El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero anunció el jueves que se radicó una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para que obligue al Senado de Puerto Rico a proporcionar los balances de sus cuentas bancarias.
“La transparencia total y la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos son un pre- requisito para la buena gobernanza. Como contribuyentes, el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber exactamente qué fondos existen, dónde se mantienen y la naturaleza de esos fondos. La mejor rendición de cuentas y una completa transparencia son piedras angulares en la transformación fiscal de Puerto Rico”, dijo Carrión en declaraciones escritas.
Indicó que después de muchas solicitudes de estos datos financieros cruciales del Senado y la alegada negativa documentada de dicho organismo a proveer la información, la JCF radicó la demanda en un Procedimiento Adversativo en el caso del Título III del Gobierno de Puerto Rico.
“El balance de las cuentas bancarias del Senado es un elemento necesario de una investigación forense sobre la liquidez del Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades y entidades, liderada por un equipo independiente de análisis forense de Duff & Phelps LLC”, dijo Carrión.
“En aras de la transparencia, la intención de la Junta de Control es hacer un inventario completo de todas las cuentas bancarias del Gobierno y cualquier restricción legal documentada en las posiciones de efectivo. Una vez finalizado, el informe, que proporcionará una visión integral de la posición de caja del gobierno y sus instrumentalidades, se hará público por la Junta de Control Fiscal”, agregó.
Precisó que la información se solicitó de conformidad con la Sección 104(c) (2) de la Ley Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (“PROMESA”), que otorga a la JCF el derecho de acceder a cualquier información del gobierno. Alegó que la Junta envió más de ocho solicitudes oficiales, realizó varias llamadas y tuvo conversaciones informales con el Senado en su esfuerzo por obtener acceso a los balances de las cuentas.
Por su parte, Natalie Jaresko, directora ejecutiva del ente federal, señaló que con excepción del Senado de Puerto Rico, las 163 entidades públicas que recibieron solicitudes del balance de sus cuentas e información financiera respondieron y proporcionaron datos, incluidas la Cámara de Representantes y la Rama Judicial.
“La participación y la cooperación voluntaria del Gobierno de Puerto Rico no solo se esperaba, sino que era crucial para que este análisis forense fuera exitoso. Confiamos que el Tribunal estará de acuerdo en que lo mejor para el pueblo de Puerto Rico es que el Senado se una a las otras 163 entidades públicas en este ejercicio de transparencia y responsabilidad financiera”, dijo Jaresko.
La JCF espera que el Senado proporcione esta información crucial para avanzar con el análisis fiscal forense que es la base de la responsabilidad financiera de Puerto Rico.
