A 48 horas de haber recibido la medida con las enmiendas del Senado y sin hacer vistas públicas, la Cámara de Representantes aprobó ayer a viva voz el proyecto que establece restricciones al aborto.
El Proyecto 950, de la autoría de la senadora Nayda Venegas Brown, establecía inicialmente que solo un ginecólogo podía ejecutar este tipo de intervención, establecía un período de 48 horas antes de realizar el aborto para que la mujer “pudiera analizar” si realmente quería abortar, y prohibía la terminación del embarazo después de las 20 semanas. Sin embargo, el Senado lo enmendó y todas esas disposiciones quedaron afuera.
PUBLICIDAD
Esta vez, la discusión se concentró en la disposición que establece que una menor de 18 años requiere el permiso de sus padres o la autorización de un tribunal para poder abortar.
“El consentimiento de los padres es esencial en este proyecto. Es imposible que una menor vaya por ahí a una clínica a hacerse un aborto sin que nosotras las madres y los padres sepamos siquiera que nuestras hijas están embarazadas”, dijo la representante novoprogresista Jacqueline “Jackie” Rodríguez Hernández.
Por otra parte, el representante independiente Manuel Natal Albelo citó estudios de 2005 que concluyen que, en caso de menores víctimas de violación, alrededor de un 73 % son agredidas por familiares. En los casos en que se produzca un embarazo, la medida acabaría obligando a este sector a pedirle permiso a su agresor para poder abortar.
“Hay algo cínico y algo contradictorio en que los mismos que hoy limitan ese derecho y que te fuerzan a traer a esa criatura al mundo, aunque tú no estés lista ni estés en las condiciones de darle a ese niño las mejores condiciones (también se opongan a proveer) una educación sexual que pongan a la mujer en posición para decidir sobre sus derechos reproductivos”, argumentó Natal Albelo.
“Tráelo al mundo, pero después resuelve tú, que no tiene nada que ver conmigo”, ilustró sobre la posición de quienes votaron a favor.
PUBLICIDAD
La Cámara lo aprobó sin enmienda, por lo que pasa directamente a la firma del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El primer mandatario ya había expresado que no daría paso a ningún proyecto que limite “el derecho reconocido de una mujer a abortar”.
“Estaré evaluando (las enmiendas del Senado) con detenimiento, pero adelanto que cualquier legislación que pretenda regular el aborto en Puerto Rico deberá cumplir con el ordenamiento federal”, publicó poco después de que lo aprobara la Cámara Alta.
Reparos con el proceso
El representante Ángel Matos García aprovechó su turno para atacar el modo en que se procesó el proyecto, sin vistas públicas y “con 48 horas procesales” para atender lo que el Senado vio en cerca de un año.
También aludió a que tanto el Departamento de Salud como el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) habían manifestado objeciones con la medida, y no hubo discusión sobre ello.
De hecho, sobre el tema de la edad, los expertos del RCM habían planteado que “crea el enorme potencial de aumentar la tasa de abortos clandestinos e ilegales en este país”, por lo que representa una amenaza al acceso de manejo médico adecuado y a la salud pública.
Sin embargo, para el representante Eddie Charbonier Chinea, el proyecto es uno de “salubridad”, de acuerdo con la política pública del Gobierno.
Sobre el proceso, argumentó que “el expediente está claro y es una discreción de cada presidente de comisión” decidir si lleva a cabo vistas públicas. Eso es parte del proceso legislativo.
La directora ejecutiva del Proyecto Matria, Amárilis Jiménez, aclaró en sus redes que el “consentimiento informado” es parte de los procedimientos en las clínicas de aborto y que su inclusión en la medida es excusa “para meter sus creencias en los cuerpos de las mujeres”.
