Luego de evaluar las declaraciones juradas presentadas por los fiscales del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) y los documentos sometidos en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, la jueza Jazdel Ramos Colón determinó ayer no causa para arresto en ninguno de los tres cargos en contra la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced.
Contra la funcionaria, se presentaron dos cargos por supuesta violación al Artículo 4.2 b de la Ley de Ética, y un cargo por alegado uso indebido de sus funciones y el poder que le otorga el puesto que ocupa, tipificado en el Artículo 252 del Código Penal.
Dicho Artículo establece que “toda persona que utilice de forma ilícita, para su beneficio o para beneficio de un tercero, propiedad, trabajos o servicios pagados con fondos públicos será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares”.
Asimismo, el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental prohíbe que un funcionario público se valga de su puesto para buscar beneficios para terceros.
En su turno de planteamientos de defensa, el licenciado José Andreu Fuentes argumentó que la definición de “beneficio” al que se refiere la Ley de Ética abarca exclusivamente el aspecto económico o monetario.
“No comprende beneficios de carácter abstracto […] El beneficio bajo la ley de Ética Gubernamental siempre tiene que ser de carácter económico”, apuntó Andreu Fuentes.
La defensa nunca negó la participación de la secretaria en la reunión que sostuvieron los fiscales que atendían el caso de escalamiento, pero argumentaron que Vázquez Garced no habría violentado la ley al llevar a cabo las alegadas acciones.
Andreu Fuentes afirmó que la figura de secretario de Justicia “tiene plena autoridad para ver todos los expedientes criminales y procesamientos criminales que se den este país”, incluyendo los expedientes de un caso en el que esté involucrado un hijo o hija.
El licenciado también argumentó que, tratándose de la figura cuya función es procesar los casos criminales del país, que es la tercera en el orden de sucesión en caso de ausencia de gobernador y en contra quien cabe la posibilidad de atentado o ataque por venganza como resultado de algún caso criminal procesado, “ese funcionario tiene el derecho de seguridad propia para ella o él y para su familia”.
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“Entonces no tiene derecho un secretario de Justicia que se comete un delito contra su hija en preguntarle a los fiscales que lo investigaron y lo sometieron, después que lo investigan y que lo someten, ’explícame qué fue lo que lo que pasó a mi hija’. Tiene pleno a derecho a saber las motivaciones, subyacentes si alguna”, dijo.
Sin embargo, el fiscal Mendoza sostuvo en los planteamientos en contra de Vázquez Garced que su intervención en la reunión tuvo injerencia en la estrategia de litigación de los fiscales a cargo del caso de escalamiento en la casa de la hija de la secretaria. Tyrone Torres Betancourt fue condenado a 15 años de cárcel el 11 de abril de 2018. Pero esa sentencia, argumentó la defensa de Vázquez, pudo haber sido mucho mayor.
El licenciado Andreu Fuentes afirmó que “a Derecho, era un reincidente agravado, tiene que aumentarse la pena fija en un 50% adicional del delito cometido. Si hacemos el cálculo, lo habrían tenido que sentenciar a por los menos 35 años de cárcel”.
Por su parte, el licenciado Héctor Rivera Cruz, exsecetario de Justicia y autor de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, sostuvo que los fiscales a cargo de la investigación (Ramón Mendoza, Iris Meléndez y Guillermo Garau) no cumplieron con el debido proceso que establece dicha ley.
“Lo primero que el FEI tiene que hacer es establecer su jurisdicción y tiene que emitir la correspondiente notificación y eso se hace por resolución”, indicó Rivera Cruz, añadiendo que los fiscales cometieron fallas procesales tanto en la investigación preliminar como final.
Pero los fiscales que presentaron el caso reiteraron que “hubo un referido de la propia Olga Castellón (jefa de fiscales del DJ)”, que acompañó la querella de Nayda Betancourt, madre de Tyrone. La defensa había alegado que esa querella no estaba acompañada de una declaración jurada, pero los fiscales argumentaron que “ese requisito se puede subsanar con otras declaraciones que usted recupera” durante el proceso de investigación. Sostuvieron que se había incluido una declaración jurada de Nayda como parte de la prueba que había sido sometida al Tribunal.
Mendoza también denunció que la secretaria de Justicia alegadamente ordenó que la reunión de los fiscales se hiciera en su oficina en el Departamento de Justicia.
“La jefa de fiscales nos dice que cuando ella se comunicó con la secretaria de Justicia y le informó que se iba a dar esa reunión y que vendrían los fiscales con los expedientes, ella, secretaria de Justicia, le dijo, ’pues vamos a hacer esa reunión en mi oficina'”.
“Tenemos declaraciones juradas de esos fiscales que estuvieron allí (en la reunión) que dicen que no es cierto lo que dice la secretaria”, añadió Mendoza, sugiriendo que hubo alguna participación indebida por parte de la secretaria en la reunión de los fiscales sobre el caso de la hija de Vázquez Garced.
A pesar de los planteamientos presentados, la jueza Ramos Colón afirmó que tras analizar la prueba sometida por los fiscales, no encontró causa para arresto en ninguno de los cargos presentados.
