En México al menos 50 por ciento de la población está en riesgo de ser víctima de violencia de género, ya que no se destina el presupuesto necesario para materializar leyes y así llevar a cabo políticas públicas, programas y acciones que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia, advirtió, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante la conferencia ‘Los Derechos de las Mujeres en México: Agenda de la CNDH’, destacó que en el contexto internacional de protección a la mujer y como país que firmó la Convención Belém Do Pará, México se comprometió a reconocer el goce, ejercicio y protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Las instituciones del Estado mexicano deben de atender, como asunto prioritario y urgente, todas las expresiones de violencia contra las mujeres, porque significa una muy grave problemática de interés público que se reproduce en todas las esferas de la interacción social; que se manifiesta ominosamente en el espacio familiar, los centros educativos, en el ámbito laboral y en la comunidad”.
Dichas agresiones, agregó, se agravan por la indiferencia de los funcionarios de los tres niveles de gobierno, por lo que es necesario que todas las instituciones del Estado asuman con responsabilidad y de forma urgente atender, sancionar y erradicar la violencia de género, ya que se han detectado vacíos y omisiones que han obstaculizado este derecho.
“Destacan la no aplicación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, ni la incorporación de los plazos que prevé la Alerta de Violencia de Género en el cuerpo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en su Reglamento.
“Al inicio de un nuevo gobierno nacional, se deberán fortalecer y relanzar políticas públicas para la protección y promoción de derechos humanos, consolidar su enfoque integral y su aplicación transversal en todos los ámbitos del quehacer gubernamental, mejorar el acceso al Registro Nacional de Víctimas, al igual que los mecanismos de reparación del daño a víctimas; además de profundizar en la investigación, esclarecimiento y sanción de feminicidios y desaparición de mujeres”.
El defensor de derechos humanos destacó que los códigos penales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Tabasco no regulan el delito de acoso sexual.
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