre la AEE, en momentos en que el Senado discutía la legislación para otorgar el dinero para desastres. “Con el proyecto de ley de alivio en el hemiciclo esta semana, creo que los senadores Flake y Lee pueden estar interesados en arrojar luz sobre la AEE”, le dijo en un email, en referencia a su postura sobre que la corporación pública debía privatizarse. “Espero tener pronto un borrador de legislación para consultarte”, le dijo Podolak a Biggs en otro email, en el que también pidió que le presentara a Ana Matosantos, asesora financiera y de presupuesto que pertenece a la JCF, para discutir temas de política pública de la AEE.
Un día después, el 24 de octubre, Ana Matosantos tenía en el buzón de su correo electrónico un mensaje:
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“Los senadores Flake y Lee se han interesado en impulsar algunas reformas necesarias para el sector energético de Puerto Rico, incluida la privatización de la AEE. Han presentado enmiendas al proyecto de ley de fondos suplementarios para desastres, pero, debido a algunos escollos procesales, el camino es incierto”.
Podolak le dijo a Matosantos que el día anterior había tenido una buena conversación con Biggs, quien sugirió que hablara con ella. Podolak alega en el mensaje que quiere asegurarse de que el trabajo de los senadores sea complementario al que ya estaba haciendo la JCF.
Flake y Lee mantenían el pulseo de la privatización tras haber recibido donativos para sus campañas políticas de poderosas corporaciones globales y estadounidenses del sector energético. Así se consigna en la página web Open Secrets, que recopila los datos sobre cabilderos y donativos a las campañas políticas. Y empujar la privatización fuera del escrutinio público mientras se recibe ese dinero levanta cuestionamientos sobre posibles influencias indebidas de esas corporaciones, que esperan imponer sus intereses como recompensa por el donativo, según Craig Holman, quien cabildea en el Congreso de EE. UU. en favor de la ética gubernamental y la reforma del financiamiento de campañas políticas, como representante de la entidad activista Public Citizen.
El saliente senador Flake ha recibido en los ciclos electorales de 2010 a 2018 unos $789,784 dólares en donativos del sector de la energía. Le han donado empresas como ExxonMobil (multinacional de petróleo y gas), Duke Energy (multinacional eléctrica y contratista para la restauración del sistema energético tras el huracán María) y Chevron (industria del petróleo, gas natural y energía geotermal).
Mike Lee cuenta con donantes como Chevron, Halliburton (servicios para yacimientos petroleros) y Koch Industries (gas natural y refinamiento de petróleo), de los que ha recibido $542,415 dólares de 2010 a 2018.
Citigroup, el banco de inversiones que gestionará la transacción para la alianza público privada que administre la red de transmisión y distribución de la AEE, donó $11,400 dólares a las campañas de ambos senadores en el mismo período.
Promover la privatización de la AEE mientras se recibe dinero de industrias del sector energético no es ilegal. “Pero es antiético. Es un tipo de corrupción sutil. Y hace el mismo daño a la integridad de nuestro Gobierno”, sostuvo Holman. “Esto es un reflejo de los pobres estándares éticos del sistema político estadounidense. Es una influencia indebida porque están dando dinero porque quieren algo. Esto levanta los cuestionamientos hacia estos senadores”.
Flake y su exasesor Podolak no respondieron a una petición de entrevista. La secretaria de prensa de Lee dijo que este no haría comentarios al respecto.
Mientras, el equipo de comunicaciones de la Junta solo aceptó preguntas por escrito para Biggs, y las respondió parcialmente:
“¿Por qué tuvo usted comunicaciones directas con representantes de los senadores Flake y Lee para la privatización de la AEE? ¿Está de acuerdo con que los senadores hayan retrasado la ayuda para desastres después del huracán porque querían privatizar la AEE?”, preguntó el CPI.
“La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico mantiene comunicaciones regulares con múltiples sectores interesados, incluidas las agencias del Gobierno federal y sus funcionarios, así como los miembros del Congreso y sus equipos de trabajo. Estas comunicaciones son una parte integral de las responsabilidades de la Junta de Supervisión, según establecido en Promesa, dada la importancia de estos funcionarios y el impacto de sus determinaciones sobre todos los sectores económicos de Puerto Rico”, indican parte de las respuestas que preparó el equipo de comunicaciones de la JCF. “La Junta también cree que el Gobierno federal y el Congreso no deben tratar a Puerto Rico diferente a otra jurisdicción estadounidense con relación a los fondos o la provisión de ayudas por desastres”.
La agencia de comunicaciones de la JCF no respondió a si Biggs está de acuerdo con que desde el Congreso se lidere una iniciativa para privatizar la AEE y qué puede decir de que Flake y Lee recibieran en conjunto más de $1.3 millones de dólares en donativos de corporaciones de energía, algunas de las cuales podrían beneficiarse de la privatización de la AEE.
“¡Aquí ha habido tantos intereses!”
Cuando se enteró de los correos entre los senadores y la JCF, al director de finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), Tom Sanzillo, le pareció extraño que estos no hicieran su acercamiento como parte del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado. Lo hacían desde sus propias oficinas. Además, Chuck Podolak no estaba contratado directamente por ese Comité, sino que era un empleado político de Flake.
Podolak, un expiloto de la Fuerza Aérea, posee un doctorado en Geomorfología de Johns Hopkins University, en Maryland. En marzo de 2018, comenzó a dirigir la división de contratos y derechos de agua de Salt River Project, una compañía pública del estado de Arizona, que da servicios eléctricos y de agua. Podolak no es abogado ni tiene preparación financiera que le acrediten para manejar conversaciones con la Junta de Control Fiscal para abogar por la privatización de la AEE, señaló Sanzillo.
“¿Por qué tiene que estar involucrado en este proceso una persona como Podolak? El Congreso, como autor de Promesa, tienen un interés legítimo en los asuntos de la deuda de Puerto Rico, pero esta no es la manera de ejercerlo”, dijo Sanzillo. “La manera legítima del Congreso es pasar legislación para Puerto Rico si lo pide. Pero empujar en este momento una ley que no tiene mérito es un problema real. Esta acción que me describes demuestra que el Congreso está actuando de forma inapropiada y perjudicando la independencia de la Junta de Control Fiscal y del Gobierno local para arreglar su sistema eléctrico. Aquí tenemos dos senadores que están empujando políticas en la Junta que no tienen una razón de ser. Eso es inapropiado. Deberían mantenerse fuera”.
Sanzillo sostiene que nadie ha presentado razones lógicas para privatizar. “Privatizar no tiene nada que ver con mejorar los servicios eléctricos’’.
La IEEFA denunció en julio de 2018 que un grupo de congresistas estaba interfiriendo en el proceso de la privatización, en lugar de apartarse para que funcione sin influencias la reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas. IEEFA señaló con el dedo al representante republicano por Utah, Rob Bishop, quien ha intercedido en favor de los intereses del gas natural para Puerto Rico. La prioridad debe ser mover el sistema energético al uso de más fuentes renovables, según la organización.
“Aquí ha habido tantos intereses!”, sostuvo el senador del Partido Nuevo Progresista Larry Seilhamer, coautor del P. del S. 1121, un proyecto de ley para establecer una nueva política pública energética que elimina el monopolio de la AEE y abre la puerta a la participación de sectores privados, públicos y sin fines de lucro para el sistema de energía. Seilhamer no solo se refiere a las noticias de los congresistas Flake, Lee y Bishop, sino también a los intentos del senador republicano por Alaska, Don Young, quien incluso circuló un borrador de su plan para la privatización de la AEE. “Por eso es que tenemos que asumir el rol en la legislatura de Puerto Rico y establecer claramente que el asunto energético es un asunto de los puertorriqueños”.
Además de la interferencia de los legisladores, hay un fuerte choque de poderes entre organismos federales y el Gobierno local. El Departamento de Energía de EE. UU. ha pulseado con el gobernador, Ricardo Rosselló, por el protagonismo de la reestructuración del sistema energético. El Cuerpo de Ingenieros, que tuvo a cargo parte de la reconstrucción de la infraestructura de la AEE, fue criticado por Rosselló por excesiva burocracia y falta de sentido de urgencia.
“Tenemos que tomar el liderato, establecer la visión de Puerto Rico en su asunto energético’’, dijo Seilhamer. “Y en la medida en que nosotros podamos proveer dirección clara y precisa, eso va a facilitar que los acreedores lleguen a un acuerdo y que los inversionistas se sientan cómodos. No he recibido ningún tipo de comentario de parte de la Junta de que este proyecto de política pública energética no se deba atender. Todos están a la espera de que el proyecto se atienda y dé dirección, que al final del día va a definir el desarrollo económico de Puerto Rico”, agregó.
La AEE se encuentra reestructurando su deuda con los acreedores en el Tribunal federal, por medio del Título III de Promesa. La corporación pública mantiene abierta una petición de propuestas para crear una alianza público-privada para gestionar la red de transmisión y distribución de energía, mientras planifica ofrecer en venta, o como concesión, sus plantas generatrices de electricidad.
Empleado del Tesoro reclama que Rosselló actuó fuera del libreto
Antes del huracán, ya había arreciado el forcejeo entre el Gobierno electo de Puerto Rico y la JCF por el liderazgo del proceso de transformación de la AEE. No fue la Junta, sino Rosselló, quien en la tarde del 22 de enero de 2018 sacó a la luz pública un plan para la privatización. Hablaba de la necesidad de terminar con años de malos manejos, de corrupción y de frecuentes apagones.
Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, envió un mensaje a Craig Phillips, consejero del secretario del Tesoro de EE. UU., con reseñas de noticias que trataban sobre el anuncio de la privatización. Al enterarse, Phillips estalló.
“No se había hablado de hacer esto inmediatamente”, le dijo a Jaresko respecto a hacer el anuncio sin que le hubieran informado. “Este patrón de comunicación no es tolerable. Quiero contactarlos para pedir una reunión para entender todo esto. ¿A quién recomienda que contactemos?”
“Recomiendo a Christian”.
“¿Quién es Christian? ¿Puedo tener sus detalles y puesto para contactarlo?”
“Christian Sobrino, el caballero que conoció, el representante del gobernador en la Junta y presidente de la [Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico] AAFAF”.
El consejero del Tesoro de EE. UU. estaba haciendo una especie de supervisión de la JCF y había olvidado el nombre del único representante del Gobierno electo de Puerto Rico en ese organismo. Sobrino, en efecto, confirmó al CPI que había hablado con Phillips luego de que Rosselló anunciara la privatización de la AEE. “Yo le dije: ‘Mira, Craig, perdona que no pude avisar del anuncio, pero era algo que el gobernador estaba trabajando hace poco. No quería que se fuera a filtrar porque era un anuncio muy importante para Puerto Rico, un cambio de paradigma bien grande’. Y Craig lo que me indicó fue: ‘Mira, tienes nuestro apoyo. Me puedes hacer saber lo que van a hacer’. Craig me dejó saber que no le encantaba la idea de enterarse de las cosas por el periódico”.
No era la primera vez que Craig Phillips se enteraba en la prensa sobre asuntos que estaba negociando con el Gobierno de Puerto Rico. En otro email que había enviado a Jaresko el 28 de diciembre de 2017, Phillips se quejaba de unas declaraciones de Sobrino en un artículo en el que aseguraba que la administración de Rosselló estaba cerca de un acuerdo con el Tesoro federal para obtener un préstamo de emergencia para desastres. Phillips decía que la cita de Sobrino en la prensa era lo contrario a lo que se había hablado. “Puedo decir que desde nuestra perspectiva esta es una estrategia de comunicación que cansa”, le dijo a Jaresko. Esta intentó explicar lo que significaban las declaraciones de Sobrino: “Sólo puedo pensar que están hablando para el público local”.
¿Por qué Phillips exige explicaciones en ese tono por un anuncio del Gobierno electo respecto a una corporación pública puertorriqueña?
“Cuando estás hablando de miles de dólares federales, los oficiales federales en general se sienten que tienen que saber todo lo que está pasando”, dijo Sobrino en entrevista con el CPI. “También hay un elemento adicional y eso no se puede negar, y es que Puerto Rico es un territorio, hay un elemento posesivo en toda comunicación. Y también hay una razón por la Junta, porque se están anunciando unas cosas que la Junta no sabe.
¿La Junta no sabía que el gobernador iba a hacer ese anuncio? “No. El gobernador hizo ahí una declaración de política pública trascendental para Puerto Rico. Y es nuestra. De los puertorriqueños. Es del gobierno de Puerto Rico. No es por imposición de nadie”.
El anuncio también tomó por sorpresa a la administradora regional adjunta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Ahsha Tribble, quien había sido enviada a Puerto Rico para dirigir desde esa entidad los asuntos de reconstrucción de infraestructura y energía tras el huracán. “Hay interés en tener una aclaración sobre la intención de ‘privatizar’ la AEE. Creo que sería de ayuda que expliques el plan versus lo que apareció en el comunicado de prensa”, escribió Tribble el 27 de enero de 2018 a Noel Zamot, coordinador de revitalización de infraestructura de la JCF, en referencia al anuncio de Rosselló.
Hasta ese momento, la propuesta que barajaba la Junta era vender la AEE como un todo, para supuestamente bajar los costos de la electricidad, lo que hubiera conllevado terminar un monopolio público para crear otro privado. “Eso yo entendía que iba a ser un gran error. En diciembre de 2017, fueron los antiguos miembros de la Junta de directores de la AEE quienes empiezan a ver otros modelos de privatización, como el de Long Island, en el que se separan la transmisión y distribución de la generación”, explicó Sobrino. Ese modelo fue el que prevaleció en la propuesta de Rosselló.
En el Congreso, mientras tanto, ya estaba encendido el debate de la AEE. Sobrino asegura que no sabía del plan de Flake y Lee. Sí sabía de la propuesta del representante republicano por Alaska, Don Young, impulsado por corporaciones que entendían que la mejor manera de hacerlo era por una ley federal, y que se negaban que fuera el Gobierno de Puerto Rico el que asumiera la responsabilidad de su corporación pública.
¿Cuáles son esos grupos de inversionistas?
“Me tengo que reservar quiénes son porque puede ser que estén participando ahora mismo en el proceso de licitación para la alianza público privada del sistema de transmisión y distribución de energía y no quisiera afectar ese proceso. Pero sí recuerdo que alguien de la compañía Shell estaba involucrado. Una vez vinieron a visitarme y yo fui muy cándido y les dije que esta privatización va a darse, pero es en la ley local, en un proceso abierto y no agradecemos que estén cabildeando para este tipo de medidas, como la privatización desde el Congreso de EE UU, porque no abona a la confianza del proceso”.
Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede accederlo completo en periodismoinvestigativo.com
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