La Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, Inc., (ASPPR) advirtió hoy al Congreso de los Estados Unidos que cientos de miles de ciudadanos de la Isla quedarían sin servicios de salud a menos de que se aprueben fondos federales para extender sus beneficios.
“A partir del 30 de septiembre de 2019, Puerto Rico enfrentará una crisis de fondos, dejando más de 500 mil residentes de los Estados Unidos que viven en Puerto Rico a riesgo de perder su cobertura del cuidado de su salud”, expresó la presidenta electa de la entidad, Gloria del C. Amador Fernández.
Sus pronunciamientos se produjeron durante una mesa redonda convocada esta mañana en la Biblioteca Carnegie de Puerta de Tierra ante el congresista Raúl M. Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales y Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y varios otros legisladores de la Capital Federal.
La deponente expuso ante el importante congresista que la inacción del Gobierno Federal representaría una reducción de los fondos del Programa Medicaid, por lo que le urgió la aprobación de una asignación de $1.62 mil millones para la Isla.
“Los ciudadanos de Puerto Rico están amenazados por un sistema de salud de segunda clase que está al borde del colapso debido al tratamiento desigual de la Isla en cuanto a los fondos del Medicaid”, enfatizó Amador Fernández.
“Esto, a pesar de que el Gobierno Federal le impone las mismas responsabilidades y otras obligaciones que a cualquier Estado de la Unión”, añadió.
La deponente destacó que dicha reducción acercaría al sistema de salud puertorriqueño a un precipicio fiscal que obligaría a los Centros de Salud Comunitarios (Centros 330) a recibir un número de pacientes sin planes médicos o cubiertas limitadas, poniendo en riesgo su sustentabilidad económica, al no poder recobrar por los servicios que prestarían.
La ASPPR representa 20 Centros de Salud Comunitarios (CHC, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico y más de 3,485 profesionales de salud vitales para el sistema de salud de Puerto Rico y certificados por el Gobierno Federal para atender los 3.5 millones de residentes de la Isla.
Esas 20 organizaciones sin fines de lucro operan 96 centros de salud comunitarios en 59 municipios en ares designadas por el gobierno federal como áreas no servidas medicamente (Medically Underserved (MUA, por sus siglas en inglés) y Health Professional Shortage Areas (HPSA, por sus siglas en inglés) donde hay escasez de profesionales para atender, sin considerar su habilidad de pago, la mortalidad infantil,los envejecientes y las poblaciones desventajadas; mediante programas dirigidos a personas de escasos recursos para su salud preventiva, principalmente sin cubierta médica o con cubiertas insuficientes.
Amador Fernández, quien también funge como directora ejecutiva de Salud Integral en la Montaña (SIM), destacó que el nivel de pobreza de la Isla alcanza el 42%, lo que representa sobre un tercio de la población de Puerto Rico.
La condecorada perita calificó de injusto el trato que se le otorga a la Isla al limitar a $375 millones anuales la asignación otorgada a Puerto Rico por los límites impuestos por el Congreso de los Estados Unidos en comparación a los 50 estados de la Unión o al Distrito Federal de Washington, mientras Puerto Rico mantiene el nivel más bajo de ingreso per cápita.
Explicó que la situación perjudica a los beneficiarios puertorriqueños del Programa Medicaid para acceder a sus médicos especialistas, obtener referidos, adquirir recertificaciones y obstaculizan nuevos pacientes por la imposición de nuevas restricciones.
La también administradora de servicios de salud, recomendó al Comité de Recursos Naturales “una solución permanente a la asignación de fondos en el área de salud a Puerto Rico, toda vez, se evite el colapso fiscal, se pueda garantizar la continuación de los servicios a los beneficiarios de Medicaid que residen en Puerto Rico, asegura los fondos para la contratación de las aseguradoras para el nuevo año fiscal 2020 y la retención de la clase médica y profesionales de salud en la Isla”.
