Como una manera de evitar que las personas lleguen a las cárceles y promover la rehabilitación, varios representantes presentaron una resolución para evaluar la posibilidad de dejar a discreción del juez que, en ciertos delitos, en vez de ingresar la persona a prisión se recurra a otro tipo de sanción.
“No hay ambiente en Puerto Rico de despenalizar ciertos delitos y ciertas acciones, por ejemplo, mañana aquí no van a despenalizar una onza de marihuana. Considero que debe haber un mecanismo alterno. Nosotros le llamamos justicia rehabilitadora, esto no es nuevo, se ha trabajado en un sinnúmero de lugares”, dijo a Metro el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández. De hecho, señaló que donde se han podido implementar modelos de justicia rehabilitadora, “han tenido que cerrar cárceles”.
Se trata de la resolución de la Cámara 1255, de la autoría de Hernández, Luis Narmito Ortiz Lugo y José Díaz Collazo, que persigue investigar la viabilidad de incorporar al ordenamiento jurídico de Puerto Rico la “justicia restaurativa” como un método alternativo de resolución de conflictos en la esfera penal. Esta, según los legisladores, busca analizar si en la isla se puede brindar una alternativa a los jueces para que, al momento de decidir sobre ciertos delitos, “tenga una alternativa de que a la persona no se le dé una pena carcelaria, sino que tenga una sanción administrativa y monetaria”.
“Lo que estamos es evaluando si se puede establecer un estatuto para que el juez pueda, en algunos casos, a pesar de que la norma sea una… el juez tiene discreción de dar una falta monetaria y cumplir con horas comunitarias, por ejemplo”, planteó Hernández. Con ello buscan brindar alternativas para evitar que ingrese la persona en la cárcel, que por dos años le costaría al Estado alrededor de $70 mil, además de la carga social que representa para un individuo afectar sus antecedentes penales.
Sostuvo que no solo se limita a delitos relacionados con marihuana, sino que, precisamente, como parte de la resolución persiguen evaluar cuáles delitos podrían aplicar para este modelo. Entre ellos, mencionó alteración a la paz, vandalismo y algunas apropiaciones ilegales.
“A lo mejor puede haber un proceso de comunidad, de rehabilitación y hacerlo un buen ciudadano y no traerlo rebelde después de dos años de prisión”, añadió por su parte Díaz Collazo.
