La Jefa de Fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón Miranda, y la fiscal de distrito interina de Fiscalía de Bayamón, Carmen Iris Ortiz, informaron que esta tarde se radicaron tres cargos contra Gabriel Hernández Jiménez por hechos ocurridos el 2 de enero pasado en una cooperativa localizada en Guaynabo.
De la investigación realizada por los fiscales Michele Colón García y Héctor Rivera, en conjunto con el agente Fernando Colón Trinidad, de la División de Homicidios del Negociado de la Policía de Puerto Rico en Bayamón, se desprende que Hernández Jiménez llegó uniformado a la cooperativa Caribe Federal Credit Union, localizada en la carretera 199 intersección con camino Alejandrino, en Guaynabo, poco después de las 9:00 a.m. preguntando por una empleada que se encontraba en su día libre. Mas se quedó en el lugar en actitud sospechosa, manipulando y sacando su arma de fuego y amenazó a dos empleados, por lo que personal gerencial de la cooperativa procedió a desalojar el lugar previo a que, a eso del mediodía, tomara a un empleado de mantenimiento como rehén por aproximadamente dos horas, según las denuncias.
De las mismas denuncias se desprende que Hernández Jiménez actuó de manera “ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas, con conocimiento, a propósito y con intención criminal”, cuando disparó su arma Glock en un lugar público, apuntó con el arma y amenazó a víctimas en el lugar y le restringió la libertad al empleado de mantenimiento, a quien le apuntaba el arma en la cabeza y se apuntaba a sí mismo, manifestándole que la vida “era como una ruleta rusa, que tú o yo y si se apagaban las luces, se apagaban vidas”.
Los cargos radicados fueron por violación al Artículo 177 por amenazar a un empleado de la cooperativa, un cargo por violar el Artículo 156 en dos de sus incisos por restricción a la libertad agravada por ser mediante intimidación y por éste ser un oficial del orden público, y violación al Artículo 5.15 de la Ley de Armas por apuntar un arma de fuego y dispararla dentro de la cooperativa.
La jueza Carmen L. Otero Ferreiras, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto en contra del uniformado y le impuso una fianza global $60,000, bajo supervisión electrónica y tratamiento médico.
La vista preliminar fue señalada para el 8 de febrero.
