El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, le dijo hoy martes, al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que se aguante en manejar los fondos de Puerto Rico a su discreción, porque el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston concedió 90 días en su dictamen por lo que la JCF opera de forma regular.
“La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico toma su mandato de ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal con mucha seriedad. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito fue claro en su decisión del 15 de febrero de 2019 de que el trabajo de la Junta de Supervisión sobre la responsabilidad fiscal, la transparencia y los controles permanece ininterrumpido. La Junta de Supervisión continúa supervisando el desempeño financiero y presupuestario del Gobierno durante el año fiscal en curso y ha comenzado a trabajar con el Gobernador, su Administración y la Legislatura para preparar el presupuesto para el próximo año fiscal.
Como el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico sostuvo el 7 de agosto de 2018, “PROMESA da a la Junta de Supervisión entera discreción para determinar si los presupuestos propuestos son consistentes con los requisitos de PROMESA, y el poder exclusivo para certificar, y así poner en práctica los presupuestos, mientras la Junta está en función.
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“El presupuesto certificado por la Junta de Supervisión para el Gobierno de Puerto Rico, que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó como el presupuesto oficial del Gobierno de Puerto Rico, prohíbe explícitamente las reprogramaciones presupuestarias sin el consentimiento de la Junta de Supervisión. La Junta de Supervisión continuará aplicando este requisito, así como las numerosas otras resoluciones presupuestarias en el presupuesto certificado del Gobierno de Puerto Rico”, dijo Carrión, tercero en declaraciones escritas.
El pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revocó la decisión de la jueza Laura Taylor Swain sobre la constitucionalidad de la Ley PROMESA y le dio 90 días al presidente de los Estados Unidos Donald John Trump para resolver la controversia.
