La Organización de Estados Americanos resolvió desconocer la legitimidad del segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, asumido hoy por el mandatario en un acto ante el Tribunal Supremo de Justicia de ese país.
El Consejo Permanente de la OEA decidió “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019” tal como reza la resolución presentada por Colombia a nombre de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.
Venezuela, que en abril de 2017 inició un proceso de dos años para abandonar la organización, rechazó el texto.
El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, calificó la sesión de “acto hostil” porque tuvo lugar “contra la voluntad de nuestro país”.
El Consejo Permanente celebró su sesión extraordinaria mientras Maduro comenzaba su segundo sexenio consecutivo en Caracas.
La resolución, adoptada con 19 votos a favor, ocho abstenciones, seis en contra y un ausente, también urge a los 34 Estados miembros a adoptar “medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras” para “contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela”.
México, que la semana pasada se negó a respaldar la declaración del Grupo de Lima, se abstuvo.
El texto señala que solo a través de un diálogo nacional se podrán acordar las condiciones para celebrar nuevas elecciones presidenciales, pide al gobierno de Caracas la liberación inmediata de los presos políticos y que permia el ingreso de ayuda humanitaria.
La OEA adoptó la resolución seis días después de que el Grupo de Lima -integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía- instara a Maduro a que no asumiera su segundo mandato y transfiriera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones.
Estados Unidos y el Grupo de Lima consideran que los comicios de mayo en los que Maduro resultó reelecto no cumplieron los estándares mínimos de imparcialidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, advirtió la víspera que el nuevo mandato de Maduro profundiza el debilitamiento institucional en esa nación sudamericana.
Venezuela está sumida en una profunda crisis económica y social con una hiperinflación de siete dígitos y una fuerte recesión que se ha extendido por cuatro años consecutivos. Las dificultades económicas han desatado una masiva migración de venezolanos en la región que Naciones Unidas estima en unas 3.3 millones de personas.
