Cada vez que hay una reunión pública de la Junta de Control Fiscal para Puerto Rico se crea un operativo de seguridad que involucra a, por lo menos, cinco agencias federales, más de 50 funcionarios, la escolta de una compañía de seguridad privada y policías estatales. Correos electrónicos entregados al Centro de Periodismo Investigativo luego de una demanda de acceso a la información muestran cómo se eslabona este costoso cinturón de seguridad, coordinado principalmente con el presidente de la entidad, José Carrión.
“El Servicio de Protección Federal (FPS) me acaba de informar que tendrán barricadas frente a nuestro edificio, ya que esperan una gran multitud protestando por PROMESA”, le escribió a Arthur González, miembro de la Junta de Control Fiscal, un funcionario de uno de los edificios donde se llevó a cabo una reunión de la entidad en Nueva York.
“Es importante averiguar el protocolo para sacar a cualquier manifestante del salón de la Junta”, le escribió Carlos García, otro miembro de la Junta, al personal de seguridad para otra reunión.
“Convocan a una protesta contra la Junta federal en Nueva York”, lee el título de un email enviado por un funcionario del Departamento del Tesoro al integrante de la Junta Arthur González.
Antes de su primera reunión pública en Puerto Rico el 18 de noviembre de 2016, Carrión se comunicó con la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, en inglés) para solicitar más agentes de seguridad. La GSA refirió a Carrión al Servicio de Protección Federal (FPS, en inglés), una división del Departamento de Seguridad Nacional, para ver si era posible que asignaran más agentes de los que ya custodiaban el edificio donde planificaba reunirse la Junta, el Federico Degetau Federal Building en Hato Rey.
Según la Ley Promesa, el ente puede solicitar servicios de apoyo administrativo a la GSA u otras agencias federales, de manera reembolsable o no reembolsable, para cumplir con sus responsabilidades. Pero, en vez de comunicarse directamente con el Servicio de Protección Federal, Carrión le escribió a otro miembro de la Junta, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García.
“Creo que tienes un contacto que podría ayudarnos aquí”, dice el email en el que Carrión le explica que solicitó más seguridad a la GSA para la primera reunión de la Junta en la isla. El contacto de García en el Servicio de Protección Federal era el agente Jason Martínez.
“Solicitamos respetuosamente que se asignen más agentes del FPS para esta reunión y para coordinar la logística de seguridad, incluida la forma en que los miembros de la junta entrarán y saldrán de las instalaciones del edificio y las medidas de seguridad generales dentro y fuera de la reunión”, escribió García a Martínez.
Martínez le informó de la solicitud a Clyde Beatty, comandante de Distrito para Puerto Rico del FPS. Pero en otro email canalizó la solicitud de más agentes hacia Roberto Escobar Vargas, un oficial federal jubilado y presidente de la compañía de seguridad privada ESC Group.
“Buenas tardes, a su solicitud, el FPS y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. han identificado a una persona (oficial federal jubilado) que debería poder satisfacer las necesidades y preocupaciones de seguridad de la Junta. A la brevedad posible, llama a mi celular para hablar sobre él”, escribió Martínez el 3 de noviembre de 2016 a Carrión y García.
Al día siguiente, Carrión respondió: “Jason, fue bueno hablar contigo hoy. Debajo está mi información de contacto”. A lo que Martínez contestó un día después: “Fue bueno hablar con usted también. Según lo hablado, debajo está la información de contacto del señor Escobar. Yo hablé con él y está pendiente para hablar con usted”.
Dos semanas más tarde, ESC Group dio seguridad a la primera reunión de la Junta en Puerto Rico por un costo de $9,150, a pesar de que todavía no había firmado un contrato. El precio de la seguridad que cobró ESC Group en esa ocasión contrasta con lo que cobró la GSA por la seguridad en la primera reunión de la Junta en Nueva York: $899, según datos provistos por la Junta de Control Fiscal al CPI.
GSA también tuvo a su cargo la seguridad del segundo encuentro público por un costo de $1,488. Ambas reuniones se llevaron a cabo en edificios federales de Nueva York, donde la GSA tiene jurisdicción para dar protección.
La reunión más costosa en términos de seguridad hasta la fecha ha sido la del 31 de marzo de 2017 en el Centro de Convenciones en San Juan, por la cual ESC Group facturó $15,045. En esta reunión estuvieron el gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, Ignacio Álvarez, presidente de Operaciones del Banco Popular y Agustín Arellano, principal oficial ejecutivo de Aerostar Airport Holdings, entre otros. En las afueras, cientos de personas, principalmente estudiantes y profesores universitarios, protestaron en contra de las políticas adoptadas por la Junta. Esa mañana, otro grupo de manifestantes entró a protestar en el edificio donde está la oficina de negocios de Carlos García.
En total, la Junta ha gastado $75,454 en seguridad privada o federal para sus encuentros públicos desde que comenzó funciones, aunque la Policía de Puerto Rico no ha ofrecido la información sobre los costos del operativo policial local para cada reunión de la entidad. Además, El Vocero reveló que, entre julio de 2017 y abril de 2018, los agentes de la Policía de Puerto Rico asignados a la protección personal de Carrión reclamaron 4,540 horas, por las que se desembolsaron $125,397.
El contrato de ESC Group
Escobar Vargas firmó su primer contrato con la Junta de Control Fiscal el 1.o de diciembre de 2016 a un costo de $7,500 al mes, más $150 por horas extras que sobrepasen las 64 horas al mes. El contrato tiene un tope de $45,000 y vigencia de diciembre a mayo de 2017. Los guardias de seguridad bajo este contrato cobran entre $40 y $55 la hora, según lo determine Escobar Vargas, a quien se le paga como contratista independiente por “asignación de proyectos” que siempre coinciden con las reuniones de la Junta.
¿Cuál es la relación entre Jason Martínez y Carlos García?, preguntó el CPI a la Junta.
“Se conocieron durante el proceso de conseguir un lugar federal para llevar a cabo las primeras reuniones de la Junta. El Sr. García confirma que no tienen relación aparte de eso”, respondió su portavoz, José Luis Cedeño.
Hasta ahora, la Junta y Escobar Vargas habían firmado cinco contratos por servicios de seguridad, con topes que varían de $45,000 a $300,000, y que en total suman $760,000. Los contratos incluyen la posibilidad de reembolsos por gastos, como viajes, dieta, equipaje y hospedaje.
Escobar Vargas fue oficial de corrección y policía municipal. Luego se convirtió en agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional en Puerto Rico, de 2000 a 2012.
Para atender la seguridad del director ejecutivo de la Junta y su oficina en San Juan, ESC Group sirve de enlace a la División de Seguridad y Protección de la Policía de Puerto Rico, según los contratos. Entre sus tareas está trabajar con “la comunidad de inteligencia para recopilar información y desplegarla para mantener a salvo al director ejecutivo y su oficina en San Juan”. También debe coordinar con el Servicio de Protección Federal “cuando el director ejecutivo se encuentre en una instalación federal y brindarle seguridad personal y a las oficinas de la Junta de Supervisión en San Juan según sea necesario”.
A diferencia de otros contratos que ha otorgado, la Junta no hizo una solicitud de propuesta (RFP) para contratar a una compañía de seguridad. Su reglamento no los obliga a hacerlo.
Oposición desde el principio
Cuando el presidente Barack Obama firmó Promesa el 30 de junio de 2016, un grupo de ciudadanos que se convocó por las redes sociales estableció un campamento en contra de la Junta frente al Tribunal Federal de Hato Rey. Y cuando fueron nombrados los miembros de la Junta dos meses después, organizaron una manifestación frente a un hotel de San Juan en donde se realizaba un seminario sobre la Ley Promesa; la calle Ashford en Condado quedó bloqueada, hubo piedras, macanazos, arrestos y cristales rotos.
Esa tarde se conocieron los nombres del grupo de siete integrantes que nombró el Congreso a la Junta.
La diáspora de Nueva York también se activó en contra de la Junta. Cuatro días antes de que se celebrara la primera reunión de la entidad en esa ciudad el 30 de septiembre de 2016, José Carrión recibió este email: “Para tu información… Un artículo dice que se está organizando una protesta para las 7:00 a. m. alrededor del Hamilton Building”.
“Gracias, Adam. Lo leí. Vamos a ver si coge vuelo”, contestó Carrión a Adam Chepenik, que era funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la administración Obama y jugó un rol central en la creación de Promesa.
Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede accederlo completo en periodismoinvestigativo.com
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