La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, se desligó ayer de los hallazgos de la Oficina de Auditoría Interna (OIA) de la agencia, respecto a los procesos de contratación del Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics para la implementación del programa ¡Desarrollando Carácter! (segunda versión de programa Tus Valores Cuentan).
“Supervisar el proceso le corresponde a la Oficina de Asuntos Federales, supervisar los procesos de contratación”, afirmó Keleher en entrevista con Metro. “Hay personas en diferentes oficinas —Educación Especial, Asuntos Federales, Académicos—, que generan contratos. Yo no trabajo los detalles, yo superviso cuando la gerencia me trae un problema”, sostuvo.
La secretaria puso sobre la mesa tres nombres de personal del DE que, de acuerdo con sus expresiones, son los empleados con cocimiento directo de los detalles del proceso y contrato. El primer nombre que mencionó fue el de Félix Avilés Medina, quien, de hecho, aparece como una de las firmas en el contrato otorgado el 22 de diciembre de 2017, bajo el título de asistente de la secretaria en la Secretaría Auxiliar de Servicios Integrados para Estudiantes, Familias y Comunidad.
Keleher también pronunció el nombre de Laura Costa, abogada encargada de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales (SAAF) entre enero y agosto de 2017, aunque su nombramiento era uno de confianza, explicó la titular del DE.
Para esa misma fecha —principios de 2017— fue que la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, solicitó una reunión para presentar a Jorge Díaz, presidente de Camera Mundi, y la secretaria Keleher, y retomar el programa de Tus Valores Cuentan, que ya se había implementado en 2010. La OEG dijo en marzo del pasado año a Metro que, en esa reunión, la secretaria del DE mencionó que “podía buscar ayuda con fondos federales” para revivir el proyecto. Entonces, comenzó el desarrollo del plan de trabajo.
“Fue un interés en tener el programa de Desarrollando Carácter y se empezó a investigar cómo se podría traer un programa así”, dijo la secretaria, al tiempo que reconoció que solo se consideró a Josephson, debido a que había sido certificado como proveedor único. Cabe mencionar que la auditoría concluyó que la identificación del Instituto en cuestión como la única opción surgió ante el hecho de que el DE había elaborado un plan de trabajo a la medida de ese proveedor.
Cuando se le preguntó por qué se enmendaron partidas en el presupuesto para ajustarlas específicamente a la propuesta del Instituto, Keleher respondió: “Yo no trabajé el plan de trabajo”. Metro preguntó, entonces, quién había sido el responsable de elaborar el plan. “La Oficina de Asuntos Federales”, afirmó. La enmienda al presupuesto del Programa de Título I-A se realizó el 27 de julio de 2017 y redistribuía una partida de casi $5 millones, en beneficio de la propuesta que llegaría por parte de Josephson, incluso un mes antes de que esta fuera solicitada oficialmente por el DE.
Falta de transparencia, incumplimiento de requisitos para acceso a fondos federales, sobrefacturación, favoritismo y diferencias entre el contrato y el plan aprobado son algunas de las conclusiones a las que llegó la OAI respecto a la contratación de Josephson.
Faltan nombres
La secretaria no supo responder quiénes constituían el Comité de Evaluación de Planes de Trabajo (CEPTA) que se estableció de forma informal, en incumplimiento con el “Manual de procedimientos para proyectos a ser sufragados por fondos federales” a través de planes de trabajo y quiénes fueron las personas que no eran miembros de ese comité, pero que intervinieron en los procesos, incluso en la certificación de al menos una decisión.
El CEPTA inicialmente hizo ocho señalamientos al plan de trabajo, y luego de una segunda revisión, el comité recomendó el endoso de la Subsecretaría de Asuntos Académicos (SAA) y el plan fue remitido a la SAAF el 8 de junio de 2017, pero las deficiencias prevalecieron.
En la SAAF, el plan fue evaluado y aprobado de manera condicional por las Coordinadoras de los Programas Título II-A y Título I-A, el 21 y el 28 de junio de 2017, respectivamente. Es decir, a pesar de los señalamientos, el plan continuó su proceso y se utilizó con solo la mitad de los señalamientos corregidos.
Keleher tampoco pudo identificar al empleado que, finalmente, solicitó una propuesta de servicios a Josephson, emitida el 30 de agosto de 2017, según la auditoría. En ese mes, Costa salió del DE, aunque las razones no están claras. En su lugar, fue nombrada Yanin Dieppa, actual encargada de la SAAF. Al tratar de indagar sobre los procesos que se llevaron a cabo, la titular del DE argumentó que no podía responder las preguntas.
“Me estás haciendo preguntas que necesitas estar en un nivel por debajo de mí (en referencia a su posición como secretaria), con las personas que realmente trabajan en estos procesos”, dijo. Este medio solicitó, entonces, una entrevista con Dieppa, a cargo de la SAFF cuando se firmó el contrato con Josephson, pero aunque Keleher había manifestado que “nadie tiene problema” con ofrecer la entrevista y responder las interrogantes, más tarde Aniel Bigio, director de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del DE, sostuvo que “Dieppa no está disponible para entrevista”.
La titular del DE dijo que la nueva encargada de la SAAF “fue la responsable de identificar que hubo un problema”. La secretaria relató que a un mes de la firma del contrato, Dieppa le informó sobre preocupaciones con el contrato. La auditoría establece que la gerencia de la SAAF hizo el referido a la OAI. Keleher aseguró que ella misma les solicitó la auditoría.
“Yo fui la que pedí que se hiciera la auditoría”, afirmó. “Cuando se presentó el primer grupo de facturas y se vio que no todo hacía todo el sentido del mundo, hubo una preocupación”, aseguró.
El contrato con Josephson fue revelado por Metro en marzo de 2018 y, cuando salió a la luz pública, fue defendido por la propia secretaria. El referido a la OAI se realizó el mes siguiente. En mayo, el DE anunció entonces que no renovaría el contrato, que culminaba el 31 de ese mes, aunque en ese momento no se conocía sobre el referido a la OAI.
“Mi rol como secretaria es estar al tanto de lo que está pasando y cuando la gerencia me trae asuntos que les preocupa, pues yo tengo que tomar una decisión. Lo que me correspondía en aquel momento era hacer algo proactivo cuando me traen la duda o no hacer nada, y lo que hicimos fue investigar qué fue lo que pasó y cuáles eran las raíces de la preocupación”, argumentó.
Puedes leer la auditoría aquí:
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