Washington D.C. — El gobierno del presidente Donald Trump dio luz verde hoy martes a una medida que prohibirá de manera oficial el “bump stock”, accesorio que permite que armas semiautomáticas puedan disparar como armas automáticas, y hará ilegal la posesión de este automatizador de disparos a partir de marzo.
El disparador automático será prohibido conforme una ley federal que prohíbe las ametralladoras, de acuerdo con un funcionario del departamento de Justicia.
Los “bump stock” se convirtieron en tema de debate nacional sobre el control de armas después de que fueron usados en octubre del 2017, cuando un atacante abrió fuego desde su cuarto de hotel en Las Vegas, en un piso alto, hacia una muchedumbre de asistentes de un concierto de country al aire libre que se realizaba en el nivel de la calle, dejando 58 muertos y cientos de heridos. Fue la masacre con mayor número de víctimas en la historia moderna de Estados Unidos.
La regulación, firmada hoy martes por el secretario de Justicia interino, Matthew Whitaker, entrará en efecto 90 días después de que sea publicada en el Registro Federal, lo cual se prevé que ocurra el viernes, dijo el funcionario del departamento de Justicia.
El funcionario no estaba autorizado para hablar sobre el asunto de manera pública antes de la publicación formal de la norma y habló con la AP bajo anonimato.
En marzo, el presidente dijo que su gobierno “prohibiría” el accesorio porque “convierte armas legales en metralletas ilegales”.
Poco después de que Trump hizo la declaración, el departamento de Justicia anunció que había comenzado el proceso para enmendar las regulaciones federales sobre armas de fuego para calificar a los “bump stock” como “ametralladoras”. El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, conocida por sus siglas en inglés como ATF, recibió más de 35,000 cartas de opinión del público durante el período.
La enmienda revierte una decisión de la ATF del 2010 mediante la cual los automatizadores de disparos no eran considerados ametralladoras y no podían ser regulados a menos que el Congreso cambiara leyes existentes sobre armas o aprobara una nueva ley.
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