La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, informó que el pasado 28 de febrero, un gran jurado federal emitió una acusación de tres cargos contra Héctor Sánchez Morales por secuestro, acogida de una extranjero ilegal y extorsión.
“El FBI está investigando activamente todos los casos de trata de personas o secuestros en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, independientemente de la condición migratoria de las víctimas”, dijo Douglas Leff, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan en comunicación escrita
Explicó que la acusación alega que el 3 de febrero, en el Distrito de Puerto Rico, Héctor Sánchez Morales confinó a una mujer adulta y en comisión de la infracción, utilizó un teléfono y vehículos, el 3 de febrero de 2019 una ciudadana de la República Dominicana, llegó a Rincón, Puerto Rico, en barco y entró en la isla de forma ilegal. Después el acusado Sánchez Morales supuestamente se acercó a ella y se ofreció a ayudarla si ella se iba con él. La mujer acordó y el acusado la llevó a su casa en Añasco. Después, Sánchez Morales supuestamente la violó dos veces.
Se informó que el acusado, supuestamente la mantuvo contra su voluntad hasta el día siguiente, cuando le dijo que tenía que salir por la noche, o de lo contrario la mataría. El acusado también exigió que llamara a sus amigos para que pudieran pagar dinero por su liberación. Más tarde esa noche, amigos de la mujer, llegaron al lugar convenido con el acusado, le pagaron 400 dólares y le lanzaron a la víctima a sus amigos.
Después de unos días de investigación, el FBI arrestó a Sánchez Morales.
Sánchez Morales también se enfrenta a un cargo por extorsión por solicitar y recibir dinero como rescate y la recompensa por la liberación de su víctima a quien había secuestrado.
El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Nicholas Cannon, director adjunto de Inmigración, delitos cibernéticos, y la explotación infantil. Si es declarado culpable, el acusado se enfrenta a cadena perpetua por el cargo de secuestro, de hasta 20 años para albergar a un extranjero, y hasta cinco años por extorsión.
