El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, envió una carta al gobernador Ricardo Rosselló en la que detalla incumplimientos del Gobierno con la Ley Promesa, a la vez que le indica que deben solucionarlos lo más pronto posible.
“Primero, el 6 de agosto de 2018, la Junta de Supervisión adoptó una política sobre normas, reglamentos y órdenes. Como se establece claramente en la Política y como se establece en la Sección 204 (b) (4), la Junta de Supervisión estableció una política para exigir la aprobación previa de la Junta de Supervisión de ciertas ‘reglas [s], regulaciones [s] u órdenes ejecutivas [s] ] propuesto para ser emitido por el gobernador (o el jefe de cualquier departamento o agencia del Gobierno territorial) para garantizar que “no sean inconsistentes con el plan fiscal aprobado’. La política se aplica a cualquier “orden ejecutiva que se emita en relación con o que se refiera a la clasificación de derechos de la mancomunidad (que incluye el Ejecutivo, Legislativo y los poderes judiciales del Gobierno) o cualquier instrumentalidad”, incluida, sin limitación, cualquier orden ejecutiva relacionada con “compensación o beneficios para empleados””, expuso Carrión en la misiva de tres páginas.
De igual forma, detalló que, en el último mes, Rosselló ha firmado tres órdenes ejecutivas: 2018-044, 2018-046 y 2018-049, que corresponden a la compensación o beneficios para empleados, y por lo tanto, están sujetos a la política de la Junta.
Según Carrión, ninguna de esas órdenes ejecutivas fueron consultadas con la Junta. Además, la Junta mencionó que el Gobierno no ha entregado los informes de presupuesto.
Gobierno asegura que ha cumplido
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, aseguró que han cumplido “sustancialmente” con la publicación de los informes de gasto, a la vez que destacó que los informes sobre las órdenes administrativas no se han podido entregar por los recortes de presupuesto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Según Sobrino, “en términos de la certificación de leyes hay algunas que se han aprobado y no se han podido preparar las certificaciones, y gran parte es porque la Junta le recortó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda el presupuesto que se utilizaba”.
