La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) denunció hoy el traslado de docentes a las nuevas escuelas chárter que funcionarán a partir de agosto.
De acuerdo con la FMPR, el Departamento de Educación circuló una comunicación con la firma la secretaria auxiliar, María M. Franco Fuentes, para establecer los procedimientos para que maestros del sistema público pasen a las escuelas Alianza que funcionarán bajo el modelo chárter.
La organización magisterial consideró esté como “otro paso dirigido a destruir la escuela pública para abrirle paso a empresas privadas que harán de la educación un negocio”.
“Del propio documento se desprende que cada empresa que adquiera la administración de las escuelas Alianza funcionará de acuerdo con las disposiciones que determinen cada una y no a las que establece el Departamento de Educación. La comunicación de la funcionaria señala que el personal contratado estará ’exento de las leyes y reglamentaciones que gobiernan los asuntos de personal del Departamento’ y que cada Entidad Educativa Certificada deberá establecer su propio sistema de personal”, indicó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR, en una conferencia de prensa.
Alertó a los maestros que acepten ser empleados por las empresas administradoras de las escuelas privatizadas que “se convertirán en empleados de estas y, si no se reintegran a sus plazas en un periodo de dos años, deberán renunciar al Departamento de Educación. Perderán sus permanencias y estarán sujetos a las determinaciones de sus nuevos patronos privados”.
El Departamento de Educación ha anunciado que su meta inicial es convertir en Alianza un 10 % de las escuelas del país.
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“El Departamento de Educación, como parte de su campaña mediática, insiste en presentar las escuelas Alianza como “escuelas públicas”. Esto es falso. La Ley 85 de supuesta Reforma Educativa dispone que las empresas que administren las escuelas chárter “tendrán autonomía sobre sus decisiones, incluyendo pero sin limitarse a, asuntos de finanzas, personal, calendario, currículo e instrucción”. Serán escuelas privadas para todos los efectos”, advirtió Martínez Padilla.
La Federación de Maestros sostuvo que “las escuelas Alianza no son buenas para los estudiantes. Abren la oportunidad de discriminar pues permiten establecer requisitos mínimos de admisión cuando el derecho a la educación es constitucional. La experiencia en los Estados Unidos es que no han representado una mejoría en el aprovechamiento de los estudiantes a pesar de que, contrario a la escuela pública, excluyen a los niños que presenten situaciones de disciplina, de grupos minoritarios y/o estudiantes con diversidad funcional. Permiten el discrimen, la matrícula muchas veces es por selección, se puede cobrar por servicio de comedor escolar y establecer otras limitaciones a las familias de bajos ingresos”.
“La propaganda para imponer las escuelas Alianza es que a ellas se les dará mayores recursos para ampliar el ofrecimiento a los estudiantes. Aún partiendo de lo incierto de esta promesa sería importante preguntar: ¿Por qué no se le ofrecen a las escuelas públicas los mismos recursos que pondrán en manos de los privatizadores?”, cuestionó la líder magisterial.
Señaló que “donde se han establecido, las escuelas chárter limitan los servicios de la población de educación especial que atienden y no brindan los servicios que requieren. El propósito es reducir los costos y elevar artificialmente los resultados académicos”.
“El Departamento de Educación ha tomado medidas para crear un mercado a las empresas que administrarán las escuelas chárter o Alianza por medio del cierre masivo de planteles y ahora, buscando transferir docentes y empleados a estas. Las escuelas Alianza eliminan la participación de las comunidades escolares en la formulación de las políticas de la escuela y le arrebatan a los padres, madres y encargados su injerencia en la educación de sus hijos”, expresó.
“Rechazamos la implementación del programa de vales educativos que no es otra cosa que desviar los fondos públicos destinados a la educación a empresas privadas. La medida está expresamente prohibida por la Constitución de Puerto Rico pero el gobernador parece confiado en que el Tribunal Supremo, con mayoría de su partido, le permita violentar el estatuto”, sostuvo Martínez Padilla.
La Federación hizo un llamado a las comunidades escolares a “establecer planes y desarrollar acciones para detener los objetivos privatizadores del gobierno”. Manifestó que “la imposición de las escuelas chárter es un golpe a la educación pública que debemos detener”.
