El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión envió una carta al gobernador Ricardo Rosselló en la que detalla incumplimientos del Gobierno con la Ley Promesa, a la vez que le indica que deben solucionarlos lo más pronto posible.
“Primero, el 6 de agosto de 2018, la Junta de Supervisión adoptó una política sobre normas, reglamentos y órdenes. Como se establece claramente en la Política y como se establece en la Sección 204 (b) (4), la Junta de Supervisión estableció una política para exigir la aprobación previa de la Junta de Supervisión de ciertas ’reglas [s], regulaciones [s] u órdenes ejecutivas [s] ] propuesto para ser emitido por el Gobernador (o el jefe de cualquier departamento o agencia del gobierno territorial) para garantizar que “no sean inconsistentes con el Plan Fiscal aprobado’. La Política se aplica a cualquier “orden ejecutiva que se emita en relación con o que se refiere a la clasificación de derechos de la mancomunidad (que incluye el Ejecutivo, Legislativo y los poderes judiciales del gobierno) o cualquier instrumentalidad”, incluida sin limitación cualquier orden ejecutiva relacionada con “compensación o beneficios para empleados'”, expuso Carrión en la misiva de tres páginas.
Este agregó que el propósito de la Política es otorgar a la Junta de la capacidad de hacer que el Gobierno cumpla con el plan fiscal certificado.
De igual forma, detalló que en el último mes, Rosselló ha firmado tres órdenes ejecutivas: 2018-044, 2018-046 y 2018-049, que corresponden a la compensación o beneficios para empleados, y por lo tanto están sujetos a la política de la Junta. Según Carrión, ninguna de esas órdenes ejecutivas fueron consultadas con la Junta.
Destaca incumplimiento con informes
Por otro lado, el presidente del ente creado por la Ley Promesa también indicó que “la Sección 204 (a) (1) – (2) dispone que “a más tardar 7 días hábiles después de que [el Gobierno] haya promulgado debidamente cualquier ley. . ., el Gobernador someterá la ley a la Junta de Supervisión “junto con una” estimación formal. . . del impacto, si lo hay, que tendrá la ley en los gastos e ingresos “y una” certificación “que opinará si la ley es” significativamente inconsistente con el Plan Fiscal”. Según el portavoz de la Junta el Gobierno tampoco ha cumplido con esa parte de Promesa. “La última vez que recibimos una ley, una estimación formal y una certificación suya fue el 29 de agosto de 2018 con respecto a la Ley 142”, sentenció.
Carrión destacó que desde ese entonces se han promulgado más de 100 leyes. Además, recordó al gobernador que en una carta con fecha del 13 de septiembre de 2018 se le había recordado al Gobierno que debía entregar los informes a siete días de promulgar una ley.
Además, la Junta mencionó que el Gobierno no ha entregado los informes de presupuesto. “El Gobierno no presentó el presupuesto completo de la Sección 203 (a) a los informes reales para el Gobierno central, AEE, AAA, UPR o ACT para el año fiscal 2018”, recordó Carrión, quien pidió esa información antes del 21 de diciembre.
Finalmente, este indicó que “como ustedes saben, estos mandatos en PROMESA no son opcionales. La Junta de Supervisión le solicita que cumpla con cada uno de ellos de manera inmediata para que la Junta de Supervisión no tenga que tomar medidas para hacer cumplir el cumplimiento”.
Gobierno
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino aseguró que han cumplido “sustancialmente” con la publicación de los informes de gasto, a la vez que destacó que los informes sobre las órdenes administrativas no se han podido entregar por los recortes de presupuesto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
“En término de los informes de la actual gasto del Gobierno, que es lo que ellos le dicen “Budget to action”, nosotros en AAFAF publicamos todas las semanas un informe acerca de todos los ingresos, todos los gastos están desglosados en el anejo”, expuso el funcionario, quien agregó que “entendemos que si la Junta quiere alguna información adicional a ese informe vamos a estarlo trabajando con el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pero el Gobierno de Puerto Rico sí ha estado cumpliendo sustancialmente con los informes que se le ha solicitado”.
Según Sobrino, “en términos de la certificación de leyes hay algunas que se han aprobado y no se han podido preparar las certificaciones y gran parte es porque la Junta le recortó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda el presupuesto que se utilizaba”.
Por último, el funcionario agregó que diversas agencias se reunirán esta semana para evaluar los pedidos de la Junta, y que esperan contestar la carta de Carrión en esta semana.
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