El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció esta tarde la radicación de un proyecto que brindaría una licencia especial de 15 días, sin salario, a personas en distintos contextos de violencia de género con el fin de que puedan buscar ayuda médica, legal, u otros servicios, sin el temor a perder el empleo.
“Todo patrono se va a ver obligado a reservar cualquier espacio de empleo y retornar al empleado a sus labores”, explicó el primer mandatario en conferencia de prensa.
Según la procuradora de la Mujer, Lersy Boria, la medida buscará garantizar que el patrono cumpla al imponer una multa de $10,000.
Johanne Vélez García, asesora de Fortaleza y miembro del Concilio de Mujeres, aseguró que “muchas mujeres se mantienen en patrones de maltrato porque son las que proveen en su hogar”, por lo que acudir en búsqueda de servicios podría poner en juego su trabajo. Aunque la medida no satisface esa necesidad económica, sí le daría espacio para que soliciten ayudas y servicios de orientación.
La propuesta crearía la “Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad grave”.
Ante la amplitud del títutlo, que no especifica si es dirigida para la víctima o sobreviviente y podría también beneficiar al agresor, Boria explicó que con ello se buscó que los familiares también puedan solicitar la licencia.
No se requerirá una querella para aprobar la herramienta, pero los solicitantes tendrán que demostrar a sus patronos que, en efecto, tomaron los días para buscar servicios de apoyo ya sea con certificaciones de los albergues, médicas u otras.
