La contralora, Yesmín Valdivieso admitió el lunes que las reuniones del Comité Anticorrupción serán incómodas, por lo que las mismas no se realizan desde el pasado mes de octubre.
Esto ante las controversias desatadas por la acusación por parte de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) contra la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez, por supuestamente intervenir en un caso de escalamiento en la casa de su hija y por la determinación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) de que no tiene jurisdicción para investigar una querella contra la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives.
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“Ahora tenemos que ver como volvemos a nuestras reuniones que antes era unas reuniones voluntarias porque queríamos reunirnos, porque teníamos un interés y yo creo que se sigue, de que se cumpla ley y hacer un gobierno más limpio. En los meses de noviembre y diciembres cancelamos las reuniones porque iba a ser algo incómodo… Espero que en enero comencemos de nuevo”, sostuvo al contralora en entrevista radial (Radio Isla).
Este grupo originalmente estuvo compuesto por la OEG, Zulma Rosario, Vázquez, Valdivieso, Cotto Vives y funcionarios federales. Recientemente se incluyó en el mismo al comisionado de la Policía, Henry Escalera.
Por otro lado, la funcionaria expresó su sorpresa ante la conclusión de la OEG de que no tiene jurisdicción sobre una querella contra Cotto Vives.
“Para serte bien sincera fue una sorpresa. No me esperaba esa conclusión de la Oficina de Ética. Puedo entender lo complicado de la situación al ser esto de que ella era contratista y también era presidenta del FEI pero por eso mismo fue que lo enviamos a Justicia y Justicia lo envió a la oficina de Ética que es la que debe tomar esta decisión y determinación”, dijo Valdivieso.
El viernes el subdirector de la OEG, Luis Pérez Vargas, dijo que luego de casi dos años de investigación, concluyeron que no tienen jurisdicción para determinar si Cotto Vives violó el estatuto al presidir el PFEI y a la misma vez ser contratista de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).
Según el funcionario, la investigación -descrita por él como como compleja- entendió que Cotto Vives no utilizó su posición como presidenta del PFEI para beneficiarse del contrato con ADSEF. Se concluyó además que quien tiene jurisdicción sobre los trabajos de Cotto Vives como contratista de ADSEF es la propia entidad que la contrató.
