El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que la agencia federal conocida como Centros para Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) otorgó su aprobación al nuevo plan Vital y los cambios al modelo de prestación de servicios del plan de salud del Gobierno que sirve a 1.3 millones de puertorriqueños.
“Recibimos con mucha satisfacción la muestra de credibilidad y confianza que el Gobierno federal ha depositado en nuestro nuevo modelo de salud Vital. Vital pone en manos de nuestros pacientes el derecho a decidir cuál asegurador y cuáles proveedores de salud responden mejor a sus necesidades”, expresó el primer ejecutivo a través de un comunicado de prensa.
Bajo Vital, se eliminaron las ocho regiones, lo que obligaba a los pacientes a estar suscritos a un asegurador específico y a sus proveedores por razón de su residencia.
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Con la nueva cubierta, el paciente puede escoger entre cinco aseguradoras y sus proveedores de salud como médicos, laboratorios, terapistas y hospitales, entre otros. Además, cada asegurador tiene que tener una red de servicios en todo Puerto Rico para permitir mayor movilidad y opción a los pacientes.
Rosselló Nevares añadió que “los pacientes tienen hasta el 31 de enero de este año para solicitar cualquier cambio de asegurador y así poder usar otra red de proveedores. Al presente, sobre 450,000 pacientes han optado por cambiar de asegurador, lo que evidencia la importancia de ese derecho de selección otorgado y que antes no tenían en el Programa de Salud del Gobierno”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud (ASES) y secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, expresó que “esta aprobación demuestra el trabajo profesional y correcto que hemos realizado en beneficio de nuestros pacientes que hoy cuentan con sobre 5,000 proveedores en Vital”.
Mientras, la directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila, expresó que “estamos sumamente complacidos con la decisión de CMS en cuanto al plan Vital. La misma nos permite acceso inmediato a los fondos federales asignados por el Congreso de manera retroactiva al 1 de noviembre de 2018”.
Ávila añadió que “esta decisión, que nunca estuvo en duda, debe dar por terminada cualquier incertidumbre que algunos sectores trataron de levantar. Vital ha llegado para quedarse y para dar más derechos a nuestros pacientes”.
Ayer la licenciada Alba Rivera Torres, presidenta de la Coalición de Salubristas en Defensa de la Salud (COSADESA), denunció que “ASES no ha estandarizado las cubiertas, los procedimientos de laboratorio a ser cubiertos ni las tarifas a pagar (por las aseguradoras); aspectos que, en principio, ASES representó que se atenderían prioritariamente y por lo cual se justificaba imponer el nuevo modelo de salud VITAL”. COSADESA agrupa a más de una veintena de organizaciones de proveedores y pacientes.
ASES, por su parte, sostuvo que la aprobación de CMS se da luego de un proceso donde fue necesario evidenciar al ente federal el cumplimiento con las regulaciones vigentes.
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Los elementos de ese proceso de cumplimiento incluyeron la evaluación del estado de preparación de las entidades de manejo coordinado para cumplir con el nuevo modelo de prestación de servicios, la adecuación de las redes de proveedores contratadas por dichas entidades y la aprobación de los contratos con las aseguradoras con el gobierno, entre otros.
Ávila expresó su agradecimiento a los oficiales de CMS por su apoyo y el compromiso demostrado con Puerto Rico durante el proceso de aprobación de Vital y los cambios que trae para beneficio de los pacientes.
Recientemente, CMS también certificó mediante un informe al Congreso de los Estados Unidos el cumplimiento de Puerto Rico con las estipulaciones de la Ley federal de Presupuesto Bipartidista de 2018 (BBA, por sus siglas en inglés) relacionadas a la implementación exitosa del sistema de estadísticas de Medicaid (Transformed Medicaid Statistical Information System o T-MSIS) como parte del sistema MMIS y la Unidad de Control de Fraude de Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés).
Convertida en ley en febrero por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, el BBA permite acceder a $1,200 millones adicionales a los $3,600 millones en fondos adicionales de Medicaid asignados a la Isla para mitigar el impacto del huracán María.
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