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UPR tendrá que devolver más de un millón al Gobierno de EE. UU.

Por mal uso de fondos federales

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. RIO PIEDRAS. FOTO DENNIS A. JONES METRO PR 24 DE FEBRERO DEL 2016 (DENNIS A. JONES)

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El 21 de noviembre de 2018, el gobierno de los Estados Unidos recuperó la suma de 1,772,790 dólares de la Universidad de Puerto Rico (UPR) como parte de un acuerdo de conciliación alcanzado en relación con las reclamaciones de uso indebido de los fondos otorgados al UPR por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el Departamento de Energía (DOE) y la Fundación Nacional de Ciencia (NSF).

La Oficina del Inspector General de la NASA, el DOE y la NSF involucradas en esta investigación están profundamente comprometidas con la lucha contra el fraude, el despilfarro y el abuso, y aseguran que los fondos federales se utilicen para los fines previstos y los destinatarios.

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“La Oficina del Inspector General de la NASA continuará investigando agresivamente cualquier intento de estafar a los subsidios, contratos y operaciones de la NASA”, dijo el inspector general de la NASA Paul Martin en declaraciones escritas.

“La OIG de la NASA aprecia los esfuerzos de cooperación de todo el equipo de investigación y procesamiento durante esta investigación de varios años y felicita al equipo por alcanzar un acuerdo civil final en este asunto”, añadió.

La investigación reveló que la UPR no cumplió con los requisitos de tiempo y esfuerzo de los sueldos y salarios para garantizar que la nómina para las distintas subvenciones se cobrara de manera correcta y adecuada para el año calendario 2011. El UPR proporcionó varias certificaciones que aseguraban el cumplimiento de las reglas de la subvención, cuando de hecho, sus registros no lograron conciliar los montos presupuestados reportados a la NASA, el DOE y la NSF. Según la Ley de reclamaciones falsas, Título 31, Código de los Estados Unidos, Secciones 3729 y siguientes, durante el período de la conducta cubierta, los Estados Unidos pueden recuperar hasta tres veces el monto de la pérdida y las sanciones monetarias civiles que van desde 5,500 a 11,000 dólares por reclamo, además de la inhabilitación de la futura participación en fondos federales.

“Es imperativo que los beneficiarios de los premios federales utilicen el dinero de la subvención de manera adecuada, y que rastreen y apoyen los gastos de sus premios utilizando sistemas de contabilidad efectivos e informes precisos de tiempo y esfuerzo”, dijo Allison Lerner, Inspectora General de la Fundación Nacional de Ciencia.

“La Oficina del Inspector General de la NSF se compromete a buscar enérgicamente la supervisión de los fondos de los contribuyentes dedicados a la investigación científica y felicito a la Oficina del Fiscal de los EE. UU. Ya nuestros socios de investigación por su firme apoyo en este esfuerzo”, añadió.

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“La Oficina del Inspector General del Departamento de Energía de los EE. UU. Está comprometida a garantizar la integridad de nuestros beneficiarios de subvenciones al responsabilizar a quienes eligen participar en reclamaciones falsas y esquemas de cobro incorrecto. Este acuerdo es el resultado de una investigación conjunta que protegió al gobierno de reclamos inflados. “Apreciamos los esfuerzos del Departamento de Justicia en la búsqueda de este asunto y continuaremos trabajando en colaboración con nuestros socios de investigación para investigar agresivamente a aquellos que buscan defraudar los programas gubernamentales”, dijo el inspector general interino April Stephenson.

“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos continuará investigando los asuntos relacionados con el fraude de la subvención tanto por motivos penales como civiles y perseguirá agresivamente las acciones contra aquellos que presentan reclamaciones falsas a los Estados Unidos”, dijo fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

“Elogio el arduo trabajo y la dedicación de la Oficina del Inspector General y el equipo de fiscales que manejó el caso”, añadió.

El caso fue procesado por el Asistente del Fiscal de los Estados Unidos David Martorani-Dale, Coordinador Afirmativo de Cumplimiento Civil, y el Asistente del Fiscal de los Estados Unidos, Héctor Ramírez Carbó, jefe de la División Civil.

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