El Senado aprobó hoy un paquete de medidas enfocadas en apoyar y defender a las mujeres víctimas de agresiones sexuales y hostigamiento sexual en todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al tiempo que procurará evaluar la efectividad de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
En lo que respecta a la UPR, la senadora Zoé Laboy Alvarado, denunció en la Resolución del Senado 919, que se le han acercado estudiantes de la UPR para exponer que han recibido acercamientos inadecuados por parte de profesores de varios recintos de la Universidad del Estado.
Estos tipos de actos sexuales -que han sido reportados por diversos medios noticiosos a los que se suman otros informados a la oficina de la senadora Laboy Alvarado- son contrario a la política contra el discrimen y hostigamiento sexual de la UPR, ya que dicho centro docente estableció por escrito que “no permitirá el hostigamiento sexual, independientemente de la jerarquía o posición de las personas que puedan estar involucradas”. A esto se suma que no se estarían velando las disposiciones legales de la ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo del 1988.
“Los delitos de agresión sexual y hostigamiento sexual son actos repudiables que atentan contra la dignidad y la integridad física de las víctimas. Una gran parte de las víctimas de estos delitos optan por no querellarse por temor a ser humilladas y que se tomen represalias en su contra. La UPR debe ser un centro de crecimiento académico y profesional que provea un ambiente seguro y de respeto para la comunidad estudiantil como el personal docente y no docente”, opinó la autora de la medida.
Por otra parte, se le dio paso a la Resolución del Senado 953 de Laboy Alvarado que ordena a investigar el alcance, la efectividad y necesidades de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
De acuerdo con la Guía para la Elaboración e Implantación del Plan de Acción Afirmativa 2018-2019, existen al menos 15 leyes que de una manera u otra inciden en las funciones y responsabilidades adjudicadas a la OPME, algunas de las cuales surgieron posterior a la creación de la Oficina.
“Les aseguro a las víctimas que vamos a estar visitando los recintos de la UPR para que tengan la oportunidad de dar el paso adelante y (hacer) las denuncias pertinentes…En el Senado de Puerto Rico tienen aliados y aliadas”, dijo la senadora Laboy Alvarado.
Por otra parte, la Cámara Alta aprobó la Resolución del Senado 576 para investigar la viabilidad y conveniencia de que Puerto Rico se una al conjunto de jurisdicciones de Estados Unidos que proponen legalizar y reglamentar las apuestas sobre eventos deportivos, incluyendo potenciales nuevos ingresos al fisco. Esto tras el Tribunal Supremo de la nación americana declarar inconstitucional la prohibición que existía por ley federal de que los estados permitiesen apuestas de eventos deportivos profesionales.
En Puerto Rico se han permitido las apuestas como medio para generar ingresos para servicios públicos. Entre las apuestas altamente reguladas por el Estado están los juegos de casino, apuestas en carreras de caballos y peleas de gallos. Sobre esta última, el presidente de Estados Unidos, Donald. J. Trump, firmó un proyecto de ley que declara que las mismas serán ilegales a partir del año próximo lo que provocó que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijera ante miles de galleros que llegaron al Capitolio que defenderán esta industria “cueste lo que cueste”.
En esta Resolución, el senador José Nadal Power, detalla que el diario The Washington Post reportó que los volúmenes de apuestas deportivas legales en el estado de Nevada ascienden a sobre $5 mil millones anualmente. “Se estima que al sumarse más jurisdicciones a la autorización de apuestas el mercado incrementará a más de $15 mil millones en volumen de apuestas a corto plazo. Expertos consultados por este diario estiman que el volumen de mercado de apuestas deportivas al margen de la ley en Estados Unidos puede ser de entre $50 mil y $150 mil millones”, reveló en la Exposición de Motivos de la medida.
Estas fueron algunas de las piezas legislativas aprobadas en la sesión de esta tarde.
Por otro lado, el Senado recibió una comunicación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en la que informan que designarán un “abogado investigador” para que realice una “investigación preliminar” sobre alegados actos delictivos cometidos por la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos Andújar y que fueron denunciaos por dos exfuncionarios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
El próximo día de sesión será el próximo lunes, 4 de febrero; a la 1:00 p.m.
